8 de August de 2009 00:00

Ella es indiferente al problema fronterizo

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Nathalie Cely. Ministra coordinadora de la producción

Reds. Ecuador y Negocios

La ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, no desmaya en su intento de bajar el perfil al problema fronterizo, por la aplicación de la salvaguardia cambiaria a 1 346 productos colombianos.

Eso ha sido muy evidente en sus intervenciones públicas. Sus pronunciamientos se han limitado a hacer una defensa técnica de la aplicación de la medida.

¿Quién es?
Nathalie Cely estuvo durante dos años al frente del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, antes de ser nombrada Ministra Coordinadora de la Producción. Es economista.  

Por más de una vez ha dicho que las salvaguardias son necesarias y urgentes para tratar de equilibrar la balanza comercial con el vecino del norte. Eso, en el contexto de que Colombia devaluó su moneda y, en definitiva, a los ecuatorianos les resulta más barato comprar productos colombianos. Esa realidad ponía en riesgo a la producción local.

Las salvaguardias rigen desde el 13 de julio pasado. Al siguiente día, desde que se abrió el Puente Internacional de Rumichaca (06:00), la Policía colombiana montó un control fijo en el paso fronterizo. Los uniformados empezaron a ejecutar un agresivo operativo para impedir el ingreso de víveres y de otros productos de origen ecuatoriano. 

El intercambio comercial a menor escala se afectó y el primer incidente se registró pocas horas después. Un grupo de comerciantes se enfrentó a la Policía y el paso fronterizo se convirtió en un escenario para el cruce de bombas y piedras.

¿Qué hizo?
Insistir en la defensa técnica de las salvaguardias cambiarias a los productos colombianos, desestimando el problema que se ha generado en la zona de frontera por la reducción del comercio.

Los comerciantes dijeron que lo hicieron en defensa de su trabajo, mientras que la decisión de la Policía se la interpretó como una reacción a la resolución del Gobierno ecuatoriano.

El ambiente fue tenso en los días posteriores y 48 horas después, Cely dio una escueta declaración. “Es una decisión del Gobierno colombiano. Están controlando el comercio informal, lo cual, de alguna manera, perjudica al comercio formal”.

Pero, ya en el escenario de los hechos, la realidad era otra. Las 3 000 personas, que viven en Tulcán y dependen del comercio informal, buscaban los mecanismos para llegar a los mercados de Ipiales con los víveres.

Encontraron en los 35 pasos fronterizos no reconocidos las mejores vías para evadir el control de la fuerza pública. El contrabando se incrementó y las ventas cayeron en Tulcán.

¿Qué dijo?
“La Policía colombiana está controlando el comercio informal y, sin duda, que eso afecta en algo al comercio formal. Pero esa es una decisión del Gobierno del país vecino”.

Los comerciantes de la ciudad colombiana de Ipiales y de la capital carchense armaron un frente común para pedir a las autoridades locales que intercedan ante sus respectivos gobiernos para que se encuentre una salida al problema. Narcisa Montenegro, gerenta de una empresa de importación y exportación de Carchi, fue radical.

“Desde Quito y Bogotá nunca se ha entendido la lógica de vida en las zonas de frontera. Acá, el comercio es el principal sustento de vida y lo grave es que se está poniendo un freno a la actividad y no se le da otra alternativa de subsistencia a la gente”.

El problema parecía crecer como una bola de nieve y la Ministra envió a la frontera colombo-ecuatoriana a una comisión, encabezada por Juan Lozada, quien en ese entonces era director encargado del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones.

Lo acompañaron el técnico del Ministerio de Industrias, Dumani Sánchez; y el de Agricultura y Ganadería, Carlos Romero.

La Ministra aseguró que se desplazaban con el propósito de levantar un informe sobre las incidencias de la medida. El documento no se ha hecho público hasta ahora.

Con el paso de los días, la Policía colombiana ablandó los controles hasta que ahora ya dejan ingresar sin ningún problema los víveres ecuatorianos.

Las protestas se reactivaron en esta semana. Los directivos de las federaciones de transporte pesado de Carchi e Ipiales convocaron a una movilización, para pedir que los gobiernos de ambos países depongan actitudes y den facilidades para el desarrollo del comercio binacional.

El principal argumento fue que la caída de las importaciones ha afectado gravemente al gremio. Solo en Carchi están registradas 600 tractomulas, que hasta antes de la vigencia de las salvaguardias hacían hasta tres viajes a la semana. Ahora, realizan uno. Omar Guerrón, representante de los camioneros, aseguró que esa es la principal muestra de que la economía fronteriza se está paralizando.

La movilización fue el pasado jueves y se unieron comerciantes, taxistas, estibadores, cambistas y autoridades. Durante dos horas se tomaron el Puente Internacional de Rumichaca y allí redactaron el Acuerdo de Rumichaca.

El documento da 10 días de plazo a las autoridades nacionales para que ofrezcan alternativas. Cely ha guardado silencio.

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