1 de abril de 2019 21:04

Jorge de la Caballería: ‘Queremos que los habitantes de la frontera norte de Ecuador tengan empleo y servicios’

Jorge de la Caballería (der.), jefe de la Unidad Responsable de Coordinación de Desarrollo de América Latina y el Caribe de la Unión Europea. Fotos: Galo Paguay / EL COMERCIO

Jorge de la Caballería (der.), jefe de la Unidad Responsable de Coordinación de Desarrollo de América Latina y el Caribe de la Unión Europea. Fotos: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Betty Jumbo (I)

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Entrevista a Jorge de la Caballería, jefe de la Unidad Responsable de Coordinación de Desarrollo de América Latina y el Caribe de la Unión Europea.

¿Cómo apoyará la Unión Europea en el desarrollo de la frontera norte y la reactivación de las zonas destruidas por el terremoto del 2016?

Por primera vez se firmó un monto histórico de USD 51 millones. Hemos firmado dos convenios: uno por 21 millones para la frontera norte y 30 millones para el programa de reactivación productiva de Manabí y Esmeraldas. Son subvenciones no reembolsables.

¿Cuáles son los planes para la frontera norte?
Tiene dos elementos. Desarrollar institucionalidad, es decir, apoyar a las autoridades locales, porque la institucionalidad es la que da sostenibilidad en el tiempo a cualquier medida. Sin institucionalidad, el Gobierno y entidades como nosotros o cualquier otro que ponga medios financieros, las medidas que se implementen se diluyen y no quedan en nada. El otro punto es apoyar para dar servicios al ciudadano y desarrollar el tejido económico, que genera empleo, riqueza y que hace que la gente no se vaya y viva dignamente.

¿De qué manera se lo hará?
En compañía de dos agencias de cooperación muy fuertes que tienen mucha presencia en el terreno, como son la GIZ, alemana; la Aecid, española; y también con Acnur. Nos hemos aliado, porque la frontera es un problema muy complejo.

¿En qué provincias?
En Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. Es una zona de 40 kilómetros.

¿Cómo se desarrollará la parte institucional?
Se reforzará a las instituciones y autoridades locales (municipios y prefecturas, por ejemplo). El Gobierno ha reconocido que históricamente ha habido una lejanía del Estado, de prestaciones de servicios al ciudadano menores frente a otros lugares y hay personas que hablan de abandono histórico. Hay una aceptación de que la presencia institucional es insuficiente. El punto de partida no es el de la seguridad, sino el ciudadano, la vulnerabilidad de las personas; es decir, de los ecuatorianos que viven en esa zona. Tenemos que reforzar esas entidades, que tienen que prestar servicios al ciudadano y gestionar planes para mejorar los servicios, desde agua y saneamiento, lo más básico.

¿Cuál es el panorama de esa carencia?
Es una carencia grave e histórica. Y con poblaciones vulnerables y agravada por las últimas circunstancias, como los problemas de violencia en la frontera y la migración venezolana. Hay que fortalecer la cohesión social, revertir el abandono.

¿Cuáles son esos planes?
Por ejemplo, hay proyectos para trabajar con la sociedad civil, otro para dar valor a la cadena de cacao y cultivos emblemáticos en Sucumbíos. Adicionalmente, vamos a destinar USD 3,4 millones para crear un sistema de alerta temprana y respuesta rápida. El trabajo se hará con la Acnur para identificar problemas agudos y dar una respuesta, desde violaciones de derechos humanos hasta de necesidades básicas.

Esto es fundamental, porque queremos que esta medida no sea una situación puntual, sino que se convierta en un sistema ecuatoriano. Que el Gobierno se apropie de este sistema de alerta temprano y esté muy coordinado con el Defensor del Pueblo.

¿Qué más se hará?
También tenemos una acción complementaria para promover la innovación y cohesión territorial en la frontera. El tema transfronterizo nos interesa mucho, para crear cadenas de valor en la producción de los dos países. A la frontera se la ve con un enfoque negativo y como zona delictiva. Las fronteras son zonas complementarias y buscan hacer cosas en común. El fronterizo suele ser un individuo que se busca la vida en los dos lados, es un emprendedor y busca la ventaja de los dos lados.

¿Cuánto tiempo van a durar los programas?
Cuatro años, pero algunos proyectos funcionarán en menos tiempo, como el sistema de alerta, que estará listo en 18 meses.

¿Al final de los cuatro años, qué frontera quieren desarrollar?
Que se convierta en un territorio normalizado, que los ciudadanos gocen de sus derechos y servicios. Dar a los jóvenes y a las poblaciones vulnerables apoyo, no solo en derechos, sino también empleo, para que no se vayan. La idea es revertir la situación actual. Añado que las respuestas gubernamentales y de las organizaciones de cooperación no pueden ser simplistas. Cuando un problema es muy complejo como el de la frontera norte, con un problema migratorio colombiano y venezolano, no se puede atacar con una sola medida puramente militar o represiva, sino con soluciones múltiples; y por supuesto que la seguridad se debe mantener.

Entonces, ¿qué tipo de respuestas debe dar el Estado?
Participación, presencia del Estado, institucionalidad reforzada y desarrollar un tejido económico. Al final quien tiene que hacer el trabajo es el Estado, en su forma central y descentralizada.

Jorge de la Caballería (der.), jefe de la Unidad Responsable de Coordinación de Desarrollo de América Latina y el Caribe de la Unión Europea. Fotos: Galo Paguay / EL COMERCIO

¿Cómo ha incidido la migración venezolana en la frontera?
La migración colombiana no es la misma que la venezolana. La migración es positiva, pero como toda migración trae dificultades, sobre todo, por el aumento en la demanda de servicios y atención, pero al margen de eso es un derecho fundamental de todo ser humano. Lo que pasa es que, si no se dan las condiciones adecuadas dentro de la legalidad y de forma ordenada, y sin una respuesta adecuada, se generan mafias, trata, abusos.

¿Qué actividades se harán para las zonas afectadas por el terremoto?
La Unión Europea dio ayuda humanitaria de USD 5 millones en una primera etapa. A mediano plazo continúa ese apoyo con USD 180 millones, que fue un préstamo hecho con condiciones ventajosas para la reconstrucción, que está en ejecución. En una tercera etapa están los USD 30 millones para la reactivación económica.

Además, se puso una asistencia técnica de USD 8 millones, porque no solo de facilitar los medios, sino de acompañar, evaluar las necesidades y vigilar a dónde van los dineros.

¿Cómo se distribuirán los USD 30 millones?
Los USD 30 millones llegarán, a través de un instrumento muy poderoso llamado ‘ayuda presupuestaria’ y que requiere condiciones bien estrictas para su aplicación, ya que la prensa y la sociedad han denunciado situaciones de corrupción. Creemos que el Estado es el que tiene que tomar medidas y nosotros tenemos que apoyar en buenas políticas. Tiene que haber una política de reactivación, una buena situación macroeconómica, para intervenir y tiene que haber un sistema de control y de transparencia. Pagamos (se entrega el dinero) en base a unos objetivos, que se cumplan y avancen en la reactivación.

¿Estos proyectos son para Esmeraldas y Manabí?
La ayuda presupuestaria implica que el Estado tiene que fijar las estrategias y que al final se ejecuten sus proyectos prioritarios, determinados por la población, a través de sus alcaldes. Es una modalidad bonita, porque se construye Estado. Nosotros controlamos que ese dinero se destine a unos objetivos. Nosotros vemos primero que haya una política para intervenir. En la reconstrucción, las autoridades deben fijar las prioridades. Ha habido críticas de lentitud, de que los dineros no llegaron a tiempo y que cambiaron de prioridades varias veces.

¿Por qué?
Los países no están preparados para afrontar un evento de esa magnitud. Lo curioso es que una vez que se ha reconstruido se han olvidado de que no se va a estar en una zona sísmica nunca más, pero vuelve a ocurrir y no se trabaja en una preparación del Estado para la próxima vez que ocurra. Se concentran en la reclamación y no se plantean que tendrían que estar preparando sistemas para no improvisar. Si hay que mencionar una palabra es que tiene haber una organización clara, que fije prioridades y hay que evitar la típica improvisación. Es aprender la lección de que va a volver ocurrir.

¿La planificación de los proyectos se hará con las autoridades de los municipios, prefectos y el Comité de Reconstrucción?
Nosotros contribuimos y exigimos resultados y controlamos la inversión de los USD 30. De esos recursos entregamos dos subvenciones a dos grupos de la sociedad civil, para que vigilen y denuncien los casos, cuando las prioridades que se fijen no sean realmente una verdadera necesidad. Los grupos son Grupo Faro y Paz y Desarrollo, que son dos consorcios que trabajarán con autoridades locales, sociedad civil y academia. Adicionalmente, hemos asignado USD 13 millones a Manabí, para la construcción de un instituto tecnológico en Portoviejo. La idea es formar a los jóvenes para el campo laboral y desarrollo de capacidades para cadenas de valor en la producción.

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