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Empresario entregó al Isspol terrenos en la playa que antes había vendido a 94 policías

Patricio Lagos, capitán (sp) de la Policía, compró a Roberto Barrera un terreno, que está en un fideicomiso. Foto: Patricio Terán / El Comercio

Patricio Lagos, capitán (sp) de la Policía, compró a Roberto Barrera un terreno, que está en un fideicomiso. Foto: Patricio Terán / El Comercio

Patricio Lagos, capitán (sp) de la Policía, compró a Roberto Barrera un terreno, que está en un fideicomiso. Foto: Patricio Terán / El Comercio

Patricio Lagos pagó durante siete años las cuotas de un terreno con vista al mar, ubicado en Punta Blanca, en Santa Elena. Cientos de veces se imaginó a sí mismo mirando el atardecer desde su casa en la playa; el sol ocultándose entre las olas del mar y el sonido de las risas de su familia.

Nada más lejano que la realidad. Su despertar ocurrió en el 2019, cuando supo que la persona que le había vendido el terreno fue detenida y sentenciada en Estados Unidos por lavado de activos.

Hoy Lagos, un capitán de la Policía en servicio pasivo, vuelve a recordar ese nombre: Roberto Barrera. Contra él existe una orden de detención por la trama de corrupción en el caso Las Torres, que involucra al contralor Pablo Celi, al exministro José Agusto Briones y otros.

Barrera era gerente de la inmobiliaria Intermediaria, hoy en liquidación. Lagos recuerda que en 1996, el empresario se presentaba en los recintos de la Policía y ofrecía lotes de 250 metros en lo que sería un conjunto habitacional, en la Ruta del Spondylus.

“Cuando terminé de pagar me acerqué a las oficinas de Intermediaria para que me den mi minuta, porque solo tenía una promesa de compra y venta. Me dijeron que debía entregar USD 1 000 más por gastos de oficina”. Lagos dice que no quiso cancelar y que todas las veces que pedía las escrituras recibía excusas.

En el 2019, tras el arresto de Barrera, el policía descubrió que su inmueble ya no era propiedad de la Intermediaria, sino que había sido traspasado al fideicomiso Centinela Costa Club, en donde el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) aparece como beneficiario de los derechos fiduciarios.

“Yo reclamé la entrega de mi terreno a la empresa que me vendió, pero resulta que esa firma dice que yo no tengo nada. “¡Qué estafa!”, dice Lagos.

Dentro del Isspol, Centinela Costa Club es solo otro de los proyectos inmobiliarios que fueron financiados con dinero de los 80 000 policías en servicio pasivo y activo y cuyas inversiones no han podido ser recuperadas.

En el 2016, el entonces director del Isspol, David Proaño, hoy procesado por peculado, firmó la cesión de derechos fiduciarios. A través de esta figura, Barrera colocó 2 760 lotes, valorados en USD 14 millones, en un fideicomiso en donde el Isspol desembolsó USD 8,3 millones de capital.

El proyecto consistía en unir fuerzas para construir un conjunto habitacional de lujo que hoy, cinco años después, tiene cero de avance.

“Llegaron con una maqueta y unos planos. Nos dijeron que nos iban a dar terrenos con cerramiento, con bordillos, con servicios básicos”, recuerda William Ushiña, sargento segundo de la Policía en servicio pasivo.

Él es uno de los primeros estafados. Por 10 años pagó, mes a mes, por un lote de 250 metros. Recién en el 2020 supo que el bien que había adquirido ya no estaba en poder de la inmobiliaria de Barrera, sino en manos del Isspol.

“El año pasado me fui a ver y resulta que es un desierto. No hay nada”. En la Fiscalía existen 94 denuncias de perjudicados, quienes cancelaron por terrenos que fueron negociados con el Isspol.

“Vamos a luchar para recuperar lo que compramos con esfuerzo y trabajo honrado”, dice Ushiña. En el Isspol, esos lotes son por ahora la única garantía para recuperar la inversión, que sumados a los intereses dan USD 10,4 millones (ver info).

La operación es solo una gota en el mar de transacciones riesgosas que realizaron las diferentes administraciones, del 2015 al 2019.

En total, la entidad ha comprometido USD 822 millones, casi el 50% de su patrimonio, en compra de terrenos improductivos, bonos, facturas comerciales, etc. Solo en fideicomisos suman USD 100 millones. Por estos hechos, el Isspol ha presentado 12 denuncias en la Fiscalía.

La última fue el lunes pasado y tiene que ver con el canje de bonos por USD 84 millones entre esta institución y Westwood Capital Market, del empresario ­Héctor San Andrés.