10 de mayo de 2019 00:00

Ernesto Pazmiño: ‘Sé que hay muchas más armas dentro de las cárceles’

Entrevista al director de rehabilitación Ernesto Pazmiño . Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Geovanny Tipanluisa

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En enero de este año, como ministro de Justicia usted dijo que la rehabilitación en las cárceles fue un fracaso. En su administración, como director de Rehabilitación, la violencia extrema continúa.

Sí. Se mantienen los problemas estructurales, pero se han hecho pequeños cambios. Por ejemplo, en estos dos meses hemos contratado profesionales con el perfil para la rehabilitación. Hemos contratado unos 40 psicólogos, trabajadores sociales, especialistas en educación y otros.

Pero, ¿qué hacer con la violencia? El martes asesinaron a un preso en la cárcel regional de Cotopaxi. En febrero ocurrió igual.
La violencia tiene como consecuencia esencial el fracaso del proceso de rehabilitación. Esto también se genera por la presencia de mafias al interior de las cárceles. Entonces, este modelo estructural tiene que cambiar, pero ese cambio no se puede hacer en uno o dos meses. Hemos trabajado todo este tiempo en la propuesta del nuevo modelo de gestión y eso implica invertir recursos económicos.

¿Se refiere a la emergencia carcelaria nacional?

Sobre la emergencia, hasta ahora hemos conversado con los Ministerios del Interior, de Finanzas, Defensa, Secretaría Jurídica de la Presidencia. Hoy (ayer), por ejemplo, tengo reunión con el Defensor del Pueblo, para que vigile que en la emergencia no haya torturas. El martes de la próxima semana tenemos la última reunión con ellos y finiquitaremos qué hacer inmediatamente y qué hacer después.

Entonces, ¿cuándo se declarará la emergencia?
Creo que puede estar el jueves de la próxima semana, pues esa declaratoria simplemente la decido yo.

¿No se han demorado mucho? Hay asesinatos en Cotopaxi, hay protestas en el centro de menores infractores de Quito, hay hacinamiento.
La transformación del Ministerio de Justicia complicó los tiempos. Esa entidad recién deja de existir el 14 de febrero y se crea el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Por lo tanto, estamos dos meses en el cargo.

¿A usted le preocupa saber que los guías penitenciarios no pueden hacer nada cuando un detenido asesina a otro a puñaladas?
Los guías sí pueden actuar.

Retroceden o corren cuando ven los ataques.
Bueno, la situación de los guías es sacrificada. Lamentablemente las leyes impiden que ellos porten armas letales.

Pero tampoco tienen chalecos antibalas, pistolas eléctricas, toletes.
Sí, no todos lo tienen. ¿Qué vamos a hacer? El equipamiento se comprará inmediatamente. Estamos valorando qué tipo de equipos necesitan los agentes penitenciarios y cuánto cuestan los de última tecnología. Vimos en Latacunga, cómo un guía dispara la pistola eléctrica, pero no hace efecto, porque estaba a 3 metros. Entonces, vamos a adquirir armas más modernas, con mejor tecnología. Compraremos más esposas, más escudos, más chalecos.

¿Cuándo van a comprar?
Con la emergencia. Pero para eso necesito saber cuántos chalecos, cuánto gas pimienta, cuántas pistolas eléctricas necesito. Necesito saber cuánto me va a costar eso.

¿No tienen esos datos?
Estamos trabajando.

¿Cuánto dinero necesitan para la emergencia?
Para iniciar, necesitaremos USD 25 millones.

¿Hay ese dinero?
Hay la voluntad política del Presidente de otorgarnos los recursos que necesitemos.

Mientras se ejecuta la emergencia, ¿qué harán en este momento para evitar que siga la violencia?
Este rato está trabajando la Policía en temas de investigación y de Inteligencia. No hemos descuidado el tema de la seguridad, para evitar que haya más muertes. Lamentablemente las cárceles hacinadas, las bandas que existen al interior generan este ambiente.

¿Han identificado a las bandas en las cárceles?
Sí. Hay dos bandas: Los Choneros y Los Cubanos.

¿Esos grupos manejan las cárceles del país?
Definitivamente. Ellos tienen el control, muchas veces de las cárceles, porque reclutan a los presos.

¿Por qué no desarticulan si saben que están ahí?
Eso es lo que vamos a hacer en la emergencia. Se está haciendo Inteligencia, pero para eso se necesita un decreto de emergencia.

¿Qué tipo de armas hay dentro de las cárceles?
Fusiles. Tengo noticias de Inteligencia de que hay muchas más armas al interior de las cárceles. No se sabe en qué lugar están. Seguramente las tienen bien escondidas, bajo suelo. Pero la emergencia nos permitirá tener un trabajo mucho más coordinado con la Policía. Con la emergencia, la Policía ya puede ingresar a las cárceles para hacer requisas de armas y eliminar a las bandas que operan allí.

¿Cuánto tiempo durará la emergencia?
Como dice la Ley, 60 días. Y puede ser renovada por 30. Vamos a pedir que en este tiempo el Ejército nos ayude en el control de armas en la parte externa de las cárceles. Tendremos una reunión con ellos. Necesitamos saber cuántos estarán, saber la logística, saber cuánto costará eso.

El hacinamiento también recrudeció. ¿Qué pasó?
Los jueces siguen dictando prisión preventiva en delitos muy pequeños. Además, no se ha hecho aún la separación de procesados y sentenciados que nos obliga la Constitución y la Ley. En el CDP de Quito tengo un 60% de personas condenadas y que no pueden estar ahí. Eso no puede pasar.

¿Eso sucede en otros centros penitenciarios?
En la mayoría de cárceles. En general, el hacinamiento creció totalmente. Se dispara a raíz del 2014, con la aprobación del COIP y con la reforma a la tabla de drogas. Hay más personas detenidas con menos cantidades de narcóticos y con penas más elevadas.

Usted propone volver a la Ley del 2x1 para liberar a presos y solucionar el hacinamiento. ¿Es así?
Yo voy a presentar una reforma al COIP incorporando la rebaja de penas por méritos; no es el 2X1. Que esta rebaja se aplique cuando el procesado cumple algunas condiciones, como el estudio, por ejemplo.

Su trayectoria. Fue Defensor Público, Ministro de Justicia y ahora es Director de Rehabilitación.

Su idea. El funcionario sostiene que en este momento, las cárceles que operan en el país tienen el mismo proveedor de alimentación que ha trabajado durante siete años, pero solo con convenios de pago, “porque ya se acabó el contrato”.

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