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Lita Martínez: ‘El feminicidio sería delito prevenible, con nuestra ley’

Lita Martínez, directora Ejecutiva Cepam de Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Lita Martínez, directora Ejecutiva Cepam de Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Lita Martínez, directora Ejecutiva Cepam de Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Entrevista a Lita Martínez, directora Ejecutiva Cepam de Guayaquil

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, en medio de la emergencia sanitaria. ¿Qué mostró la pandemia?

Mostró las brechas marcadas en nuestro acceso al trabajo, salud, educación, sistemas telemáticos. Y sobrecarga en temas de cuidado, por esa idea naturalizada de que las mujeres venimos con un chip para encargarnos del enfermo, de niños, de padres, de la casa, etc. Además el confinamiento hizo que se quedaran encerradas con sus victimarios, un caldo de cultivo para más violencia. El 75% ya era agredida, según los datos del INEC.

¿Y el Estado pudo adelantarse y prevenir esos casos de violencia?

Desde el Estado no vieron que para mujeres indígenas, campesinas y de la ruralidad no era factible colocar una denuncia en línea en Fiscalía; otra cosa pasaba en la ciudad con quienes tienen acceso a Internet o pueden comunicarse con el ECU-911. Desde Cepam habilitamos una línea telefónica para estar en contacto con ellas, la mayoría nos decía que no fue atendida en el ECU. Les preguntaban si tenían fiebre o covid-19.

A finales del año anterior, un informe de la Fiscalía dijo que las denuncias por violencia se habían reducido casi a la mitad. ¿Cuán grave es eso?

Grave. Lo único que disminuyo fue el canal para que las mujeres puedan poner la denuncia. No se dio el mensaje de que no importaba romper el toque de queda; que no las llevarían presas si salían de casa porque eran víctimas de violencia. Fiscalía reportó disminución de denuncias porque no hubo condiciones para presentarlas. Muchas aguantaron el encierro, con todas las implicaciones emocionales, económicas y de salud. En 70% de las llamadas a Cepam se reportó violencia física, además temor, angustia, maltrato psicológico. Incluso casos de feminicidio.

El 25 de noviembre del 2017 en Ecuador se aprobó la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿marcó es o un antes y un después?

Definitivamente debía hacerlo porque la Ley, con todos los defectos que pudiera tener, surgió como la posibilidad de conminar al Estado a cumplir con una política pública para la prevención, acompañamiento y protección de la mujer. No es sancionadora, para eso está el Código Integral Penal. La ley debía dar una respuesta articuladora y activar al sistema de protección, desde todas las instancias públicas; necesitaba un presupuesto. Con esa ley, el feminicidio era un delito prevenible, ya que se debían levantar algunas alertas.

Pero en Ecuador en el 2020 hubo 118 feminicidios. Y hasta el 2 de marzo sumaban 19. ¿La asignación de recursos impidió activar el sistema?

Sí. Yo me refería a la necesidad de priorizar temas que permitan una transformación estructural. Eso tiene un costo, había que garantizar recursos suficientes. El recorte del presupuesto y la postergación de análisis de leyes, que protegen a mujeres han sido el modus operandi de este y de todos los gobiernos. Ninguno ha cumplido lo que ofreció. Un ejemplo es lo que pasó con la estrategia nacional de planificación familia o prevención del embarazo adolescentes, a la que se la ‘mochó’ de la noche a la mañana; también se quedó el tema del aborto.

Las mujeres son víctimas de violencia en todos los espacios. ¿Cuán necesario es educar con visión de género o esa responsabilidad es de las madres que ‘crían machistas’?

Ese es el juego del sistema, responsabilizar a la violada, a la víctima de feminicidio por no denunciar a tiempo. Así liberamos al Estado. También es un problema esa mirada desde el privilegio: yo gano bien, yo soy afiliada al IESS, no soy violentada en el trabajo.

Cepam impulsó el caso de Paola Guzmán, con su madre Petita Albarracín. ¿Qué falta por hacer?

Ese es un pendiente. El sistema educativo tiene que garantizar por ejemplo acceso a educación sexual, con información científica, que permita a los chicos cuestionarse, identificar vulneraciones.

¿La Fiscalía debería tomar estas causas, algún caso simbólico?

Los temas de las mujeres no les interesan, no es un hecho aislado, es parte de la práctica cotidiana. Pero seguiremos denunciando hasta que sea tan molesto que incomode.

Hoja de vida

Trabajadora social y abogada. Dirige el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, Guayaquil, desde 2017.

Trayectoria. Hay que dejar de exculpar socialmente al victimario, brindar educación sexual.

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