Los comuneros de la nacionalidad Awá llegaron este lunes 21 de enero del 2021 a Esmeraldas para pedir ayuda a la Defensoría del Pueblo para que se cumpla la sentencia de remediación de sus esteros contaminados. Foto: Marcel Bonilla / EL COMERCIO
Los habitantes de la zona La Chiquita y Guadalito, en el cantón San Lorenzo, piden la remediación de los esteros, que están contaminados. Esa reparación se debió cumplir hace cuatro años, en 2017, cuando la Corte de Justicia de Esmeraldas dictó la sentencia, en el proceso por daño ambiental N° 08100-2010-0485.
350 familias afro y Awá, que habitan en esos territorios, denunciaron ante el Ministerio del Ambiente que por la contaminación de sus fuentes de agua mueren los peces y tampoco pueden usar el agua en su vida cotidiana. Este problema comenzó en el 2002.
Según los comuneros, dos empresas expulsan los sedimentos industriales que han provocado la muerte de peces de unas 10 especies (mojarras, barbudos, sabaletas, guañas), así como el camarón de río, parte de alimentación diaria de los comuneros.
Los habitantes aseguran que no pueden usar el agua del río para riego, beber, cocinar o bañarse; por eso el Municipio de San Lorenzo les lleva el líquido en tanqueros todas las semanas para prevenir enfermedades por beber agua contaminada.
Exequiel Valencia, dirigente de la comunidad La Chiquita y Guadalito, manifiesta que antes de presentar la demanda se realizaron estudios sobre la calidad del agua y los peces. Se identificaron elementos químicos usados en el proceso de industrialización.
Uno de los esteros contaminados cruza por la reserva de bosque La Chiquita, con un área de más de 800 hectáreas, bajo el cuidado del Ministerio del Ambiente. “Hemos pedido a las autoridades del Ministerio del Ambiente que lleguen hasta el sector para que constaten la contaminación”, señala Valencia.
Para buscar ayuda, una comisión de 15 comuneros llegó este lunes 11 de enero del 2021 hasta la Defensoría del Pueblo de Esmeraldas para que haga cumplir a las empresas la sentencia.
La acción legal fue interpuesta por Aída Canticuz, José Pascal, Domingo Mairongo, Gilberto Nastacuaz, entre otros, ante la Corte de Justicia de Esmeraldas, que ordenó remediar los daños causados.
Entre las resoluciones de la Corte está la prohibición de utilizar productos químicos nocivos y se ordenó que las empresas demandadas sembraran plantas para la creación de una zona de amortiguamiento con especies endémicas como la caña guadúa, de no menos de ocho metros, desde la ribera de los ríos, en un plazo de 36 meses.
Además, que utilicen un sistema de tratamiento de agua en el proceso de producción industrial y que provean agua potable a las comunidades, mediante el servicio de tanqueros hasta que se construya un sistema de agua, pero nada se ha cumplido, cuatro años después de la sentencia.
Uno de los comuneros asegura que solo comprando agua en galones, botellones y tanqueros para la actividad agrícola y consumo de su familia ha gastado USD 20 000 en un año.
Las 91 familias (350 personas) de la comunidad Awá han presentado problemas de salud por la ingesta de agua presumiblemente contaminada, según Olindo Nastacuaz, coordinador de la Gran Familia Awá.
El defensor del Pueblo, Álex Estupiñán, señaló que llamarán a los representantes del Ministerio del Ambiente y de las dos empresas, para que expliquen qué ha pasado con la remediación.