El ministro del Trabajo, Carlos Marx Carrasco, precisó que los cambios serán anunciados el sábado próximo por el Presidente de la República. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.
Hasta el 31 de agosto pasado, la Función Ejecutiva estaba compuesta por 127 entidades: Presidencia, Vicepresidencia, seis ministerios coordinadores, 22 ministerios sectoriales, 31 empresas públicas y sus subsidiarias y 66 entidades adscritas.
Así lo muestra un cuadro publicado por el Ministerio del Trabajo sobre la Estructura Orgánica del Sector Público.
El número llega a 161 si se suman 27 instituciones creadas por ley y la Constitución y siete organismos financieros que, aunque en estricto sentido no son parte del Ejecutivo, están supeditadas a su coordinación como la CFN, el SRI, la Junta de Defensa del Artesano y otras.
Aún no se conoce el plan de optimización del aparato público anunciado por el Gobierno días atrás, pero la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) aclaró que solo implicará al Ejecutivo.
Entre las 66 entidades adscritas a esta función del Estado se hallan secretarías, institutos y agencias públicas como la Secretaría de Gestión de la Política, la Agencia de Regulación de Agua, el Instituto Nacional de la Meritocracia, la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, etc.
Aunque para el Gobierno la nueva revisión al aparato estatal no es más que un tema rutinario, se da en momentos en que la caída del precio del crudo golpea a la caja fiscal.
El ministro del Trabajo, Carlos Marx Carrasco, precisó ayer que los cambios serán anunciados el sábado próximo por el Presidente de la República. En término de empleos públicos, sin embargo, ya se aprecia un ajuste. Según el boletín de ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas, a marzo del 2015 el Presupuesto reportaba 491 994 servidores (sin contar gobiernos autónomos, empresas públicas y seguridad social).
Esto significa 7 926 empleados menos comparados con los 499 920 que había hasta diciembre de 2014. La mayor reducción se dio en los sectores administrativo y electoral.
El titular de la Senplades, Pabel Muñoz, minimizó los cambios anunciados y dijo que se hacen porque siempre se busca la eficiencia y no porque el Estado esté obeso. Reconoció que se crearon 40 entidades desde el 2007, pero agregó que “lo que no se dice es que se cerraron 100 que no eran necesarias”.
Según datos del Banco Central, el gasto de sueldos del Gobierno central y entidades descentralizadas pasó del 7 al 9,4% del PIB entre 2006 y 2014.
El Gobierno ha defendido que este aumento se debe en parte a que, por mandato constituyente, tuvo que incorporar entre 2008 y 2009 a personal que estaba tercerizado.
Los datos públicos del Ministerio de Finanzas, sin embargo, revelan que la burocracia no dejó de crecer después de eso. Así, entre el 2012 y el 2014 se crearon 38 070 empleos.
Para el exministro de Finanzas, Marco Flores, las cifras de gasto público son una demostración palpable del crecimiento de la burocracia en los últimos años. Él cree que el recorte que hoy se busca no es tarea difícil, ya que podría ser recesivo para la economía. Por eso asegura que se debe apuntar a eliminar el gasto superfluo. “Dejar de gastar en el Festival del Encebollado, en instituciones como el Buen Vivir. Correa tiene dos aviones, debería quedarse con uno (…) Y me parece que es el momento de liberar el precio de la gasolina”.
El titular de la Federación de Servidores Públicos, Miguel García, dice que más de 55 000 funcionarios han salido del Gobierno, pero estas partidas no fueron suprimidas y hay otros 120 000 bajo el régimen de contrato, cuyos cargos deberían analizarse o al menos poner techo a su salario, dice García.
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el servicio civil ecuatoriano publicado ayer advierte un mejoramiento en la calidad del sector público entre 2011 y 2015. En esos años, el país pasó del puesto 15 al sexto en un listado de 16 países.
El Ministro de Trabajo dijo que esto se debe a que el país invirtió en talento humano.
El BID destaca que el país logró mejoras en la competitividad salarial, selección por méritos, el gasto de inversión en capital humano, optimización del gasto en personal, desarrollo de tareas, etc. Según el informe el gasto en servicio público con relación al PGE es del 22%, menor al 27 del 2011.