23 de octubre de 2019 00:00

Ejecutivo dinamiza el diálogo e instruye a los gobernadores

El presidente Lenín Moreno convocó ayer a los 22 gobernadores del país a Carondelet, para que reconstruyan relaciones con las comunidades. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

El presidente Lenín Moreno convocó ayer a los 22 gobernadores del país a Carondelet, para que reconstruyan relaciones con las comunidades. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

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Daniel Romero. Redactores (I)

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Para elaborar la nueva política de subsidios a los combustibles, que entrará en vigencia vía Decreto, el Gobierno tiene una postura definida: la decisión no se limitará al diálogo con solo un sector social.

Por ahora se han concretado acercamientos con 80 organizaciones de trabajadores, indígenas, campesinos, sindicatos, empresarios, transportistas, entre otros actores. Este martes 22 de octubre del 2019 en el Palacio de Carondelet hubo un ajetreo inusual.

A la sede del Ejecutivo asistieron todos los gobernadores del país. También estuvo una comitiva de la Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Además, fue convocado el presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros (Fenacotip).

Todos arribaron al Palacio con el mismo objetivo: avanzar en el diálogo para alcanzar un acuerdo consensuado.

La primera reunión de la jornada se efectuó entre Gabriel Martínez, ministro de Transporte, y Abel Gómez, titular de la (Fenacotip). El funcionario sostuvo que las conversaciones buscan mantener la paz y no interrumpir el servicio, para no afectar a los ciudadanos. La idea es evitar nuevas paralizaciones. Gómez, en representación del gremio, sostuvo que no respaldarán ningún intento de desestabilización.

Santos Villamar, titular de Fenocín, dijo que presentarán su propuesta para el Decreto. Foto: Andrés García  / EL COMERCIO

Santos Villamar, titular de Fenocín, dijo que presentarán su propuesta para el Decreto. Foto: Andrés García / EL COMERCIO


Además, deslindó responsabilidades por los desmanes registrados durante el paro y se mostró partidario de una focalización del subsidio a los combustibles.

Minutos después, el presidente Lenín Moreno, el vicepresidente Otto Sonnenholzner y la ministra de Gobierno María Paula Romo se reunieron con los 22 gobernadores del país. Esos funcionarios jugarán un papel clave a corto plazo, para “reconstruir las relaciones con las comunidades” de cada provincia.

En la cita, los gobernadores efectuaron un balance de las acciones que ejecutaron durante las manifestaciones, recibieron lineamientos en materia de seguridad y fueron instruidos para “estrechar lazos” con las organizaciones.

Moreno reconoció que el Gobierno falló al no detectar a tiempo la “avalancha” que se les vino. Volvió a apuntar a seguidores del correísmo como los mentalizadores de un intento de golpe de Estado.

“La tarea es grande, algunos de ustedes han pasado momentos difíciles; gracias a su apoyo el Gobierno pudo sostenerse y pudimos evitar un golpe de estado latente”, les dijo.

Paralelamente, en el salón azul de Carondelet, el Secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, ofreció una rueda de prensa con Johanna Pesántez, secretaria Jurídica de la Presidencia.

La funcionaria explicó algunos puntos del veto presidencial al Código Orgánico Integral Penal (COIP), como la tipificación de ataques a periodistas durante eventos que causen conmoción social.

Después, Roldán se refirió a las declaraciones del titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Jaime Vargas, sobre “conformar un ejército propio”.

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), en una rueda de prensa el 12 de octubre del 2019. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO


Al respecto, advirtió que quienes anuncian algo tan grave deben responder a la justicia. “Son los jueces y fiscales quienes deben determinar si esas expresiones constituyen un delito y evitar que una barbaridad como esa se lleve adelante en el país”, apuntó.

La ministra Romo también cuestionó la declaración y recordó que el delito de subversión está tipificado.

Roldán ratificó que desde el Gobierno se interpondrán denuncias por posibles delitos cometidos durante el paro, como el secuestro de más de 300 militares y policías.

Sin embargo, también asumió que hubo errores del Gobierno en lo que respecta a la comunicación, valoración política de las decisiones y labores de inteligencia.

Sobre la postura de Vargas y la carta que el movimiento envió al FMI, señaló que el diálogo no se limita a la Conaie. “El tema de los subsidios en el país es global, no es un tema eminentemente indígena. Somos un país diverso. No solo hay indígenas, también hay mestizos, afroecuatorianos, extranjeros...()”.

En esa línea, Santos Villamar, presidente de la Fenocín, sostuvo que esa organización presentará una propuesta para elaborar el nuevo Decreto.

Minutos después del pronunciamiento de Roldán, el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, emitió un comunicado.

El dirigente dijo que se tergiversaron las declaraciones sobre “crear un ejército” y señaló que hacía referencia a la denominada guardia indígena, amparada en su autodeterminación y pluralismo jurídico.

Vargas sostuvo que esa guardia no tiene estructura militar y que su rol es la “vigilancia, control, alarma, protección y defensa de los territorios”.

Severino Sharupi, exdirigente de la Conaie, manifestó que la guardia indígena tiene tres objetivos: control en sus territorios ante robo de sembríos o productos; defensa de las comunidades ante el avance de empresas mineras, hidroeléctricas o petroleras; y protección durante las movilizaciones. “Hay desconfianza con la Policía, porque cuando se han desatado conflictos más bien defienden a las empresas”, dijo.

Tanto la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) como la Fenocin marcaron distancia con las declaraciones de Vargas.

Manuel Chugchilán, de la Feine, señaló que por sus principios “un ejército paralelo al del Estado no va”.

Santos Villamar, de Fenocin, abogó por la reconciliación para alcanzar un acuerdo.

Por su parte, Salvador Quish­pe, dirigente del movimiento indígena, dijo que nunca ha sido parte de la agenda de la Conaie el conformar un ejército.

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