Desde el 6 de septiembre, el Tribunal Contencioso Electoral está incompleto. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
La inscripción de candidaturas para las elecciones del 24 de marzo del 2019 se inició con un Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no operativo. Desde el 6 de septiembre pasado, el TCE cuenta solo con dos jueces, quienes fueron ratificados tras el proceso de evaluación que impulsó el Consejo de Participación transitorio (Cpccs). Los magistrados en funciones son Arturo Cabrera y Patricia Guaicha.
En la sede matriz del TCE hay poco movimiento. Un cartel colocado en la puerta de ingreso anuncia que la recepción de documentos se realiza las 24 horas del día. La sala de sesiones y el Pleno del TCE lucen vacíos.
En la secretaría del organismo hay 33 causas represadas. Su resolución está pendiente porque se requieren al menos tres votos afirmativos, de los cinco jueces que deben integrar el Pleno.
Los procesos detenidos corresponden a recursos de apelación a las postulaciones al Cpccs, inscripciones de movimientos, quejas del fondo partidario, entre otras resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Para Camila Moreno, exconsejera del CNE, es “preocupante” que no esté conformada la instancia contenciosa, que tiene la capacidad de revisar actos administrativos electorales.
Con esa apreciación coincide José Cabrera, consejero del CNE. Pero el funcionario dijo que la conformación del TCE es un asunto que está “fuera de sus manos”.
Medardo Oleas, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, cree que la falta del órgano contencioso puede “poner en riesgo el desarrollo de los comicios”. El experto dice que si algún ciudadano impugna una candidatura, la normativa exige que los recursos de apelación se sustancien “de forma inmediata”. Los plazos para resolver las causas en el Tribunal Contencioso Electoral van desde dos hasta 30 días.
Según datos del TCE, en las seccionales del 2014 se resolvieron unas 400 causas electorales, como apelaciones, recursos de nulidad, revisión de infracciones, acciones de queja, entre otras.
Además, la ausencia de autoridades provocó retrasos en el pago de sueldos a los funcionarios del TCE. Debido a ese vacío administrativo, el Cpccs transitorio designó al juez Cabrera como representante legal del organismo. Esto ocurrió el 11 de octubre pasado.
Cinco días después, el Cpccs aprobó un reglamento para elegir a los otros tres jueces titulares y a cinco magistrados suplentes, que cumplirán sus funciones a manera de encargo.
Designación
Las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia tenían 10 días para proponer sus ternas a magistrados transitorios.
Darwin Seraquive, secretario del Cpccs, anunció que “solo las funciones Legislativa y de Transparencia han remitido sus ternas”. María de los Ángeles Bones, Víctor Ajila y Joaquín Viteri Llanga son los nombres propuestos por Transparencia.
En el caso de la Asamblea, en cambio, lo que se recibió fueron dos comunicaciones con una terna que se consideró el 8 de noviembre pero no se aprobó. “Los nombres no pueden ser considerados como los delegados propuestos por el Poder Legislativo”, aclaró la Asamblea.
Por esa razón, el Cpccs-t pidió ayer, 22 de noviembre del 2018, al Legislativo y al Ejecutivo que enviaran sus nombres hasta inicios de la próxima semana.
Entre tanto, ayer, el Cpccs transitorio posesionó a la comisión técnica que se encargará del proceso de selección de los jueces definitivos. El concurso durará entre dos y tres meses.
La inscripción de candidatos para las seccionales se extenderá hasta el 21 de diciembre. Después, el CNE calificará las candidaturas. Luego de esta etapa se podrían presentar recursos de apelación ante el TCE.