Marco Arauz Ortega. Subdirector
Enero será decisivo políticamente, pero no por las denuncias de conspiración que el Gobierno hasta hoy no sustenta, sino porque este mes será la medición de fuerzas en varios planos. En lo legislativo, la Asamblea se propone tramitar dos leyes por semana, lo cual, aparte de ser un gran reto de técnica jurídica, creará inevitables fricciones con el Ejecutivo.
El trámite de leyes cruciales como la de Comunicación, de Registro de Datos o de Educación Básica será un buen termómetro del nuevo momento de la Asamblea, que tiene conciencia de que ya no se trata de construir el país ideal en el papel, sino de concretar leyes que afectan o benefician a sectores específicos.
En el otro lado, está el Ejecutivo, que ayer a través del ministro Ricardo Patiño volvió a recordar a los asambleístas su capacidad de veto. La intención es reordenar la casa después de la alerta que significó el acuerdo entre oficialismo y oposición para la normativa sobre la comunicación.
Leyes como las de Minería y de Aguas han provocado las desavenencias entre el Gobierno y el sector indígena, a lo que se suma la decisión de clausurar La Voz de Arutam; la estrategia de iniciar la concesión de radios comunitarias seguramente no será suficiente para acallar las protestas.
En otro plano, la crisis energética seguirá golpeando a un Régimen que no tomó medidas a tiempo, pero habla de un Ecuador pospetrolero. Históricamente, enero se volvió complicado y el Gobierno lo constatará por primera vez, después de dejar atrás la larga campaña electoral. Pero medidas oportunas y diálogo con el Legislativo y los indígenas pudieran ser mejor idea que tratar de curarse en sano con una desgastada y poco creíble teoría de la conspiración.