El presidente Rafael Correa y la ministra de Transporte y Obras Públicas, Paola Carvajal, tienen bien clara la película sobre el grave problema de los accidentes de tránsito, que en las últimas semanas dejaron decenas de víctimas mortales.
Efectivamente, este mal no se resuelve solamente con los controles, como dijo Correa, pero tampoco solo con los usuarios de las vías.
La solución o las alternativas para frenar las tragedias viales necesitan de una articulación de todos los involucrados, pero más de la acción y reacción de las autoridades para hacer cumplir la ley a rajatabla y para emprender -urgentemente- las campañas de educación, que tanto se han pedido y casi nada se ha hecho. Los municipios y los colectivos ciudadanos pueden ser unos buenos aliados en esta tarea.
Tenemos una ley y un Código Penal superestrictos, pero de nada sirven, porque los policías o los nuevos agentes civiles de tránsito y de la Comisión de Tránsito del Ecuador son permisivos o blandos para aplicar las sanciones. Los conductores se pasan por sus narices, hablando por teléfono o se les cruzan los semáforos en rojo; las infracciones más cotidianas.
Los usuarios de las vías somos corresponsables, pero tenemos poca educación vial (‘volamos’ en las carreteras, no hacemos caso a las señales de tránsito, no damos paso a los peatones…).
También, tenemos poca conciencia y nada de respeto por la vida de los demás.
Las campañas de educación sirven y como resultado de eso es que la gran mayoría de conductores utiliza el cinturón de seguridad. Han pasado 20 años desde esa buena campaña.
No es lo único, pero el control es necesario y la ministra Carvajal dijo en la última sabatina que van a “hacer toda una red de fotomultadores”; ojalá sea de aplicación inmediata, para sancionar a los irresponsables de tanta muerte en las carreteras. Hasta octubre ya se contabilizaban más de 1 600 muertos en los accidentes.