Reunión de asambleístas oficialistas en el Hotel Quito este miércoles 2 de noviembre del 2015. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO
Temas laborales, comunicación y rol de las Fuerzas Armadas son algunas de las áreas que se incluyen en la propuesta de cambios a la Constitución.
Laboral
Esta enmienda es una de las que más controversia ha generado. En esta se suprime el tercer inciso del artículo 229: “Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo”. Y se plantean dos transitorias: los obreros de esta área que actualmente están sujetos al Código del Trabajo no perderán sus derechos y aquellos que entren a la administración pública tras la enmienda serán regulados por leyes del servicio público.
Se plantea que en la Losep se garantice el derecho a la sindicalización y a la huelga, pero no a la negociación colectiva.
En el proyecto oficialisa se establece que en 180 días de entrada en vigencia la enmienda, luego de la aprobación del Legislativo,
se realizan las reformas necesarias a las leyes secundarias que regulan la relación laboral en el país.
Sin embargo, desde el lado sindicalista se cuestiona que en la enmienda no se incluye la figura de contratación colectiva en el sector público.
GADS
En este caso, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de aprobarse los cambios a la Carta Magna, podrán convocar a una consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción “que sean de competencia del correspondiente nivel de Gobierno”. Pero, se suprime la frase: “Sobre cualquier asunto”.
Adicionalmente, se propone que los municipios pueden planificar, construir y mantener la estructura física y los equipos de los espacios públicos. Se fija que “previa autorización del ente rector de la política pública” podrán construir y mejorar la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación.
En este caso, además de los cambios a la Constitución se deberán modificar la Ley de Participación Ciudadana, el Código de la Democracia y el Cootad.
Fuerzas Armadas
Se sustituye el segundo inciso del artículo 158, el que señala que la defensa de la soberanía y la integridad territorial son competencias de las Fuerzas Armadas. La propuesta consiste en que “complementariamente las FF.AA., apoyen en la seguridad integral del Estado, de conformidad con la ley”.
Por otro lado, se plantea que se especifique que “el Estado garantiza el pago de las pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía”.
Sobre el primer cambio, no hay ningún reglamento que deba reformarse, pues el 24 de mayo del 2014, por disposición de la Asamblea Nacional, se reformó la Ley de Seguridad Pública. Se estableció que los militares deben apoyar a la Policía en el mantenimiento del control público y tareas enmarcadas en la seguridad ciudadana.
Comunicación
La propuesta es que: “La comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios. El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana”.
En el informe para el segundo debate en el Pleno de la Asamblea, elaborado por la Comisión Ocasional de Enmiendas y aprobado la semana pasada, se incluyó que el Estado debe garantizar el flujo informativo equilibrado y plural.
Contraloría
La enmienda modifica el Artículo 211. Elimina la frase “y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado”. De esta forma, se eliminaría esta función de la Contraloría General del Estado.
Por otro lado, se propone eliminar del numeral 2 del Artículo 212 las palabras “y gestiones”. Este artículo tiene otros tres numerales, en los que se indica que la institución debe, por ejemplo, dirigir el sistema de control administrativo del sector público.