Los espacios donde actualmente laboran algunas entidades incomodan a los usuarios. Foto: Wladimir Torres / EL COMERCIO
Una carpa -bajo la sombra de un árbol- funciona como oficina de la Unidad de Tierras del Ministerio de Agricultura (Magap), frente al edificio de tres plantas de la Facultad de Ciencias Humanísticas de la Universidad Técnica de Manabí (UTM), en Portoviejo.
A pocos metros de esa carpa, en la cancha, hay otras dos que sirven como “sala de espera” para quienes llegan a tramitar certificados o para legalizar los predios rurales en la provincia. Se han adecuado 12 asientos para los usuarios, que a simple vista se confunden entre los universitarios.
Tras el terremoto del pasado 16 de abril, parte de este establecimiento de educación superior, de la Federación Deportiva de Manabí y del antiguo aeropuerto de la ciudad se convirtieron en sedes de instituciones públicas, cuyas estructuras resultaron gravemente afectadas tras el sismo.
La carpa de la Unidad de Tierras es la más visible en la UTM. Una funcionaria atiende al público desde un escritorio donde resalta una laptop. Ahí se han tramitado entre abril y julio 600 certificados de propiedad de tierras en la zona rural, documento necesario para gestionar ayuda estatal para quienes resultaron afectados por el terremoto.
En la Facultad de Ciencias Humanísticas hay carteles que anuncian el funcionamiento de una institución pública, las unidades trabajan en cada aula y guardias de seguridad con distintos uniformes en las puertas de cada departamento.
Las tres primeras aulas son usadas por el Municipio de Portoviejo; en la más grande, está el alcalde Agustín Casanova. Las siguientes tres son ocupadas por el Instituto de Fomento Humano y la Secretaría de Educación Superior. En los pisos superiores están el Cabildo y el Magap.
Según Moisés Mieles, director provincial del Magap, aún no tienen fecha para mudarse a un sitio más amplio. El edificio donde laboraban, en la calle Ramos Duarte, está asegurado pero aún se espera el informe de su estado.
Mientras, en Talento Humano se reconoce que se trabaja con incomodidad. Su directora distrital Yael Sani afirmó que están en la “búsqueda de un lugar más grande”, pues el espacio del aula es reducido para atender al público.
En la zona sur del antiguo aeropuerto Reales Tamarindo, 30 contenedores en forma de casas están instalados contiguamente. Allí prestan sus servicios Ecuador Estratégico, el Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, el Registro Mercantil, la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos (Dinadarp), Ecuador Listo y Solidario y el Comité de la Reconstrucción.
Estos se ubican cerca al campamento que alberga a decenas de damnificados. Entre los contenedores hay una pequeña carpa con tres asientos que sirve como sala de espera.
“Aquí tenemos problemas por el espacio, para armar la logística y no podemos usar todos nuestros equipos”, comentó Bolívar Izquierdo, registrador mercantil de Portoviejo.
El funcionario aseguró que pese a las incomodidades trabajan normalmente y que cada día atienden a un promedio de 40 personas. “Esperemos antes de fin de año mudarnos a otro sitio, el presupuesto ha sido un problema”.
El gobernador encargado de Manabí, Xavier Santos, refirió que conforme se vayan liberando más calles de la denominada zona cero, donde estaba la mayor parte de instituciones públicas, las oficinas deberán valorar sus estructuras y constatar si pueden volver.
“Algunas ya iniciaron procesos de arriendo de viviendas u otros tipos de estructuras para no volver a la zona cero, porque a lo mejor sus oficinas sufrieron colapsos”, dijo Santos. Un ejemplo, acotó, es el IESS. Su edificio se cayó y mientras que se solucione su nueva ubicación deberán trabajar en otro sitio de Portoviejo.
Justamente una de las que abandonó la UTM es la Dirección Distrital de Salud, que hasta la semana pasada ocupó cuatro aulas, junto a laboratorios de informática y salones.
Su titular Mariela Macías informó que antes de llegar a la universidad arrendaban 4 de 7 pisos de un edificio en el centro de la capital manabita, pero pese a que la infraestructura no resultó afectada, es inaccesible y no pueden trabajar ahí.
La funcionaria explicó que por falta de espacio en ese recinto universitario tuvo que redistribuir a otros centros de salud del cantón a parte de los 62 colaboradores. Sin embargo, dijo, no se cortó o disminuyó la atención al público.
En contexto
Decenas de trabajadores de entidades públicas en Portoviejo se trasladaron a espacios provisionales mientras solucionan la nueva ubicación de sus oficinas. Edificios, como el de la Federación Deportiva de Manabí prestan sus instalaciones.