Patricia Mosquera es la hermana de Édison, joven muerto en el contexto del paro nacional de octubre del 2019 en Quito. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
La familia Mosquera visitará la tumba de Édison, muerto el 13 de octubre del 2019 en el contexto del paro nacional contra el Gobierno de Lenín Moreno en Quito.
Sus padres y sus dos hermanas acudirán hasta las afueras de la capital, en donde se encuentra el cementerio. La intención es rendirle un homenaje. Ahí desplegarán una bandera de Ecuador sobre su nicho. También llevarán flores.
Patricia, su hermana mayor, tiene doblada y planchada la tricolor. “Yo no olvido que él falleció por luchar por sus derechos”, enfatiza, mientras camina en el barrio La Argelia, en el sur de Quito, al iniciar octubre del 2020, cuando se cumple un año de la protesta que paralizó al país, en contra de la eliminación del subsidio estatal a los combustibles.
El departamento en el que vivía Édison, un joven que este noviembre hubiese cumplido 31 años, está vacío. La familia guardó sus pertenencias. Otra persona ocupará ese espacio en los próximos días.
Ella recuerda que la bandera cobijó el féretro de Édison cuando lo trasladaron al camposanto para su entierro. Todavía están presentes en su mente el llanto de su madre y padre. Hoy reclama justicia.
Mosquera murió el 13 de octubre del 2019 luego de permanecer en una unidad de cuidados intensivos siete días tras haber recibido el impacto de un proyectil en su cabeza.
A un año de su muerte, el caso sigue en indagación previa.
Es decir, la Fiscalía recoge indicios que pudieran llevar a una instrucción fiscal y quizá a un juicio. Patricia ve lejana esta posibilidad.
Señala que durante este año, el expediente ha pasado por tres fiscales y tiene una sensación de que esta muerte podría quedar “en la impunidad”.
El informe de la autopsia, que está dentro de los 14 cuerpos legales, concluye que Édison Mosquera murió por una hemorragia cerebral provocada por una laceración.
El examen practicado a su cuerpo indica que un proyectil “presuntamente arrojado por un arma de fuego” fracturó su cráneo y se alojó en su cerebro.
Dentro de las carpetas aparecen informes sobre la reconstrucción de los hechos.
Los Mosquera indican que él cayó herido el 7 de octubre en la calle Maldonado, a la altura de la Sociedad de Egresados del Mejía, cuando le gente protestaba en contra de las medidas económicas del gobierno.
Siete días después falleció en el hospital debido a la gravedad de las lesiones. La diligencia se practicó 15 días después de la muerte.
La hermana estuvo en una reconstrucción de los hechos y observó cómo los peritos buscaban restos de proyectiles.
También se fotografió toda la escena. “Quedaban rastros de llantas quemadas. Era evidente que en el lugar hubo una confrontación con la Policía”, sostuvo Patricia Mosquera.
Esta aclaración la hace, pues las autoridades dijeron que el impacto del proyectil se produjo en una zona donde no hubo enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes.
La abogada Luisa Villacís, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), patrocina este caso que se abrió por el delito de lesiones, pero que luego cambió a homicidio tras registrarse el fallecimiento del joven.
Villacís señaló que la Fiscalía hizo otra reconstrucción de los hechos en la que se encontraron “dos objetos plásticos esféricos”.
La familia cree que Édison murió por el impacto de una bala de goma que se arrojó desde el sector en el que estaban piquetes policiales.
De hecho, la abogada indicó que en el informe técnico pericial balístico se determinó que restos del proyectil que estaban en el cerebro de la víctima correspondían a balas de goma “por un tipo de proyectil que compone un cartucho antidisturbios”.
La defensa además solicitó conocer cuáles fueron las armas y municiones usadas ese día por los agentes que se encontraron en el Centro Histórico.
En una respuesta, que se adjuntó al expediente el 29 de octubre, la Policía señaló que se distribuyeron “escudos, cartuchos, granadas de mano de material GS (lacrimógeno) y granadas de multiimpacto (perdigones)”.
“En los informes de GIR se especifica que se distribuyeron armas como las Mossberg y Truflay, equipos para que se puedan proteger los agentes”, señaló la abogada.
Las investigaciones, añadió, fueron interrumpidas por la pandemia.
Hasta marzo estuvo presente en la toma de versiones de miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden y del Grupo de Intervención y Rescate. “En ninguna de las versiones se hace alusión específica a la muerte de señor Mosquera”.
Hoy, la defensa busca conocer cuáles fueron los agentes desplegados específicamente en la calle Maldonado, en donde se registró el pacto en la cabeza.
La abogada solicitó un nuevo informe para determinar la ubicación de los policías al momento del incidente. No tiene aún una respuesta.
De la misma forma están a la espera de que se realice la explotación de los videos solicitados a los negocios y casas cercanas a la escena del homicidio.
Mientras esto sucede, los Mosquera sienten el vacío. Añaden que ninguna autoridad gubernamental, ni policial se ha contactado con ellos.
Patricia continúa su camino a la casa y dice que están próximos a celebrar una misa por su hermano.
Hace una pausa frente a la tienda de su madre en la que solía colaborar Édison. Una camioneta blanca llama la atención.
En la puerta del balde se colocó la frase “Edison Eduardo nunca te olvidaremos”.
Ese vehículo lo prestó su padre para que él trabajara días antes de su muerte. Lo hizo para ayudarlo al perder su trabajo en un supermercado. El joven hacía fletes para mantener a sus dos hijas.
Su familia señala que la eliminación del subsidio al combustible, establecido en el Decreto 883, lo perjudicaba directamente y que por eso salió a protestar.