Yaku Pérez, presidente de la Ecuarunari, entregó a la Fiscalía una solicitud de medidas cautelares de prohibición de salida del país en contra del expresidente Rafael Correa, por el tema de la deuda pública. Foto: Tomada del Twitter de la Ecuarunari
La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) presentó este 10 de enero una denuncia penal en contra del expresidente Rafael Correa. El documento fue entregado por los dirigentes de esta organización en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, ubicada en las avenidas Patria y 12 de Octubre, norte de Quito.
Yaku Pérez Guartambel, dirigente de la Ecuarunari, mencionó que la denuncia se planteó por las presunciones de irregularidades en el manejo de la deuda pública realizado por el Gobierno anterior. “El expresidente Correa decía que la deuda pública llega a los USD 27 800 millones. Sin embargo, el presidente actual Lenín Moreno señala que es de 58 000 millones”.
Por esto, la dirigencia de la Ecuarunari espera que la Fiscalía investigue cómo se manejaron estos recursos económicos y, a la vez, se solicité una orden de arraigo para el exmandatario que se encuentra en Ecuador desde la semana anterior realizando campaña por el no para la Consulta Popular.
Alexis Mera, abogado y representante legal del expresidente Correa, dijo que “es tan grave el informe preliminar de la Contraloría (sobre la deuda pública), que va a provocar que le cierren todas las líneas de crédito al Ecuador. Esto se debe a que el Contralor considera que no debe aplicarse la metodología del Fondo Monetario Internacional para calcular el techo de deuda, por lo que concluye que el Ecuador no puede endeudarse más. Por lo que la última emisión de bonos que hizo el actual Gobierno también sería ilegal e ilegítima”.
Sobre el pedido de la Ecuarunari, señaló que es un pedido “político” y que “solo se hace para salir en la foto del diario al día siguiente. No tiene ninguna importancia”.
La denuncia penal en contra del expresidente fue suscrita por el Consejo de Gobierno de Ecuarunari que está presidido por Pérez, Blanca Chancoso, Carmita Lozano y otros dirigentes indígenas. Está previsto que la Fiscalía llame al reconocimiento de firmas a quienes promueven la denuncia.
La Ecuarunari espera que esto se cumpla en los próximos ocho días.
Aparte de este proceso, este 8 de enero la Contraloría General del Estado (CGE) conformó una veeduría ciudadana para que trabaje junto a la entidad en la auditoría a la deuda pública interna y externa.
Por este proceso fue notificado también el expresidente Correa y otros funcionarios del anterior Régimen.