Las indagaciones de supuestos actos de corrupción en la delegación distrital del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) siguen sin comenzar en Guayaquil.
Hasta ayer, las puertas de la entidad, en el Malecón Simón Bolívar, continuaban con candado. Aún se espera la llegada de Johnny Ayluardo, el interventor nominado tras la providencia del Juan Hernández, juez Vigésimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha. Él dispuso el cierre de todas las dependencias del INDA por 72 horas.
Ayluardo será el encargado de investigar la delegación que cubre Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro y Galápagos. Los documentos en archivos y computadoras están en custodia de la Policía desde el pasado 25 de mayo.
Ayer pocos empleados se mantenían en los exteriores de la entidad. Uno de ellos, Carlos Tenesaca, dijo que están a la espera de retomar la atención al público. Según el Decreto Ejecutivo firmado el viernes pasado, el INDA tiene seis meses para resolver todas las causas que tramita, previo a su extinción.
Según datos del INDA, desde enero del 2007 en este Régimen entregaron 60 669 predios, una superficie de 319 111 hectáreas, beneficiando a más de 291 000 personas. La meta para los próximos cuatro años era legalizar 300 mil predios.
La nueva Subsecretaría será sobre la base del Proyecto de Legalización Masiva de la Tierra, que trabaja con propiedades incautadas por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).