Redacción Sociedad
En medio de gritos y pifias entre profesores fiscales de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y maestros simpatizantes de Alianza País, ayer se realizó en la Asamblea el primer debate de la nueva Ley Orgánica de Educación General, que reemplazará a la que rige desde 1983.
La UNE (controlada por el MPD) ratificó su rechazo a que el docente sea tratado como un servidor público. “Nos oponemos rotundamente a que la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio sea eliminada”, subrayó Mery Zamora, presidenta nacional de la UNE.
La dirigente participó de la discusión en la Asamblea, al ser titularizada en reemplazo de Jorge Escala. Ella contó con el apoyo de Galo Vaca, de Acuerdo por la Descentralización y Equidad (ADE), quien dijo que los cuatro maestros que integran su bloque comparten la idea de que la Ley de Carrera y Escalafón no desaparezca.
Así, la propuesta del MPD es que el capítulo quinto, que habla del Escalafón, en el informe de la propuesta de Ley Orgánica de Educación, sea incorporado a un proyecto de reformas de la Ley de Carrera y Escalafón Docente, reformada en 1990.
El escalafón con 10 categorías es uno de los puntos centrales de pugna. El Gobierno, a través del Ministerio de Educación, planteaba la eliminación de las 10 categorías oficiales y las 21 adicionales, según la antigüedad. Esto porque da lugar a la existencia de 22 850 tipos distintos de sueldos.
El Ministerio proponía que existan cuatro categorías, luego se acordó que sean 10, en las cuales se mejora el salario del maestro que ingresa a la carrera docente y pesan los méritos, más que los años. Pero a decir de la UNE, perjudica a quienes tienen varios años en ella y pide respeto a la antigüedad. Xavier Tomalá, ex rector de la Universidad Estatal Península de
Santa Elena y asambleísta de Alianza País (AP), criticó el poco interés de los asambleístas en este debate.
Sus compañeros de bancada, María Paula Romo, Paco Velasco y Rosana Alvarado, no asistieron. Lourdes Tibán, de Pachakutik, llegó luego de iniciada la sesión acompañada de su pequeño hijo. Dalo Bucaram, del PRE, llegó sin su esposa y colega, Gabriela Pazmiño, también atrasado. La discusión de esta nueva ley empezó con 95 asambleístas presentes.
Salomón Fadul, del PSC, resaltó que se han reivindicado aspectos como la autonomía del Instituto Nacional de Evaluación, también la descentralización de la gestión de cada plantel, a través de la disolución de la Dinse.
Francisco Cisneros, de Sociedad Patriótica (PSP), denunció las “intenciones de trabajar en un Proyecto de inducción política e ideológica, como se hace en Cuba y Venezuela. No permitiremos que nos obliguen a tener un pensamiento único”, apuntó.
Pero César Rodríguez, de AP, y presidente de la comisión Ocasional Especializada en Educación, que trabajó en el informe, dijo: “Eso no tiene nada que ver con lo que dice el documento. Son construcciones fantasmagóricas”.
Sin embargo, Gioconda Saltos, de PSP, se refirió al art. 106, literal b, que señala que para ascender “en los dos primeros años, el profesional deberá participar en un programa de inducción”. “Debiera ser algo técnico y psicopedagógico, que habilite en el desempeño, pero la propuesta se encamina a la ideologización”.
Mao Moreno, de AP, presentó una nueva propuesta del bloque, que busca ser un as ante la posición del MPD-UNE, que aduce que el nuevo escalafón disminuiría el sueldo de los docentes por el descuento del 100% para la aportación al Seguro Social.
AP propone que en 90 días el Ministerio ejecute la homologación salarial, para que en ningún caso los docentes ganen un salario mensual neto menor al que recibían en el período fiscal anterior. Los profesores perjudicados por el descuento ascenderían a la categoría inmediata superior.
El Contrato Social por la Educación, que presentó uno de los tres proyectos de Ley, además del Ministerio y de la UNE, considera que otro punto es crucial en el debate. Se trata del Consejo Nacional Electoral, que pide sea un organismo con decisiones vinculantes y no de carácter consultivo.
Cuatro de las reformas a la Ley de Educación
En el art. 137 se habla del financiamiento de los planteles fiscales. Dice que los fondos del Presupuesto del Estado se transferirán a las unidades ejecutoras de los circuitos educativos, y que los incrementos anuales para el sector serán del 0,5% del PIB hasta alcanzar el 6%.
En el art. 110 se dice que la jornada laboral será de 40 horas semanales, seis diarias de trabajo pedagógico en el aula, de lunes a viernes, y 10 horas semanales, para capacitación, coordinación con los padres, actividades de recuperación pedagógica.
En el art. 119 se indica que los profesores de planteles particulares deberán someterse a las pruebas establecidas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Un maestro de 5ta categoría que hoy gana USD 330, con la propuesta percibirá 612 si es graduado de un instituto pedagógico, y si tiene título universitario, 741.