10 de noviembre de 2020 19:46

La empresa municipal de Aseo lleva a la Corte Constitucional el caso Recobaq

Yolanda Gaete, gerente de Emaseo presentó un recurso legal ante la Corte Constitucional contra Recobaq. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO

Yolanda Gaete, gerente de Emaseo presentó un recurso legal ante la Corte Constitucional contra Recobaq. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO

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Daniel Romero

El conflicto legal entre la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo) y el Consorcio Recobaq está lejos de terminar. Este martes 10 de noviembre del 2020, Emaseo presentó una acción extraordinaria de protección para que el caso llegue a la Corte Constitucional (CC).

Ricardo Enríquez, director jurídico de la empresa municipal, dijo que el recurso legal se presentó primero en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Así, la tarde de este martes, la gerente de Emaseo, Yolanda Gaete, entregó una copia en la sede de la CC en Quito.

Enríquez señaló que con esto se busca que la Corte Constitucional deje sin efecto las sentencias emitidas por los jueces Marianela Pinargote, Lenín Zeballos y Jessy Monroy de la Corte Provincial del Guayas y del juez de Garantías Penales, Gustavo Guerra. Con ambas decisiones, la empresa municipal no puede terminar de manera unilateral el contrato con Recobaq.

La acción legal también busca que se reparen de manera integral “los derechos constitucionales vulnerados”. Gaete dijo que es un derecho de Emaseo “imponer multas a un contratista incumplido”. También mencionó que es un contrato “lesivo para la ciudad”. La expectativa de Emaseo, según Enríquez, es que los nueve jueces de la CC fallen a favor de la empresa municipal.

El litigio con ese consorcio surgió luego de que Emaseo impusiera multas por USD 4 millones a esa empresa por retrasos por la entrega de vehículos, en la provisión de servicios de mantenimiento y repotenciación de la flota que se emplea para la limpieza de la ciudad, así como la recolección de la basura.

Por esa razón, Emaseo decidió terminar el contrato de forma unilateral, pero la compañía proveedora interpuso una demanda que resultó a su favor en la sentencia emitida por el juzgado de Garantías Penales.

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