El Consejo Nacional Electoral (CNE) para la promoción electoral de los comicios del 2021 se preveía un presupuesto de aproximadamente USD 44 millones. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, plantea que se elimine “cualquier asignación y promoción electoral” para las elecciones presidenciales previstas para el 2021.
La noche de ayer, jueves 16 de abril del 2020, llegó al Legislativo la normativa anunciada por el presidente de la República, Lenín Moreno, para enfrentar la emergencia sanitaria por pandemia ocasionada por el covid-19.
El la disposición transitoria cuarta, el proyecto establece: “Para el proceso electoral del 2021, se eliminará cualquier asignación a publicidad y promoción electoral o relacionada con el proceso electoral”.
Sin embargo, esa disposición esboza una posibilidad para que el plan de trabajo de los candidatos se conozca. “Los candidatos a las distintas dignidades expondrán sus planes de trabajo a través de debates obligatorios que serán transmitidos por los medios de comunicación de acuerdo a lo que se establezca en el Reglamento”.
Para dos expresidentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y un constitucionalista, esa disposición choca con la Constitución que establece que la promoción se realice de manera equitativa para todos los candidatos.
Carlos Aguinaga, expresidente del TSE, señaló que la promoción electoral está establecida en el artículo 115 de la Constitución. También señaló que un problema sería el cómo se dan a conocer los candidatos si por mandato está prohíba la propaganda privada.
Para Medardo Oleas, también exprincipal del TSE, no hay otra forma de que un ciudadano vote de manera informada que no sea mediante el conocimiento de los planes de gobierno de los candidatos. “Suprimir de manera definitiva es riesgoso. Si se suspende una norma constitucional, vamos a tener un sistema democrático deficiente”.
El artículo 115 de la Constitución señala que “el Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. Los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias”.
Para el constitucionalista Emilio Suárez, el problema con el planteamiento está en la redacción. Esto porque no se puede eliminar ese rubro que se garantiza en la Constitución. “Si es que el Estado termina financiando los debates lo que habría sería un ajuste y no una eliminación. El problema es la redacción de artículo”.
Según el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la promoción electoral de los comicios del 2021 se preveía un presupuesto de aproximadamente USD 44 millones. Sin embargo, hasta el momento no se ha aprobado el presupuesto para el proceso electoral.
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