Este sábado a las 10:00, en la Corte de Justicia Nacional de Quito se tenía prevista la audiencia de casación en el proceso seguido en contra Carlos P., Efraín A. y Federico G. acusados de presunto terrorismo, sedición y sabotaje a los servicios públicos, por liderar enfrentamientos contra los proyectos mineros que se ejecutan en Azuay.
Sin embargo, ayer a las 17:00, explicó Carlos P., les avisaron que la Corte de Justicia suspendió la audiencia de forma intempestiva, porque el juez Paúl Íñiguez salió del país. “Esta es una estrategia del Gobierno para alargar el proceso y generar miedo, pero no van a poder contra nuestra lucha”.
Para el 3 de julio, dijo Carlos P., tiene previsto ir a Quito a una audiencia pública para que el Gobierno explique por qué no cumple con el mandato minero. Según el dirigente campesino, la Asamblea Constituyente dictaminó que toda concesión minera que tenga fuentes de agua debe ser extinta. “Eso no se cumple”.
El presidente de la Cámara de Minería del Azuay, Patricio Vargas, señaló que ese dictamen está mal interpretado porque por fuentes hídricas se entiende quebradas, lechos, nacimientos de agua…y si eso se aplica entonces se extingue la totalidad de proyectos mineros. Lo que sí se aplica es durante la fase de exploración se identifica si la explotación afectará las fuentes hídricas y se busca que genere el menor impacto posible. “La minería con buenos procesos afecta menos a la naturaleza que la agricultura y la ganadería”.