Ximena Amoroso, directora del SRI, en la Comisión de lo Económico, que revisará el texto. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
Carolina Enríquez y
Évelyn Tapia. Redactoras
El Gobierno, pese a que no creó un nuevo impuesto, no olvidó este año la regulación tributaria vinculada al sector de la comida chatarra en el cuerpo del Proyecto de Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal.
El documento fue remitido la noche del pasado viernes a la Asamblea Nacional y contiene 46 artículos, una disposición transitoria y una final. Además, el texto incluye reformas, en materia fiscal, a unas 11 normativas vigentes en el país.
Entre estas se encuentra la Ley de Régimen Tributario Interno. El artículo 8 del proyecto modifica la norma al incluir un artículo en la sección sobre deducciones. El texto establece que “no podrán deducirse los gastos por promoción y publicidad de alimentos y productos de consumo humano nocivos para la salud”.
Esto fue ratificado por el presidente Rafael Correa, durante el enlace sabatino 400, que se realizó en Guayllabamba. Según el Mandatario, era complicado fijar un impuesto a la “comida chatarra”, que estaría incluido dentro de los productos de consumo humano nocivos para la salud.
“Ya tenemos alternativa (…) Los gastos de publicidad son costos y afectan a las utilidades y con eso se paga menos impuestos. Si gasto 100 en publicidad, recibo menos utilidades y pago menos impuestos (Impuesto a la Renta). La comida chatarra, todas esas cadenas de comidas rápidas, saturadas en aceite, podrán hacer publicidad, pero no será deducible”.
Esto, a decir del analista tributario Carlos Licto, llevará a un mayor pago de Impuesto a la Renta. Dijo que para efectos de contabilidad se toman en cuenta todos los ingresos y gastos, pero para los tributarios los gastos de publicidad salen del grupo de egresos de las firmas.
“Digamos que tuve 1 000 de ingresos, 800 de gastos y 50 de publicidad. Me quedaban 150 y sobre eso pagaba el IR, pero ahora si queda fuera el valor por publicidad, la empresa deberá pagar el gravamen por una cantidad más elevada”, dijo.
Ante ello, indicó, las compañías dedicadas a la venta de “productos de consumo humano nocivos para la salud” podrían dejar de invertir en publicidad, por lo que el impacto también sería para las empresas que se dedican a este último negocio a escala nacional.
Para Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, las nuevas regulaciones no afectarán directamente al bolsillo de los ecuatorianos de clase media, que son quienes más consumen alimentos en restaurantes de comida rápida; sin embargo, considera que con esta medida se perjudicaría la rentabilidad de las empresas que se dedican a la publicidad y al marketing.
La medida sería un desincentivo que impactaría, principalmente, a las firmas medianas y pequeñas. “Para estas es un problema competir con un grande, es más difícil. Las cadenas grandes pueden darse el lujo de seguir haciendo toda la publicidad que quieran, pero con esto a las medianas y pequeñas se les dificulta”.
Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, cree que más allá de buscar mejorar los hábitos de alimentación de los ecuatorianos, el Gobierno sigue buscando mecanismos de generar más ingresos para el Fisco. “Por lo menos, han sido creativos, van a obtener cierta recaudación y sin generar una reacción negativa de los consumidores”, manifestó.
Añadió que habría un problema con el concepto que se pueda tener de comida chatarra para aplicarlo a las empresas. “Cuando se habló del impuesto a la comida chatarra, las franquicias de comida rápida estaban preocupadas porque decían que era un impuesto discriminatorio. Comida chatarra y comida rápida son dos conceptos distintos”, dijo.
Con esto concuerda el analista tributario Roberto Vargas. Aseguró que el proyecto es poco claro debido a que no establece con exactitud cuáles son los productos de consumo humano considerados como “nocivos” para la salud.
Estas definiciones podrían incluirse en el texto mismo o en el reglamento de la normativa. De hecho, el artículo reformatorio establece la nueva regulación “de conformidad con lo que dicte el reglamento”.
Ximena Amoroso, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), indicó que no se está creando ningún impuesto y que se está incentivando la producción y el empleo. El pago de impuestos, dijo, ayuda para la salud, la construcción de obras, entre otras.
No olvide
Doble deducción del IR por cinco años para nuevas inversiones por depreciación de activos productivos (máquinas).
El texto elimina la tasa del 2% pagada por los exportadores cafetaleros. A través de ello se modifica la ley del sector.
Nuevas inversiones en industrias básicas, por ejemplo las siderúrgicas, no pagarán impuesto por un período de 10 años.
El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a los cigarrillos se establece en USD 0,13 por unidad, según el proyecto de Ley.
El IVA debe ser devuelto a las personas con discapacidad en compras de bienes y servicios de primera necesidad.
El proyecto de Ley establece un impuesto único a la renta para las diferentes actividades del sector del banano.
En contexto
El proyecto de Ley contiene, además, incentivos tributarios. El presidente asegura que esto ayudará a impulsar la producción nacional, lo cual es un elemento clave durante la coyuntura de reducción de precios del petróleo. “Hay que impulsar la inversión privada y pública”.