Entre el relleno Sanitario de El Inga y su vecino más cercano hay unos pocos metros. Desde ahí se ve claramente que se trata de una planta de almacenamiento y envasado de gas licuado de petróleo (GLP).
La Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs) busca expropiar a una empresa privada un terreno de 30 000 metros cuadrados. Se trata de una franja completa que ahora funge como zona de amortiguamiento para dividir los dos espacios.
Maricruz Hernández, gerente General de Emgirs, informó que ya fue pagada la expropiación. En una entrevista con EL COMERCIO comentó sobre el monto de la transacción que ascendió a aproximadamente USD 280 000. Explicó que se trata de un “justo precio que se ventila en un 10% adicional que tendríamos que depositar si se llega a un acuerdo”, explica la funcionaria.
Expropiación en El Inga
La expropiación con declaratoria de utilidad pública se llevó a cabo a partir del anuncio de la construcción del cubeto emergente 12. Proceso que inició en junio de 2022 con el proyecto de construcción del espacio que operaría por un año para el manejo de desechos de Quito.
Pero la empresa de gas interpuso una acción de protección por una presunta vulneración de derechos. Proceso que ahora se encuentra en la etapa de apelación en la Corte Provincial de Pichincha.
Hernández explicó que el terreno que pretenden ocupar “no afecta la operación de la empresa”. Y será la única que se llevará a cabo en el sector, de ninguna manera significa una antesala para expropiar otros terrenos en el sector de El Inga.
El cubeto emergente demoraría cuatro meses en construirse y operaría por alrededor de un año. Mientras tanto, debería construirse el cubeto 11 en un plazo de ocho meses aproximadamente y cuya operación sería de un año y medio para luego seguir con el domo final y cerrar definitivamente el relleno de El Inga.
Pero la empresa privada alerta el peligro de explosión por el choque de gases. Tanto el GLP que ellos envasan, como el metano que producen los desechos enterrados en el terreno.
“Con muy mala intención hablan de un peligro de explosión, eso no se va a dar”, insistió Hernández. Su defensa se centra en que el espacio es abierto y por lo tanto la acumulación de gas es “imposible”.
Pero Carlos Alberto Cabezas, gerente legal de Duragas, explicó que hay un informe técnico avalado por un perito que detalla la presencia de lixiviados en sus terrenos. Esto realizado en una visita de campo el 14 de julio de 2022 y presentado en un informe del Consejo de la Judicatura.
“Estos lixiviados son descargas no controladas generadas por parte del relleno sanitario”, reza el documento en su página 24 de 251.
Más adelante habla de los efectos por juntar las dos actividades. “Explosiones por acumulación de gases: concentración mínima de una mezcla de gases, vapores o nieblas inflamables, pude ocasionar una explosión”, señala.
Cabezas niega que hayan recibido dinero por el terreno ubicado cerca de El Inga. “En todo proceso de expropiación hay un proceso de pago a través de un juicio de consignación, que debe hacerse legalmente”, dijo.
Aunque sí admitió que Emgirs inició un proceso de pago en un juzgado de Quito, cuando el domicilio de la compañía está en Guayaquil. Por ese error el proceso se frenó y “en la práctica ellos no pueden poner un solo pie en los terrenos de la empresa”, recalca.
En este caso, la empresa privada alega la vulneración de tres derechos constitucionales: seguridad jurídica, propiedad y motivación de las decisiones del poder público. Respecto a lo cual una jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del DMQ, negó la acción de protección dejando a salvo que la empresa de gas continúe con las acciones legales que correspondan en otras vías.
La apelación no se ha resuelto, pero ambas partes creen que se conocerá el dictamen en los próximos días.
Los factores para que exista una explosión
De acuerdo con Luis Calderón, presidente del Colegio de Ingenieros Químicos y Ambientales de Pichincha, “tendría que pasar algo muy extraordinario para que explote”. Esto ya que deben existir factores combinados para que los gases reaccionen de esa manera.
El relleno sanitario emite gas metano, que, según Calderón, es “mucho más ligero que el aire” por lo que se eleva y disipa rápidamente. Es por eso que niega rotundamente la posibilidad de una explosión por la cercanía del GLP con los gases de los desechos.
“Ya han coexistido mucho tiempo, no entiendo por qué la alarma ahora”, cuestiona. Aun así, deja un espacio para la duda que puede ser resuelta fácilmente. El tema de los permisos ambientales emitidos por el ministerio de Ambiente que ambas empresas tienen.
Aunque Cabezas revela que la empresa de gas hizo una solicitud de información a la cartera de Estado y la respuesta fue que EMGIRS no tiene permisos para los nuevos cubeto y celda emergentes.
Aun así, Calderón señala que el desfogue del metano no permitiría la acumulación necesaria para una explosión.
Además, que para que suceda deben chocar los gases en un espacio cerrado y debe existir una chispa. Sin esos requisitos, “en teoría no debería pasar nada”, explica el experto.
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