Electricidad: ¿y el futuro?

Marco Arauz Ortega, subdirector

Se necesita mucha presencia de ánimo o convicción, o las dos cosas a la vez,  para tratar de convertir  la crisis energética  en un tema propagandístico en favor del Gobierno. A más de apelar al descuido de los gobiernos anteriores para tomar soluciones definitivas, las cuñas hablan de que se trata del efecto climático en toda la región.    

Que el Gobierno es corresponsable por la falta de medidas oportunas es tan claro como las declaraciones del ex ministro Alberto Acosta, cuyos argumentos se pueden resumir en que no se cumplió el plan de prevención de 2007 -basado en la instalación de termoeléctricas- pese a que se avizoraba una sequía.

Que el problema es generado por el cambio climático y que afecta a toda la región, es una verdad a medias. La sequía es real, pero también es real que hay países que no están sufriendo cortes de energía. Colombia y Perú están vendiendo energía al Ecuador, y en el Cono Sur no se prevén problemas como los de Venezuela y Ecuador.

El Gobierno falló en la prevención pero quizás también falla en el enfoque  para el largo plazo. La crisis también debiera servir para revisar la validez del modelo  que está detrás, pero los gobernantes insisten en mantener un esquema estatista y subsidiado que irremediablemente provoca déficit. A nadie le interesa invertir cuando la energía se vende por debajo de su costo de producción y la distribución está en manos de estatales que, con excepciones,  no cobran las facturas y tienen pérdidas, no solo por falta de inversión en la infraestructura sino por robo de energía (24,2%  del total producido) .

Colombia, a raíz de los problemas climáticos de 1992, dejó en manos del Estado la regulación y la vigilancia, y permitió que el sector privado construyera proyectos y comercializara la electricidad, con reglas claras y tarifas eficientes. ¿Demasiado para un Gobierno centralista?