22 de enero de 2020 00:00

Dos escenarios para el Gobierno tras el informe de la CIDH

El presidente Lenín Moreno en la reunión con la dirigencia indígena, en octubre pasado. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El presidente Lenín Moreno en la reunión con la dirigencia indígena, en octubre pasado. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Daniel Romero Redactor (I)
politica@elcomercio.com

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La Cancillería ecuatoriana aún trabaja en la respuesta que enviará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el informe que se emitió respecto a los hechos ocurridos durante el paro de octubre del 2019.

Este martes 21 de enero del 2020, el vicepresidente Otto Sonnenholzner se refirió a esa respuesta y señaló que la réplica se hará “como se debe”. El Segundo Mandatario dijo que “los ecuatorianos saben lo que realmente pasó en octubre y lo justo es que se sepa la verdad”.

Después del informe de la CIDH se le plantea al Estado al menos dos escenarios posteriores. El primero es el inicio de demandas de los afectados por la vulneración de derechos en cortes internacionales. El segundo tiene que ver con el cumplimiento de las 11 recomendaciones emitidas.

El presidente Lenín Moreno emitió un mensaje al país la noche del lunes pasado. Se refirió en duros términos a la posibilidad de una demanda internacional por parte de la Conaie respecto del uso excesivo de la fuerza en las protestas.

La respuesta que envíe el Gobierno ecuatoriano a la CIDH no cambiará el informe, según el constitucionalista Emilio Suárez. “Es un documento definitivo. A partir de ese informe se pueden generar distintas acciones por parte de las personas que sienten vulnerados sus derechos”.

En esa visión coincide Juan Pablo Albán, profesor universitario de Derecho Internacional. Lo que sí puede ocurrir, dijo Albán, es que la CIDH sea más minuciosa en el seguimiento a las recomendaciones debido al pronunciamiento en contra del documento.

La Conaie quiere recurrir a instancias internacionales. Con esa finalidad se creó la Asociación Inocencio Tucumbi, en diciembre pasado. Jaime Vargas, presidente de la Conaie, ha señalado que esa organización prepara la demanda y uno de los argumentos que podrían presentar es el uso excesivo de la fuerza.

Sin embargo, el proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos no funciona así. Suárez explicó que uno de los criterios del Sistema Interamericano es que los afectados deben agotar los recursos legales en el país. “Después de las instancias ecuatorianas, si no se sienten reparados pueden recurrir a la CIDH que emitirá un informe con el que se podría activar un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo.

Durante el 2019 hubo 32 casos que llegaron a la Corte Interamericana, informó Paulo Abrao, secretario Ejecutivo de la CIDH, el pasado 2 de enero. De esas causas seis corresponden al Ecuador.

Respecto al segundo escenario, sobre el cumplimiento de las recomendaciones, Suárez señaló que el informe no es vinculante para el Estado ecuatoriano. Sin embargo, al ser el Ecuador parte del Sistema Interamericano, se compromete a cumplir con las resoluciones de esa entidad.

El canciller, José Valencia, anunció el jueves pasado que se evalúan las sugerencias. “Son recomendaciones generales. Estamos listos para atender aquellas que son factibles de implementar. También en caso de que creamos que es necesario que la CIDH abunde en alguna, lo haremos”, indicó.

En los hechos ocurridos en el paro de octubre, la CIDH también actuó en lo relacionado al otorgamiento de medidas cautelares. Lo hizo a favor de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el dirigente de la denominada Revolución Ciudadana Virgilio Hernández y de Christian González.

Los tres enfrentan un proceso por el supuesto delito de rebelión sin agravantes. Fueron detenidos en medio del paro de octubre bajo la figura de la prisión preventiva.

Al caso Pabón se suma el de Jorge Glas, a quien también la CIDH le concedió medidas cautelares. Durante el 2019, ese organismo internacional emitió solo esas dos resoluciones de ese tipo para causas en el Ecuador.

En el marco de las protestas sociales que se vivieron desde octubre pasado en Chile, Colombia y Bolivia, las medidas cautelares a favor de Pabón, Hernández y González fueron las primeras emitidas por la Comisión Interamericana.

Por su parte, la secretaria Nacional de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, señaló ayer que todos los actos de violencia en contra de bienes del Estado serán investigados. Añadió que el “Estado tiene que velar por cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas”.

La disputa por lo que pasó en el paro evidencia el fracaso del diálogo. En cadena del lunes, Moreno dijo que la dirigencia indígena permaneció en la mesa hasta que se apagaron las cámaras.

“Parece que quieren que olvidemos los hechos de esos días en los que la violencia fue uno de los protagonistas”, dijo el presidente Moreno.

Por su parte, la Conaie respondió que “el Estado debe asumir su responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza contra miles personas, por los fallecidos, mutilados y detenidos y perseguidos”.

Para Albán, el informe de la CIDH no ha dado la razón ni al Estado ni a la Conaie. El experto aseguró que allí establece que se garantiza el derecho a la protesta si es pacífico.

En contexto

El martes 14 de enero del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe tras la visita que hizo al Ecuador después de los hechos de octubre del 2020. Emitió conclusiones entre las que se cuenta el uso excesivo de la fuerza.

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