4 de noviembre de 2020 00:00

Pablo Casalí: 'Se debe consensuar una reforma a la seguridad social cuanto antes'

Pablo Casalí, especialista en Seguridad Social de la OIT para Países Andinos. Foto: cortesía OIT

Pablo Casalí, especialista en Seguridad Social de la OIT para Países Andinos. Foto: cortesía OIT

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Mónica Orozco
Editora (I)

Entrevista a Pablo Casalí, especialista en Seguridad Social de la OIT para Países Andinos

¿Cuál es la situación del fondo de pensiones del Seguro Social?

Antes de la pandemia, el Seguro de Pensiones del IESS ya mostraba desafíos. La pandemia los profundizó y adelantó en término de los años que restan para que las reservas del fondo se agoten. La OIT calcu­la que en caso de que el país se recupere lentamente de la crisis y el Gobierno no aporte el 40% para pensiones en el 2020 y 2021, el régimen tendría problemas de sostenibilidad en el 2027; es decir, las reservas del fondo se agotarían ese año. Si hay el aporte del 40%, el problema se vería en el 2037, suponiendo una recuperación lenta. Si la recuperación es rápida, el problema se vería desde el 2031 si el Gobierno no aporta el 40%, y en el 2040 si lo hace. Si se suma el impacto en el nivel de pobreza (2,1 millones de nuevos pobres, lo que haría retroceder a Ecuador una década), el escenario para el sistema es retador a todas luces.

El país va a iniciar un nuevo diálogo para diseñar una reforma que responda a esos desafíos. ¿Qué ajustes debe contener?


El diálogo social es una oportunidad para promover el fortalecimiento y el desarrollo sostenible del IESS. Dos elementos deben ser parte del proceso. Las altas tasas de informalidad (casi 1 de cada 2 personas ocupadas está en esa condición) y de personas en inactividad económica implican que menos trabajadores aportan al IESS. Esto requiere una estrategia integral, que garantice condiciones adecuadas de empleo y que promueva el tránsito a la formalidad, sumada a las necesarias de recuperación del crecimiento sostenible que permitan promover la demanda laboral.

¿Y el segundo elemento?

Los bajos niveles de cobertura del IESS, en torno al 30% de la población con empleo, se explican -en parte- por la falta de obligatoriedad en la afiliación de trabajadores independientes. Esto afecta a su sostenibilidad. Pensar en mecanismos innovadores de aportación que permitan vincular a más trabajadores y fortalecer los procesos de afiliación y de gestión de cobro para bajar la evasión y elusión es clave.

¿Cuánto tiempo hay para tomar esas decisiones?

Si el Gobierno cumple total y oportunamente con su aportación, el fondo de pensiones y de salud no mostrarían problemas de sostenibilidad en el corto plazo. Por tanto, habría una ventana de tiempo para consensuar las reformas. Fortalecer la sostenibilidad de los sistemas de pensiones requiere de procesos largos, sólidos, transparentes y altamente participativos. La sostenibilidad no solo implica el aspecto financiero sino el social, en el que la ciudadanía sea consultada; y sus opiniones, consideradas. Es necesario avanzar cuanto antes en este proceso.

¿Qué tan viables son esas reformas, considerando que los afiliados no están dispuestos a contribuir más, según una encuesta de OIT hecha en Ecuador?

Los afiliados requieren transparencia en la información y en la toma de decisiones. En primer lugar, es necesario transparentar la deuda del Estado con el IESS y buscar los mecanismos de pago. Además, es imprescindible explorar las causas de los problemas financieros de los distintos seguros del IESS. Por ejemplo, en el de salud persiste una orientación a lo curativo y no a lo preventivo. Complementariamente, se debe trabajar en mejorar la imagen institucional y en fortalecer la gobernanza. Es decir mejorar la participación de los actores en el Consejo Directivo del IESS y en el Directorio del Biess, promover una mayor independencia política en la toma de decisiones, fortalecer los procesos de selección del personal y de veeduría y mejorar la calidad de las prestaciones que brinda la institución.

¿El aporte del Estado debe entrar en el diálogo?

La Ley fija la obligatoriedad del pago del 40% del Gobierno. Es necesario el cumplimiento irrestricto a esa norma que, además, responde a demandas de los actores sociales. Ahora bien, el proceso de envejecimiento natural en Ecuador incidirá sin lugar a dudas en la sostenibilidad del sistema. Al 2030, el aporte estatal podría subir en 120%. En ese contexto, es el Gobierno el responsable de convocar a un diálogo para analizar posibles alternativas para garantizar su contribución. En el marco del proceso de diálogo que la OIT asiste y facilita técnicamente en Ecuador, se ha publicado un estudio reciente que sintetiza los principales nudos críticos del IESS. El texto asegura que la sostenibilidad del aporte del Gobierno es un aspecto que necesariamente debe discutirse en un proceso de diálogo.

De todo lo propuesto, ¿qué es viable lograr?

Las fases culminadas del proceso de diálogo que se han hecho hasta ahora evidencian algunos temas sobre los cuales existiría consenso, por lo cual la respuesta sobre la viabilidad deviene de la voluntad política de emprender los cambios.

¿Existe el escenario para emprender el siguiente año una reforma legal?


Ecuador está en el proceso electoral para la elección del nuevo Gobierno. Estos meses será relevante obtener la visión que tienen los candidatos respecto del sistema de seguridad social. La profundidad de la crisis de la pandemia ha demostrado que las contingencias sociales no esperan, por lo cual las reformas orientadas a mejorar el IESS no deberían esperar tampoco.

Hoja de vida

Graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano (Buenos Aires). Cuenta con estudios de especialización en Impuestos y un Magíster en Seguridad Social en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Sus áreas de especialización son protección social, seguridad social, salud y pensiones. Se ha distinguido por la publicación de distintos estudios e investigaciones y por su intervención en eventos regionales e internacionales vinculados con la protección social.

Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de Argentina. En 2015-2018 trabajó como Especialista en Protección Social y Desarrollo Económico de la Oficina de la OIT para los Países del Cono Sur de América Latina y estuvo a cargo de los programas de formación en protección social del Centro Internacional de Formación de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en Turín, Italia. Actualmente se desempeña como Especialista en Seguridad Social y Desarrollo Económico para la Oficina de la OIT en los Países Andinos.

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