El primer mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro (izq.), aparece con Diosdado Cabello presidente de la Asamblea Nacional venezolana. Foto: Archivo / EFE
El acoso judicial de Estados Unidos a Diosdado Cabello por las supuestas actividades de narcotráfico del número dos del Régimen de Venezuela, pareciera que se acentúa cada vez más.
Al menos así lo deja en claro Roger Noriega, exsubsecretario adjunto de Estado de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental.
En una entrevista con el periódico estadounidense El Nuevo Herald,. Noriega hace unas declaraciones, que pudieran tener el efecto de una bomba noticiosa.
Aparte de Cabello, de 62 años y quien ha sido señalado como el supuesto cabecilla del cocainero Cartel de los Soles, los señalamientos apuntan también a Tarek el Aissami, gobernador del estado venezolano de Aragua. E incluso –aunque en menor grado- al actual presidente Nicolás Maduro.
¿Cuáles son las evidencias que posee Washington en contra del actual Presidente de la Asamblea Nacional (Congreso) venezolano? “Hay en este momento una serie de investigaciones substanciales, que vienen siendo realizadas desde hace algún tiempo, sobre los vínculos con el narcotráfico y altos funcionarios del Gobierno venezolano, y ciertamente Diosdado Cabello es uno de ellos. (…) Estas investigaciones están muy activas, y están generando volúmenes substanciales de evidencia (…)”. Así lo enfatiza el exembajador de Washington ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien fue uno de los primeros en informar sobre el cáncer que padecía el presidente Hugo Chávez, que finalmente acabó con la vida de este.
En el caso concreto del sucesor de Chávez, Noriega hace a El Nuevo Herald una declaración igualmente explosiva. “Las autoridades estadounidenses están muy al tanto de su papel de complicidad (de Maduro) con el narcotráfico y muy al tanto de que las campañas electorales que ha realizado en el pasado se han beneficiado del dinero del narcotráfico, incluyendo su campaña para la Presidencia”.
Para adelantar las indagaciones que se realizan a Cabello y El Aissami han sido importantes los testimonios que el capitán de corbeta venezolano Leamsy Salazar ha proporcionado a las autoridades de la DEA, la Agencia antidrogas estadounidense. El oficial, exguardaespaldas del número dos chavista y en la actualidad un testigo protegido de EE.UU., confirmó que Cabello – señalado como uno de los hombres más adinerados de la República Bolivariana- es el líder del Cartel de los Soles. Este clan criminal estaría conformado por militares y funcionarios de primera línea del chavismo.
Otras acusaciones incluso más duras de Leamsy Salazar en contra de quien fuera su jefe se incluyen en el libro ‘Bumerán Chávez’, de la autoría del periodista español Emili J. Blasco, corresponsal en Washington del diario madrileño ABC. En el tomo, que acaba de salir a la venta y que se sustenta en los testimonios de altos funcionarios chavistas que llegaron a EE.UU como testigos protegidos, Blasco se enfoca en los supuestos nexos del chavismo con la guerrilla colombiana de las FARC, el narcotráfico, el terrorismo y con ‘gobiernos forajidos’.
¿Qué se lee en el libro? Revelaciones impactantes que también se han ofrecido a las autoridades. Así: “En una finca entre Barinas y Apure, al parecer de propiedad de un testaferro (…) había un búnker gigante (…). Tenía cualquier cantidad de dinero en efectivo de pared a pared, montañas, unos encima de otros.
Medía unos diez metros por cinco”. Y continúa: “Había búnkers en otras fincas: en Bonagas, en Ciudad Bolívar (…).
En otro pasaje se lee: “Llegamos a cabo San Román (…) Cabello pregunta: ¿Están listas las hallacas? ¿cuántas hay ahí?. Eso no eran hallacas, pero usaban el nombre porque era algo envuelto. Eran toneladas de droga. Los de las lanchas dicen: «Ya estamos listos para el despegue». Se ven las luces de Aruba al otro lado. Era una noche muy clara. Era ya medianoche”.
Las declaraciones de Noriega y el libro de Blasco coinciden con el momento crítico que atraviesan las relaciones entre Venezuela y EE.UU., luego de que este último país declarara a la República Bolivariana como “una amenaza para su seguridad” y sancionara a siete funcionarios venezolanos.