11 de marzo de 2019 00:00

María del Carmen Maldonado: ‘Evaluación a la Corte tiene base legal’

María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.

María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.

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Geovanny Tipanluisa
Editor (I)

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¿Cómo encontró a la Judicatura luego de los 10 años del correísmo y de una etapa de transición?

Hemos recibido una institución que viene de varios procesos de cambio y de transición. Indudablemente eso afecta a la estabilidad institucional y a la consecución de objetivos, pues se presentan obstáculos y demoras.

En la práctica, ¿cómo se plasma aquello?

Por ejemplo, encontramos al menos 500 expedientes administrativos en contra de funcionarios judiciales. Hay unos que están por prescribir y no se tramitaron. Eso es lo que más tiempo nos ha tomado en las sesiones del Pleno.

¿No se despacharon en la Judicatura transitoria ni en la anterior a esa?


En los dos períodos.

¿Qué más encontraron?

Nos encontramos con que el 80% del personal está con nombramientos provisionales y contratos. No tenemos nombramientos definitivos En provincias nos hemos topado con funcionarios casi sin funciones, especialmente en Control Disciplinario. No se han abierto expedientes administrativos pese a las quejas, y estas han sido inadmitidas porque supuestamente no reúnen los requisitos.

¿Hay exceso de personal en la Judicatura?


Sí. Es una estructura orgánica demasiado grande, compuesta por direcciones, subdirecciones y jefaturas. Ventajosamente, podemos eximirnos de contratar y llenar algunas de esas innumerables jefaturas y subdirecciones con la idea de optimizar el personal, y en ese proceso estamos.

¿Es personal que ingresó con el correísmo?

Hay gente que está laborando en la Judicatura desde el transitorio (de Correa). Esto ha causado un engrosamiento del personal que no debe haber en la Judicatura.

¿La independencia judicial debe comenzar por depurar a ese personal?

Sí. Nosotros hemos removido a gran parte del personal y he aceptado las renuncias a unos 25 funcionarios de libre nombramiento. Actualmente estamos en una selección muy rigurosa.

¿Después pasarán a la Corte Nacional? ¿Cómo está la evaluación?

Ha sido un buen inicio. La evaluación es un mandato constitucional y legal.
Pero ha sido criticada por los jueces nacionales.

El reglamento está absolutamente ajustado a la Constitución y a la Ley. La evaluación tiene plena base legal y constitucional.

En esa línea de independencia, el día de su posesión usted aclaró que no es correísta. ¿Por qué?

Fue en el contexto de las preguntas que se habían suscitado en ese momento. Hemos venido desempeñando un papel absolutamente transparente. En 30 días hemos hecho lo que no se hizo en mucho tiempo. Por ejemplo, expedimos una resolución para que Fiscalía y Defensoría Pública contraten personal.

Aún faltan fiscales. La anterior Judicatura dijo que el país necesita 400. ¿Qué harán en ese tema?

Por mandato constitucional, necesariamente tendremos que llenar los cargos a través de concursos. Estamos en el análisis de si conviene continuar con el proceso (de la Judicatura transitoria) o abrir uno nuevo.

¿Esta es una de las prioridades de la Judicatura?


Sin duda. Es un proceso complejo, es una convocatoria a escala nacional, el número de vacantes es grande. Pero no estoy ratificando esta cantidad (400), pues tendremos que sacar nuestra propia información. Pero sin duda es un concurso de grandes magnitudes; que nos obliga, además, a trabajar en una normativa previa y eso toma tiempo.

Usted destaca el trabajo realizado. Pero la Judicatura también ha sido criticada por el anuncio de una posible investigación a los jueces que declararon inocente a Iván Espinel. ¿Cómo hacer para que esto no suene a metida de mano en el sistema judicial?

Si se lee con detenimiento el comunicado, somos muy enfáticos en decir que estaremos vigilantes del accionar administrativo y disciplinario de los jueces. Y eso es en este y en todos los demás casos.

¿Cómo hacer para no caer en lo que hacían las anteriores Judicaturas; es decir, aplicar el error inexcusable para sacar de sus cargos a los jueces?

El doctor Luis Pásara ha dicho, en su informe sobre la Independencia Judicial en Ecuador, que para aplicar el error inexcusable en un proceso disciplinario se requiere del pronunciamiento de un tribunal superior. Así es como ya estamos procediendo.

¿Se garantiza la independencia de los jueces?

Garantizamos la
independencia judicial, pero también garantizamos que seremos más rigurosos en el control disciplinario.

A más del tema disciplinario, ¿qué otras competencias tiene la Judicatura?


El artículo 181 de la Constitución dice que la Judicatura tiene como funciones definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. Además, conocer y aprobar la pro forma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los órganos autónomos. También, dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores, así como su evaluación, ascensos y sanción. A esto se suma el administrar la carrera y la profesionalización judicial, organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial. Por último, velar por la transparencia y eficiencia de esta Función del Estado.

Estudios.

Doctora en Jurisprudencia, Ph.D. en Derecho (en curso), Magíster en Cooperación Internacional y en Derecho Constitucional.

Trayectoria.


Fue jueza de la Corte Constitucional (2012 – 2015). Asesora jurídica del Consejo de Participación Ciudadana (2010 -2012).

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