Redacción Cultura
Las tres propuestas de Ley de Cultura que se debaten en la Asamblea Nacional incluyen, cada una, a su estructura de Sistema Nacional de Cultura, a las entidades del sector que dependen de los gobiernos locales y seccionales que reciben fondos públicos, para su funcionamiento.
El proceso de transición, el rol de las autonomías, la administración de recursos económicos, la proyección sostenible y equilibrada del desarrollo cultural, entre otros puntos, se escapan en la redacción de los documentos presentados a debate. Un aspecto que requiere reflexión para procurar la descentralización y la preservación del patrimonio.
Entidades culturales con fondos públicos integran el SNC
Proyecto oficial
Art. 55.- Rectoría y regulación del Sistema.- (…) El Ministerio de Cultura puede establecer coordinaciones regionales y provinciales adecuadas a sus políticas y planes, las que actúan como unidades desconcentradas administrativa y financieramente.
Art. 79.- Los gobiernos regionales, consejos provinciales, concejos municipales y juntas parroquiales.- Los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales, en el ámbito de sus competencias, contribuirán a la protección de los derechos y garantías culturales previstos en la Constitución …Ç
Proyecto de CCE
Art. 2.- El SNC se integra por todas las instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos o personas vinculadas que tengan como misión o visión el desarrollo cultural, que expresamente manifiesten su voluntad de ser parte del Sistema.
Art. 7.- Formarán parte del SNC las siguientes entidades del ámbito cultural y otras relacionadas con ella: (…) y, 16. Otros entes públicos y de carácter privado que actúen en el campo de la cultura.
Proyecto CC País
Art. 35.- Definición.- Se constituye el SNC, como resultado de la sinergia de las instituciones estatales del ámbito cultural que reciban fondos públicos (…) El SNC, es un mecanismo estatal para la gestión coordinada y participativa de los agentes culturales públicos y privados que define, implementa, ejecuta, evalúa y reorienta la planificación de las instituciones públicas competentes en los asuntos culturales; efectúa la supervisión de las organizaciones de derecho privado, que reciban fondos públicos, concesiones o delegaciones para la prestación de un servicio público cultural…
Puntos de vista
Los municipios tienen experiencia
Fabricio Villamar, concejal de Quito
La creación de un ente generador de políticas para el ámbito cultural es correcta, siempre que la generación de estas cuente con la experiencia de los órganos y entidades que han demostrado eficacia en este tema, como los municipios de Quito o de Cuenca.
El alcance de las facultades de regulación del sistema y cómo esa regulación afecta a las competencias de los gobiernos seccionales debe ser explicitado en el proyecto de Ley para que no se afecte la autonomía de los municipios. El Municipio de Quito debe tener competencias suficientes, autonomía para ejercerlas y autonomía presupuestaria, caso contrario lo avanzado por los quiteños podría detenerse.
‘Un desarrollo equilibrado’
Carlos Calderón C. / Historiador y escritor
Ante las desigualdades en el manejo del sector, debe haber un proyecto que permita acuerdos. Un ejemplo: tras 16 años de gobierno socialcristiano en la Prefectura de Guayas, no se ha hecho nada por consolidar la cultura, no hubo una política en esta entidad ni en la provincia. Pero la Municipalidad, siendo de la misma corriente política, ha tenido una labor de difusión cultural y de publicación.
La Ley debe estructurarse para un desarrollo equilibrado y uniforme, no entendido como único. Debe impulsar los acuerdos y el trabajo con unidad de criterios. Los núcleos de la CCE, sin perder su autonomía, deben engranarse en estos escenarios locales y regionales.
Hay que fortalecer la autonomía
Diego Carrasco Director del Dpto. de Cultura del Municipio de Cuenca
El modo de tener un proceso descentralizado es fortalecer las entidades autónomas y la Ley no precisa eso. La cultura ha existido a pesar de las políticas económicas del Estado, y la Ley no mira esa realidad sino que genera un sistema con el riesgo de absorberlo todo.
Si los municipios se harán cargo de la protección patrimonial, esto debe implicar transferencia de recursos y competencias. Los gobiernos seccionales propondrán sus maneras de trabajar (acorde con las políticas del Ministerio), entendiendo a estos organismos como un nexo entre las políticas y los actores culturales. Al desaparecer el BCE y la CCE, los municipios serán un espacio de contacto.