2 de September de 2009 00:00

Educación en la mira

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Sebastián Mantilla Baca

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En los próximos días se enviará a la Asamblea el proyecto de Ley de Educación Superior (LOES).

Una de las novedades consiste en definir a la educación superior como un bien público. En este sentido, uno de los objetivos es garantizar a los ciudadanos el pleno acceso al sistema de educación superior.

Las cifras en el Ecuador son alarmantes: de cada 10 estudiantes, solo 3,6 se gradúan del colegio y apenas 0,3 va a la universidad.

Otro de los problemas que quiere corregir este proyecto tiene que ver con el profesorado. El 67% de los profesores universitarios trabaja bajo contrato y solo 33% tiene nombramiento. Esto hace que buena parte del cuerpo docente de las universidades se vea obligado a trabajar al mismo tiempo en varios lugares en desmedro de la calidad de la educación.

¿Qué decir de la investigación? Un informe del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) señala que en 15 de las 71 universidades del Ecuador no se investiga. ¿No es insólito?

Creo que esto no solo depende de las mismas universidades, por ello es importante que la educación superior se articule a una agenda de desarrollo del país y se convierta en  política de Estado.

No solo me refiero a exigir mayores recursos para investigación, sino, por ejemplo, lograr una mejor articulación entre empresa privada y sistema de educación superior. Veamos tan solo los casos de Alemania, Japón, EE.UU., India, entre otros.

Otro tema fundamental tiene que ver con el cobro de matrículas, aranceles o derechos.

En el art. 89 del LOES se obliga a las universidades particulares a establecer de manera obligatoria un pago diferenciado según  la realidad socioeconómica de cada estudiante.

Es cierto que ha habido abusos en el cobro de matrículas. La educación superior, en ciertos casos, se ha convertido en un negocio lucrativo.

No sé hasta qué punto pueda ayudar la existencia de una Secretaría Técnica que fije los costos de las colegiaturas. Esto puede afectar en términos de calidad.

En este mismo sentido, otro de los temas que genera polémica tiene ver con la conformación del futuro Consejo Nacional de Planificación, Regulación y Coordinación (Conaes).

Al estar integrado por un número significativo de representantes del Ejecutivo, el sistema universitario puede ser proclive de injerencia política y, por ende, ser afectado en su autonomía.

Aunque hay aspectos positivos en esta ley, hay razones de fondo que preocupan al Conesup y a los centros educación superior del país. Por ello, es importante abrir un espacio para el debate y el diálogo de tesis debidamente sustentadas.  

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