26 de octubre de 2019 00:00

Las empresas agrícolas y los campesinos liman asperezas

Obreros de la empresa Pilvicsa, en Lasso, realizan injertos frutales luego que retornara la calma tras el paro nacional. Foto:  Raúl Díaz para EL COMERCIO

Obreros de la empresa Pilvicsa, en Lasso, realizan injertos frutales luego que retornara la calma tras el paro nacional. Foto: Raúl Díaz para EL COMERCIO

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Las actividades en las fincas de producción agrícola de la zona andina se normalizan poco a poco, luego de la paralización nacional que afectó a este y otros sectores.

La provincia de Cotopaxi fue una de las más golpeadas por los saqueos que protagonizaron algunos manifestantes en granjas productoras de flores y de brócoli para exportación.

Los incidentes que ocurrieron en Joseguango Alto, Joseguando Bajo, Mulaló, Pastocalle y Lasso, en Latacunga, debilitaron la relación entre empresarios y trabajadores. Sin embargo, se preparan acciones para restaurar la cordialidad entre ambas partes.

Lenín Arias, vicepresidente ejecutivo de la firma Royal Flowers, comenta que la relación de la empresa con la comunidad siempre ha sido cordial y ahora van a reforzarla. Ahí laboran 650 personas.

Royal Flowers tiene varios programas de ayuda social, como atención médica y odontológica para sus colaboradores y sus familiares. También aporta para el funcionamiento de una guardería en Joseguando Bajo y para una institución que acoge a niños huérfanos en Latacunga.

En Cotopaxi funciona además una finca del Grupo Agrinag, dedicado a la producción y exportación de flores.

Los ejecutivos de la empresa analizan cómo procederán ante los saqueos que fueron objeto. Jorge Peñafiel, gerente de Operaciones, lamenta que entre los agresores hayan estado vecinos de la finca. “No sé por qué actuaron de esa manera. Siempre hemos apoyado a la junta parroquial y a las escuelas, entre otros”, señala.

En los próximos días, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) evaluará los incidentes ocurridos en la zona norte de Latacunga.

Las labores se normalizaron en la finca florícola Agrinag, en Latacunga, que fue saqueada por un grupo de manifestantes. Foto: Raúl Díaz / EL COMERCIO

Las labores se normalizaron en la finca florícola Agrinag, en Latacunga, que fue saqueada por un grupo de manifestantes. Foto: Raúl Díaz / EL COMERCIO


Según Leonidas Iza, presidente del MICC, la idea es identificar quiénes ingresaron a las empresas -a causar destrozos- y establecer a qué base organizativa pertenecen.

“Somos tres las organizaciones que conforman el MICC. Nosotros controlamos a nuestros compañeros. Pero presumimos que pertenecen a otras agrupaciones”, explicó.

Por eso se convocará a los dirigentes, para que informen los detalles de lo sucedido durante el paro nacional. Iza no descarta la posibilidad de reunirse con los sectores empresariales para buscar mecanismos que ayuden a mejorar la convivencia entre todos.

El presidente de la Pequeña Empresa de Cotopaxi, Eduardo Cobo, también está empeñado en hacer un pacto social con las comunas. Esto se iniciará con un acercamiento con los líderes comunitarios.

En Lasso también opera la empresa Pilvicsa, dedicada a la producción de plántulas de 450 variedades de alimentos.

Durante las manifestaciones, más de 10 millones de plántulas se secaron por falta de riego. Los obreros no lograron entrar a trabajar porque la finca estaba custodiada por manifestantes que les impedían el paso.

En Chimborazo, en cambio, los empresarios no sienten que haya un distanciamiento con el sector indígena, a pesar de las pérdidas que provocaron los 11 días de paralización.

En esta provincia no se reportaron saqueos, robos, ni atentados directos en contra de las fincas agrícolas.

Según Marco Palacios, propietario de Andes Fresh, una planta de producción de tomates y pimientos, el único inconveniente que se registró fue el cierre de las carreteras.

“Se perdieron productos que no pudimos enviar a nuestros clientes. Eso repercutió también en el pago que reciben nuestros empleados, porque ellos perciben un jornal diario”, aseguró el productor.

En la empresa Andes Fresh laboran 47 personas. La mayoría proviene de las comunidades indígenas de San Luis, Licto y Pungalá. Ellos participaron activamente en las protestas convocadas por los dirigentes de las comunidades. Pero cuando el paro concluyó retornaron a sus empleos.

Para Carmen Tiupul, dirigente indígena que lideró las movilizaciones en Chimborazo, la lucha fue pacífica y se concentró en Riobamba. Por eso considera que no se resquebrajaron las relaciones con las empresas ni establecimientos comerciales.

“Protestamos, no con el afán de hacer daño, sino buscando el bienestar de todos. En la toma de los espacios públicos no causamos ningún destrozo”.

Otra zona importante de producción agroexportadora que sufrió los efectos del paro se ubica en la Sierra Norte. Se trata de florícolas de Cayambe y Pedro Moncayo, en Pichincha, donde el principal inconveniente fue el cierre de vías.

Esa medida afectó no solo al envío de cargamentos de flores, sino a la llegada de los trabajadores a las fincas.

Las florícolas de Cayambe ofrecen 30 000 empleos directos, explica Sebastián Padula, presidente del Núcleo de Floricultores del cantón. Los obreros provienen del norte de Pichincha e Imbabura.

Uno de ellos es José, un obrero que tuvo que ir varios días caminando desde Otavalo hasta Cayambe. A su paso recibió insultos e incluso le quitaron una mochila por ir a trabajar.

Para Agustín Cachipuendo, presidente de la Confederación del Pueblo Kayambi, en la región no hubo tantos inconvenientes porque se informó a la mayoría de sectores sobre el cierre previsto de vías.

Los floricultores de Cayambe analizan mecanismos para mejorar las relaciones con las comunidades vecinas. Según Padula, están consultado a expertos en solución de conflictos para buscar las mejores herramientas.

José Bueno, directivo de los floricultores de Pedro Moncayo, explica que fortalecerán los vinculos de cooperación con las comunidades.

En contexto

Las actividades se reanudaron en los sectores productivos, luego del paro nacional que se extendió del 3 al 13 de octubre pasado. El cierre de vías principales y secundarias afectó a la movilización de productos de la zona rural a la urbana.

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