El binomio de la coalición Alianza Unión por la Esperanza, Andrés Arauz-Carlos Rabascall, está suspenso. Foto: EL COMERCIO
Un grupo de 40 juristas y constitucionalistas formuló un “llamado urgente” para que las autoridades electorales “corrijan” los procedimientos que se dieron en el trámite de la inscripción del binomio presidencial de Centro Democrático, a los que tacharon de ilegítimos.
El comunicado fue emitido hoy, miércoles 7 de octubre de 2020, cuando termina la fase de la inscripción de candidaturas para los comicios de 2021. Entre otros, contiene las firmas de Rafael Oyarte, Ismael Quintana, Medardo Oleas, Mariana Yépez y Hernán Pérez Loose.
“Quienes suscribimos, hacemos un llamado urgente a las autoridades públicas, a la ciudadanía y a la opinión pública, para que los inconstitucionales e ilegales actos del CNE y el TCE en este caso sean debidamente corregidos, a fin de que el país retorne al Estado de Derecho y se garanticen el debido proceso y la seguridad jurídica, que permitan que el Ecuador pueda tener un proceso electoral basado en la legalidad, la transparencia y el ejercicio cabal de la Democracia”, señalan.
Los juristas catalogaron de “ilegítima” y “arbitraria” a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de permitir a Centro Democrático que reemplace al expresidente Rafael Correa como compañero de fórmula de Andrés Arauz para la Presidencia de la República.
“En el caso de Centro Democrático, su nominado a la vicepresidencia, Rafael Correa, no cumplió a cabalidad el proceso de democracia interna que, además, debió perfeccionarse con su aceptación expresa y personalísima de tal nominación, por lo que el CNE debía descalificar la candidatura sin posibilidad de subsanación mediante su reemplazo”, señalan.
“¿Cómo se puede reemplazar algo que, jurídicamente, no existe? Sin candidato vicepresidencial no existe “binomio presidencial”, por lo que, en atención a la normativa vigente, la descalificación debió operar frente al binomio, conforme lo previsto en el artículo 143 de la Constitución de la República, mas no de la forma en que el CNE adoptó su ilegítima resolución en este caso”, añaden.
Los juristas también cuestionan que el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrea, declarara inaplicable la norma que obliga a la aceptación expresa, indelegable y personalísima de una candidatura, sosteniendo una supuesta inconstitucionalidad.
”Sin embargo, en su actuación olvida que nuestra Constitución de la República impide que los jueces inapliquen normas que creen inconstitucionales y obliga a que siempre se consulte, a tal respecto, a la Corte Constitucional, como lo disponen el artículo 428 de la Constitución de la República y los artículos 142 y 143 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), aún más cuando este deber ha sido confirmado por la Corte Constitucional en su jurisprudencia vinculante y muchos otros fallos”, apuntan.
Los expertos dicen que están “en defensa del ordenamiento jurídico vigente y de la necesaria corrección de procedimientos administrativos que garanticen la legalidad y transparencia del actual proceso electoral”.