La Comisión de Justicia de la Asamblea ya presentó su informe para segundo debate. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Para que las reformas al Código de la Democracia puedan aplicarse en las elecciones presidenciales y legislativas de febrero del 2021, estas deben estar aprobadas y publicadas en el Registro Oficial hasta fines de enero del 2020, como plazo límite.
La Constitución, en su artículo 117, prohíbe realizar reformas legales en materia electoral un año antes de la celebración de los comicios.
Este tema volvió a la palestra una vez que se efectuaron las elecciones seccionales y del Consejo de Participación (Cpccs). Durante el proceso, se desnudaron vacíos normativos, que requieren ser ajustados a través de un cambio.
Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) trabajan en un proyecto que será presentado a la Asamblea Nacional. Lo que aún no han decidido los consejeros, es qué vía se adoptará para que la Legislatura tramite esta normativa.
La razón: en el Pleno de la Asamblea permanece estancado el análisis de este cuerpo legal, desde hace 459 días. El 4 de enero del 2018, el segundo debate sobre el informe que elaboró la Comisión de Justicia se suspendió.
Entonces, se incluyeron modificaciones relacionadas a la publicidad de instituciones públicas durante la campaña. También estaba la licencia que deben solicitar las autoridades que buscan la reelección y la prohibición de usar la imagen de líderes de partidos para promocionar a sus cuadros.
Otro aspecto que se agregó fue la figura de los Consejos Consultivos de las Organizaciones Políticas.
Una opción que se baraja dentro del CNE es proponer observaciones al informe que ya tramitó la Comisión de Justicia, que pudieran ser tratadas en el segundo debate. Así lo señaló Diana Atamaint, presidenta del ente electoral.
La funcionaria considera “urgente” que se concreten las modificaciones. A su criterio, esta sería la vía más efectiva y rápida, tomando en cuenta la cercanía de las elecciones presidenciales y legislativas.
Otra opción es que el CNE presente un nuevo proyecto integral de reformas, que deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Posteriormente, esa instancia lo enviará a una comisión especializada, para que elabore los informes para el primero y segundo debates.
El consejero Luis Verdesoto, quien ya tiene listo un primer borrador de reformas, se inclina más por esta vía. Incluso, plantea que se conforme una comisión ocasional para tramitar exclusivamente las reformas al Código de la Democracia, con el acompañamiento permanente del CNE.
El constitucionalista Ismael Quintana cree que bajo este mecanismo, el tratamiento del proyecto de reformas podría tardar cinco meses.
El experto cree que no sería viable la opción de incluir el paquete de reformas del CNE para el segundo debate, pues dice que la Ley de la Función Legislativa no permite incorporar artículos que no se trataron en el primer informe.
Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, en cambio, cree que se pudiera solicitar a la Comisión que elabore un “alcance” para el segundo debate. Agrega que la Asamblea debe “conciliar jurídicamente” con el CNE para que ingrese su proyecto.
Hidalgo recordó que Participación Ciudadana presentó sus propuestas en el 2018. Entre ellas, se incluyó la obligatoriedad de los debates, para que la ciudadanía conozca las propuesta de los candidatos.
Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, considera que las reformas deberían ser retomadas.
La legisladora dijo que el CNE no ha remitido, por el momento, ninguna observación a la Comisión que preside.
Entre los consejeros electorales hay acuerdos en ciertos temas que deberían ser reformados. Uno de ellos se relaciona con la regulación y tipificación de la campaña anticipada.
También se propone la sustitución del método D’Hondt para la asignación de escaños. En su lugar, se plantea el método Webster. Este cambio no se tomó en cuenta en el informe para segundo debate que reposa en la Legislatura.
Además se propone eliminar circunscripciones territoriales y controlar de mejor manera el financiamiento privado.
Otras organizaciones sociales y expertos también plantean reformas. Es el caso del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas. El experto cree que se deberían unificar todos los proyectos en un solo cuerpo, para que ingrese a la Legislatura con el respaldo del CNE.
“En la Comisión se fueron por las ramas, no trataron lo principal”, manifestó.
El consejero Verdesoto, en el primer borrador que presentó, se enfocó en la restitución de la proporcionalidad en el sistema electoral, financiamiento transparente, comunicación política, nuevos modelos de partidos, organización del CNE y delimitación de competencias con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Propone eliminar el voto entre listas para dignidades pluripersonales y establecer nuevas barreras para los partidos que no alcancen un mínimo de votación. En esa línea, sugiere que si un candidato no alcanza el 4% de votos válidos en su determinada circunscripción, tendrá que restituir los fondos que el CNE le otorgó para su campaña. Además, dice que para que un candidato participe, debería estar afiliado a un partido mínimo dos años. “Así controlaremos el préstamo de partidos, como pasó ahora”.
Estas propuestas todavía no han sido consideradas por el Pleno del CNE.