Solo dos encuestadoras se presentaron para ‘exit poll’ de la consulta popular

El pleno del CNE se reunió en Quito para calificar a dos encuestadoras para los sondeos a boca de urna. Foto: Adriana Noboa / EL COMERCIO

El pleno del CNE se reunió en Quito para calificar a dos encuestadoras para los sondeos a boca de urna. Foto: Adriana Noboa / EL COMERCIO

El pleno del CNE se reunió en Quito para calificar a dos encuestadoras para los sondeos a boca de urna. Foto: Adriana Noboa / EL COMERCIO

Para la segunda vuelta presidencial de abril del 2017 hubo 13 personas naturales y jurídicas inscritas para realizar encuestas a boca de urna. En esta ocasión, para la consulta popular y referendo, hay solo dos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó al Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (Centroinvest) y también al Instituto de Estudios Sociales y de la Opinión Pública (Iesop).

Son las únicas que podrán difundir resultados de ‘exit poll’, a partir de las 17:00 del domingo 4 de febrero próximo.

Ninguna de estas dos empresas había decidido, hasta ayer (miércoles 24 de enero del 2018), llevar a cabo la tarea y ofrecer el servicio, aunque se inscribieron y fueron calificadas.

El cambio en los reglamentos de pronósticos electorales y de sondeos a boca de urna hizo que las empresas encuestadoras no se registrasen. Y el plazo para que lo hagan concluyó ayer (miércoles 24 de enero del 2018) a las 00:00.

El Reglamento de Sondeos a Boca de Urna incluye ahora un margen máximo de error en los resultados: +-3%. Otro de los nuevos requisitos es la firma de un acuerdo de responsabilidad.
Por lo que si alguna encuestadora sobrepasa el margen podría estar sujeta a repercusiones legales.


Diego Zaldumbide
, gerente de Centroinvest, sostiene que la autoridad electoral “está en posibilidad de exigir lo que crea conveniente”, ya que se trata de un tema técnico.

“Las encuestadoras siempre somos responsables de la información que publicamos”. El margen de error -agregó Zaldumbide- depende de la metodología que se utilice.

Santiago Nieto, director del Iesop, por su parte califica de “absurdo” que se declare por ley que alguien no se puede equivocar en sondeos. Al tratarse de un tema técnico “se explican los márgenes de error en cada estudio”, aclaró.

Nubia Villacís, presidenta del CNE, comentó que “una información mal dicha en un determinado momento puede causar conmoción nacional”. Por eso lo enlazaron al Código Orgánico Integral Penal. “Es mejor evitar y que asuman con responsabilidad su actividad profesional”, dijo.

Nieto afirma que no le preocupa la responsabilidad legal, pero considera que es un desconocimiento de la metodología, ya que se trata de un proceso de investigación.

La funcionaria contó que la institución les brinda las facilidades para que trabajen. Por lo que tienen que entregar “una información de calidad, técnicamente obtenida”.

Por eso incluyeron nuevos estándares: la muestra debe ser más amplia, para limitar el margen de error, y tiene que ser ponderada y estratificada. Es decir, cubrir todas las provincias o regiones, así como los estratos de la población.

Esto se hizo con base en las recomendaciones de la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), explicó Villacís. Aunque una de estas no se tomó en cuenta; la de impedir que circularan encuestas antes de que la autoridad electoral emitiese sus propios resultados.

Zaldumbide y Nieto coincidieron en que no tuvieron problema al cubrir estos nuevos requisitos. El primero indicó que las bases de datos siempre han sido solicitadas.

Esta medida, contó Villacís, no implica un filtro. Sin embargo, quien no entregue la información previa no podrá difundir los resultados. Extraoficialmente, esta entrega deberá ser a las 16:00, “para nosotros poder hacer un control rápido”. Pero ellos sí podrán publicarlas a partir de las 17:00, afirmó.

En caso de que no lleven adelante el sondeo, según el Reglamento, los inscritos deberán presentar un informe al Consejo con la justificación, en un plazo de cinco días.

Suplementos digitales