6 de octubre de 2019 00:00

Augusto de la Torre ‘Eliminación de subsidios es una decisión histórica’

Augusto de la Torre cursó la maestría y el doctorado en Economía en la Universidad de Notre Dame. Foto: Cortesía

Augusto de la Torre cursó la maestría y el doctorado en Economía en la Universidad de Notre Dame. Foto: Cortesía

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César A. Sosa. Macroeditor

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¿Cuál es su balance de las medidas y reformas económicas?
La decisión de eliminar el subsidio al precio de los combustibles y reemplazarlo por uno más directo para segmentos poblacionales menos favorecidos es una medida sumamente difícil políticamente, pero de importancia histórica.

¿Por qué?
Porque el país ha vivido con estos subsidios desde los años setenta y, si bien tienen una racionalidad política, no tienen justificación fiscal, distributiva o ambiental. Los recursos fiscales se fugan vía contrabando, el grueso de ese subsidio va a empresas grandes y a familias con dinero. El subsidio y el monopolio de la refinería estatal generan una lógica perversa, donde la refinería produce diésel de mala calidad. Los habitantes ya sienten que el aire está envenenado.

¿La eliminación del subsidio es la parte medular de las medidas?
Me parece que, de todas, es la más importante y valiente.

Los combustibles se venderán a precios internacionales. ¿Y la calidad?
El Gobierno debería completar la medida permitiendo que las gasolineras compren los derivados al mejor postor, dentro o fuera del país. Así habría productos de mejor calidad y precio, y la refinería de Esmeraldas perdería su monopolio y tendría que competir en un mercado abierto, obligándola a ser más eficiente o a cerrar. El mercado energético sería más eficiente. Eso sin perjuicio de que el Gobierno decida subsidiar directamente el transporte público, para que los pasajes no suban mucho o, a cambio, se mejore el servicio. La mayor parte de países en el mundo tiene algún subsidio al transporte público. El Gobierno podría dar una tarjeta magnética para que las familias más pobres la usen en el transporte público, es decir, pensar en subsidios directos y focalizados.

¿Es suficiente subir en USD 15 el bono de desarrollo humano?

No he visto los números, pero Ecuador ha desarrollado un mapa bastante bueno de la gente con bajos ingresos, por lo que esa compensación es bastante razonable. Pero se podría discutir una solución más razonable, porque el transporte público es casi un bien público y hay que tratarlo de esa manera, especialmente ahora que hay herramientas digitales, que permiten hacerlo de una manera más eficaz.

¿La eliminación del subsidio era la mejor opción?
Cuando se habla de solucionar los problemas económicos, un país tiene tres objetivos. El primero y más importante es de empleo y desarrollo económico, el segundo es volver al equilibrio fiscal y el tercero es que las cuentas externas y de balanza de pagos estén bien. Lo difícil en economía es hacer cosas que ayuden a los tres objetivos. En Ecuador hemos pecado porque nos concentramos solo en uno, a expensas de los otros.

¿Las medidas cumplen esos tres objetivos?
Ayuda en la parte fiscal y es amigable con el crecimiento, lo cual hay que felicitar. Había muchas formas de reducir el déficit fiscal, pero la eliminación de los subsidios puede llevar a que el sector energético se desarrolle. Además, el Gobierno está haciendo otras cosas que pueden ayudar al crecimiento, como reducir impuestos y aranceles a maquinarias, insumos, computadoras, celulares, etc. Hay que reconocer que, en general, el paquete fiscal está bastante bien armado: está arreglando la situación fiscal sin dañar el objetivo de crecimiento.

¿Qué problemas no resuelven las medidas?

Se quedan bastante cortas en la reforma laboral.

¿No son suficientes las nuevas modalidades de contrato y el cambio de la jubilación patronal?

Hay dos cosas importantes en la reforma laboral. La una es la renovación de los contratos ocasionales en el sector público con un 20% menos en la remuneración. Y la segunda es que se retoma el contrato a plazo fijo (a un año). Son pasos adelante, pero creo que un efecto más potente hubiese sido hacer algo para reducir los costos del despido y compensarlos con una mochila de protección mejor diseñada, para que el trabajador pueda mantenerse en su transición de un empleo a otro. En Ecuador necesitamos un mercado laboral más móvil. Ahora hay muchos riesgos, porque quienes pierden un trabajo se quedan ‘colgados de la brocha’.

¿Qué se necesitaba?
Una reducción importante en los costos del despido y un sistema de aportes que le den al trabajador por lo menos tres meses de sueldo en su mochila de compensación. Eso le habría dado mucho mayor dinamismo al empleo formal.

Pero existen el seguro de desempleo y el de cesantía.
Son pequeños. Si hay un problema grave, ese seguro de desempleo se queda sin recursos rápidamente.

¿El nuevo contrato a plazo fijo será beneficioso?

El problema del contrato a plazo fijo es que, si todo el mundo lo usa, no habrá suficiente inversión en capital humano. El empleador sabe que al finalizar el año saldrá el trabajador y no invertirá en su capacitación. Y un mercado sano debe contar con incentivos para que se invierta en la capacitación de los empleados. Eso se consigue cuando los costos de despido son bajos.

¿Qué efecto tendrá la falta de esa reforma?
Que la reactivación económica se va a demorar más.

¿Pero se espera una reactivación del empleo formal con estas reformas?

Aunque van en la dirección correcta, es difícil anticipar cómo reaccionará la inversión privada, considerando que peleamos contra algo que no podemos controlar, que es un dólar muy fuerte, que nos restringe la competitividad. Por eso me hubiese gustado que el Gobierno vaya más allá en la reforma laboral.

Formación.  
Augusto de la Torre cursó la maestría y el doctorado en Economía en la Universidad de Notre Dame.
Experiencia.
Fue gerente del Banco Central en el gobierno de Sixto Durán Ballén. En los últimos diez años ejerció como Economista Jefe para América Latina del Banco Mundial. Actualmente es profesor en la Columbia University, es director del Centro de Investigaciones Económicas de la UDLA y Senior Non-Resident Fellow de Brookings Institution.

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