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Acnur y el gobierno de Ecuador definen el mecanismo para vacunar a los extranjeros en condición de movilidad como venezolanos y colombianos

Giovanni Bassu, representante de Acnur en Ecuador, manifiesta que el flujo migratorio de personas más grande que tiene el país es de los ciudadanos venezolanos. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

A partir de agosto está previsto que se inicie el proceso de vacunación de las personas en condiciones de movilidad que se encuentran en Ecuador.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur; los ministerios de Salud y de Gobierno, Migración, Cancillería y otras entidades relacionadas con la movilidad humana afinan el mecanismo para registrar a la población que no se encuentra en el padrón electoral, como el resto de las personas, para acceder a la vacuna contra el covid-19.

José Ruales, viceministro de Gobernanza y Vigilancia del Ministerio de Salud, indica que los extranjeros que tienen cédula ecuatoriana pueden escribirse en https://lugarvacunacion.cne.gob.ec/ para acudir a cualquier centro que sea asignado cuando les toque su turno.

Pero para quienes no cuentan con la cédula, sobre todo para el caso de los ciudadanos venezolanos, se coordina con la Acnur, organismo al que se ha pedido ayuda para hallar la forma que permita que los migrantes se vacunen, independientemente de si están o no regularizados en el país.

“Nos interesa abarcar a la mayor cantidad de población para vacunarla. Con ese mecanismo los incluimos y les asignamos los centros de vacunación cerca de donde se encuentren viviendo”.

Sin embargo, quienes tengan enfermedades crónicas o estén en situación de vulnerabilidad se los vacuna de forma inmediata.

Daniel Regalado, de la Asociación de Venezolanos en Ecuador, cuenta que algunos coterráneos suyos acudieron a los puntos de vacunación y fueron atendidos, con la presentación de los certificados de su enfermedad.

Ruales comenta que esas son las instrucciones que se han dado en los puntos de vacunación para que los migrantes venezolanos no se queden por fuera del plan gubernamental 9/100.

“Lo que se quiere es que nadie se quede afuera, si no lo hacemos, no cubriremos la meta de reducir el contagio”, dice el viceministro.

Giovanni Bassu, representante de Acnur en Ecuador, manifiesta que el flujo migratorio de personas más grande que tiene el país es de los venezolanos y luego están los colombianos, que no es un fenómeno reciente.

En el informe de Monitoreo de Migración de Acnur, de octubre a diciembre del 2020, se detalla que en Ecuador había 417 000 venezolanos hasta finales del año pasado, según los cálculos que se realizaron.

Esas cifras podrían cambiar para finales del 2021, pues se estima que habría 523 000 venezolanos, porque la migración no se ha detenido, pese a que la frontera con Colombia permanece cerrada desde marzo del 2020 por la pandemia.

Con la Acnur se podrá llegar a esta población, porque trabaja con los grupos y organizaciones de los migrantes. Ruales cree que “por temor a ser identificada, no se vaya a presentar” y ahí Acnur es importante.

Bassu comenta que en el plan 9/100 del Gobierno se ha identificado a la población en condición de movilidad humana, que incluye a personas regulares y no regulares, como un grupo específico que se vacunará dentro de la fase 2 y es independiente de su estatus migratorio.

Piensa que Acnur es considerado como un actor estratégico en este proceso para identificar y trabajar con las personas que son solicitantes de asilo, refugiados o están en condición de movilidad, que necesitan protección. “Nosotros estamos muy abiertos a prestar apoyo en la coordinación de este proceso”.

Para ello se coordina con el Ministerio de Salud, de Gobierno y Cancillería “que son actores clave en la movilidad humana y salud pública para definir cuál va a hacer el mejor proceso o mecanismo más ágil para vacunar a las personas. “Eso es algo que todavía estamos armando”.

En su opinión, este programa no puede estar desconectado del proceso de regularización que ha hablado el presidente Guillermo Lasso y que también se está definiendo en estos días. “Un proceso de regulación generalmente necesita un proceso de registro completo de toda persona extranjera en el Ecuador; es un ejercicio de logística donde Acnur está dispuesto a apoyar con capacitaciones, como se lo hace en Colombia; también con recursos humanos, equipo biométrico”.

El país tiene varios registros migratorios y lo que se necesita es ampliar y usar eso, “sobre todo porque vamos a hacer el mismo ejercicio para el proceso de regularización, yo diría que podría ser una solución”.

Por eso, cree que es bueno conectar las dos cosas para no crear procesos paralelos, pero eso es algo que se va a ir definiendo y “estamos aquí para apoyar al nuevo gobierno, como ellos lo vean mejor, porque nos gusta este planteamiento que han hecho”.

Para cumplir con ese propósito es necesario informar a toda la población sobre este plan: qué quiere decir, cómo puede acceder. “Todos van a acceder a la vacuna, pero la cuestión es ver cuándo y cómo. Nosotros estamos tratando de facilitar esto, que sea lo más pronto posible y de modo flexible”.

Bassu espera que hasta agosto se identifique el modo de registro. “Pienso que las autoridades van a facilitar ese proceso. Nos han pedido ayuda para eso”.

Por esa razón, considera que no hay motivos para discriminación. “Pienso que el tema de salud pública aquí es vacunar la mayor cantidad de personas lo más rápidamente posible. Esa es la filosofía que entiendo que el Gobierno tiene”.

La principal cuestión es cómo identificar e informar al mayor número de personas posibles para que acudan a vacunarse.

Otro elemento clave, menciona Bassu, es asegurarse de tener bastantes vacunas. “Creo que la cooperación internacional tiene un papel importante para apoyar en este proceso, para asegurar que se puedan conseguir las vacunas, logística y recursos. Yo voy a abogar por un apoyo de la comunidad internacional, para asegurar que la vacuna llegue para todos, incluidas para las personas en condición de movilidad”.

En la actualidad, detalla Bassu, 230 000 venezolanos están regularizados, con varios tipos de visas o reconocidos como refugiados. También hay 100 000 colombianos con varios estatus, pero 70 000 están reconocidos por el gobierno ecuatoriano como refugiados y muchos viven en la frontera.