El lunes de la semana pasada se realizó una jornada de protesta en el Centro Histórico, por las leyes aprobadas. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
El 15 de junio vence el plazo para que el Ejecutivo sancione o vete las dos leyes urgentes en materia económica. Carondelet descarta incluir nuevos impuestos, mientras que la Asamblea Nacional se desmarca de las medidas económicas emitidas hasta ahora.
Aunque al presidente Lenín Moreno le quedan dos semanas para pronunciarse, fuentes del Palacio adelantaron que el veto se podría dar en los próximos días, antes del tiempo previsto por la Constitución.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, adelantó que las observaciones se enfocarán en mejorar la Ley de Apoyo Humanitario y la Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, “sin distorsionar los temas de fondo”.
El artículo 138 de la Constitución de la República precisa que “si la objeción fuera parcial, el Presidente presentará un texto alternativo, que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto”.
La ministra Romo subrayó que el presidente Lenín Moreno “no va a abusar de su poder de veto para ir por encima de acuerdos de fondo alcanzados en la Asamblea, por lo tanto, no está prevista la creación de un nuevo impuesto”.
Ambas fueron aprobadas con los votos de Alianza País (AP), Creo y asambleístas independientes hace dos semanas, al límite del plazo que tenía la Asamblea Nacional para pronunciarse al respecto.
Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo, tras descartar que para ello existiera un acuerdo de su movimiento con el Gobierno, sostuvo que los dos proyectos son necesarios para la economía del país y sus relaciones con el exterior.
“El procesamiento de las mismas fue complejo, logramos hacer un buen trabajo y mejorar las leyes significativamente frente a cómo fueron remitidas por el Ejecutivo”, acotó el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP).
Litardo enfatizó que ninguna acción adoptada por el Ejecutivo hasta ahora tiene que ver con estas normas.
De hecho, el bloque de Alianza País y aliados (AP) instó al Gobierno a que dejara sin efecto la reducción de la jornada laboral para los maestros y otros servidores públicos. El Bloque de Creo también tuvo una postura similar.
Si el Ejecutivo opta por presentar sus objeciones en el veto -en vez de enviar estas leyes al Registro Oficial-, la Asamblea tendrá dos únicas opciones: ratificarse o allanarse.
Para ratificarse en el proyecto inicialmente aprobado, en todo o en parte, el Pleno requiere el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros (71 votos), según el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
En cambio, para allanarse a las observaciones del Ejecutivo, la norma exige el voto favorable de la mayoría de asistentes a la sesión del Pleno.
El pronunciamiento del Parlamento debe darse en un solo debate en un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la fecha en que sea presentada la objeción parcial. Si no lo hace, el Ejecutivo puede disponer la publicación inmediata en el Registro Oficial.
En cambio, la que mayores reparos mantiene es la Ley de Apoyo Humanitario, a pesar de que el Ejecutivo dejó fuera el capítulo de las contribuciones de empleados y empresas para enfrentar la crisis.
En medio del confinamiento por la pandemia, los sindicatos realizaron manifestaciones en las últimas semanas para exigir que el Gobierno vete los artículos relacionados con la flexibilidad laboral; y analizan seguir con estas acciones.
Mesías Tatamuez y José Villavicencio la catalogaron como la “Ley de la esclavitud”. Litardo, en cambio, sostuvo que “se han incorporado nuevos mecanismos de contratación para que el empleador pueda cuidar las fuentes de empleo y que no se precariza el trabajo”.
El texto debatido incluye mecanismos como la reducción de emergencia de la jornada de trabajo y el adelanto de vacaciones. Además, de un contrato de emergencia que podrá celebrarse por el plazo máximo de dos (2) años y que podrá ser renovado por una sola vez por el mismo plazo. Esto en jornadas parciales o completas de hasta seis días.
El Comité Empresarial Ecuatoriano también solicitó al Ejecutivo nueve objeciones al proyecto. Entre ellas, una en contra de la disposición interpretativa al artículo 169 del Código de Trabajo sobre despidos en casos de fuerza mayor; y otra sobre la posibilidad de vuelos internacionales directos a las islas Galápagos.
Las fechas claves de las leyes económicas para paliar la crisis
16 de abril del 2020
El Ejecutivo envió los proyectos de Leyes Humanitaria y de Ordenamiento de Finanzas Públicas. Tienen el carácter de económico urgente, por el estado de excepción.
15 de mayo del 2020
Con 74 votos a favor, 54 en contra y 4 abstenciones, la Asamblea aprobó la Ley Humanitaria, sin el capítulo de las contribuciones especiales de empleados y empresas.
16 de mayo del 2020
La aprobación de la Ley del Ordenamiento de las Finanzas públicas se dio con 72 votos a favor, al cabo de dos votaciones fallida. Por un voto se libró del archivo total.
15 de junio del 2020
Este es el plazo límite que tiene el Gobierno para presentar sus observaciones a los dos proyectos. El Legislativo tiene que pronunciarse respecto del veto.
EL COMERCIO
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