La tierra se les vino encima. Blanca y Lisseth Patiño estaban en su restaurante, en el barrio Amazonas del cantón Celica. La ladera cedió la tarde del 1 de marzo de 2025. El lodo bajó con fuerza, destrozó el inmueble y sepultó a las hermanas. Fueron las primeras víctimas mortales del invierno en Loja.
En 2025, esta provincia junto con Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas fueron declaradas en alerta naranja por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).
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Son localidades donde, año tras año, se repiten las emergencias invernales, sobre todo deslizamientos de tierra. Este año, entre las seis acumulan 883 eventos adversos. Hay 15 fallecidos, es decir, 36% de las 42 muertes registradas en Ecuador y 1 108 damnificados, hasta el pasado 16 de abril.
Las alertas por el invierno
Previo al inicio de la temporada invernal, en noviembre de 2024, la SNGR notificó a los GAD sobre la importancia de ejecutar acciones preventivas. Según esta entidad se recordó la socialización de la Guía de Acciones de Prevención y Mitigación ante la Época Lluviosa y dio seguimiento a su implementación.
La SNGR y el PNUD, agencia de NN.UU., también llevó adelante un plan de capacitaciones para fortalecer la gestión municipal de riesgos. El diagnóstico realizado de la entidad “mostró que muchos municipios aún tienen niveles medios-bajos de cumplimiento de la normativa vigente”.
Deslizamiento de rocas en vía Ricaurte – La Raya (Cuenca). Foto: Bomberos de Cuenca
Azuay afronta más eventos adversos en invierno
La provincia reporta 247 eventos adversos en lo que va de 2025, la mayoría por deslizamientos e inundaciones. En Cuenca, las parroquias Turi, Sinincay, Quingeo, Nulti, Santa Ana, Sayausí, Machangara entre otras, resultan afectadas en la época invernal.
El Municipio reconoce que las construcciones sin permisos junto a quebradas, la deforestación, movimiento de tierras y los pozos sépticos mal ubicados agravan los deslizamientos.
Adicionalmente, la gestión de riesgos afronta múltiples desafíos: presupuesto reducido, que limita la capacidad de inversión en infraestructura resiliente, monitoreo de amenazas y equipamiento adecuado para la atención de emergencias.
Esta restricción financiera afecta, además, la implementación de planes de contingencia y la consolidación de estrategias de reducción de riesgos a largo plazo.
Solo en esta provincia han muerto tres personas por eventos relacionados con lluvias: una en Cuenca, tras un aluvión en San Joaquín, y dos más en Santa Isabel, por un deslizamiento en una mina.
Mientras tanto, Ponce Enríquez, Paute y Girón ejecutan obras pluviales y sanitarias en fase invernal:
- En Camilo Ponce Enríquez: desazolve y coronación del muro del río Tenguel.
- En Paute: construcción del sistema de alcantarillado y redes de agua en Plazapamba.
- En Girón: obras sanitarias y pluviales en la calle Julio Calle.
Loja: Puyango y Célica, con obras en ejecución en invierno
Esta provincia suma 232 eventos adversos en lo que va del año, la mayoría por deslizamientos de tierra (170). Es la más golpeada entre las seis en alerta naranja: nueve personas fallecidas en Quilanga, Paltas, Célica y Olmedo. 804 damnificados. Las lluvias destruyeron viviendas y dejaron caminos inservibles.
En el cantón Puyango, las obras comenzaron en medio del temporal. Se ejecuta una intervención integral en las calles de Alamor, con alcantarillado sanitario, pluvial, acometidas de agua potable, muros y bordillos. También se planifican estudios geotécnicos para evaluar zonas afectadas y definir medidas de mitigación.
El alcalde del cantón, Ignacio Vivar, admite que las lluvias desbordaron las capacidades de respuesta:
“Estamos interviniendo en zonas donde ya hubo afectaciones. No podemos hacer todo al mismo tiempo. La realidad nos rebasa y los recursos también”.
En Célica, se planificó una consultoría para evaluar infraestructuras y edificaciones de alta concurrencia, así como obras de mitigación para zonas inestables del casco urbano.
Mientras tanto, Chaguarpamba gestiona un convenio con la UTPL para atender las constantes inundaciones del sector El Trapiche, un problema crónico que aún no tiene solución definitiva.
Deslizamiento de tierra y escombros en la vía Chillanes- Santa Rosa, por las lluvias.
En Chillanes, Bolívar, la maquinaria no basta en invierno
Bolívar registra 155 eventos adversos. De esos, 116 son deslizamientos, muchos en zonas rurales de difícil acceso. Es una de las provincias con más derrumbes, y el cantón Chillanes carga con parte de ese peso.
El 13 de abril, un deslave en la vía Chillanes–Bucay mató a dos personas que viajaban en moto. No fue un caso aislado. La parroquia San José del Tambo es un punto crítico. La crecida del río Dulcepamba es un problema recurrente. Las comunidades de San Pablo de Amalí, San Juan de Azapi y Mamasara de Arrayapamba enfrentan inundaciones recurrentes y deslizamientos por suelos inestables y laderas pronunciadas.
La alcaldesa, Mirian Galarza, reconoce que los factores naturales —deforestación, topografía accidentada y lluvias extremas— se combinan con problemas estructurales:
“Los deslizamientos afectan las vías, dificultan el comercio y el acceso a salud y educación. Hemos implementado medidas como monitoreo, limpieza de derrumbes y cunetas para evacuar agua, pero no es suficiente”.
Entre las acciones preventivas está el mejoramiento de vías de acceso, priorizado como infraestructura clave. Sin embargo, las obras enfrentan retrasos por falta de presupuesto y condiciones climáticas adversas que paralizan las intervenciones.
El municipio también impulsa talleres comunitarios de gestión de riesgos y busca generar una cultura de prevención. Aun así, la alcaldesa admite que la resistencia al cambio, la desinformación y la falta de recursos limitan el impacto de estas acciones: “La prevención necesita compromiso de todos. Nosotros hacemos lo que podemos, pero los eventos extremos nos sobrepasan”, concluye.
La Prefectura realizó una inspección por deslizamiento de tierra en Susniag- Alausí.
Chimborazo tuvo que declararse en alerta roja por el invierno
La provincia suma 111 eventos climáticos. El COE provincial de Chimborazo, el 11 de abril del 2025, declaró en estado de emergencia a la provincia con alerta roja por 60 días. En Guamote, una tormenta eléctrica mató a una persona el 5 de abril. Los ríos Chimbo, Chanchán, Angas, Columbe y Sasapud presentan tendencia a crecer, según la SNGR.
Según la SNGR, en esta provincia se ejecutan proyectos para evitar deslizamientos, cortes de carretera, en Colta, Pallatanga y Riobamba. Pero -advierte- se enfrentan desafíos recurrentes en esta época.
- En Pallatanga, por ejemplo, se realizan mantenimientos viales en zonas rurales.
- Colta, se encuentra en ejecución el mejoramiento de la accesibilidad vial y conectividad del cantón.
- Riobamba ya concluyó una consultoría sobre los riesgos del cantón.
- El año pasado se realizó el estudio de prospección geofísica y geotécnica en Alausí. Objetivo: diagnosticar los deslizamientos en la zona, especialmente después del evento de marzo de 2023.
Sto. Domingo pelea contra la geografía, el clima, la degradación ambiental
Santo Domingo de los Tsáchilas es un territorio particularmente vulnerable con 62 eventos adversos este año. Las parroquias Alluriquín, Valle Hermoso, Santa María del Toachi y El Esfuerzo, así como varias zonas urbanas y periurbanas de la capital provincial, concentran más riesgos por inundaciones y deslizamientos.
La topografía montañosa, una de las pluviosidades más altas del país -incrementada un 9,2% en este año-, y los asentamientos en zonas inestables, generan un escenario complejo que se agrava con la falta de drenajes adecuados y una gestión deficiente de residuos sólidos.
Desde la Prefectura reconocen que, aunque se ejecutan obras de contención y drenaje profundo. Éstas no son suficientes para frenar los desastres recurrentes. Enfrentando décadas de degradación ambiental. La provincia perdió más de 30 mil hectáreas de bosques entre 2000 y 2018. Recuperar eso toma tiempo, explican en la entidad.
En la última década se plantaron más de 700 mil especies forestales, y solo en 2024 se restauraron 148,6 hectáreas degradadas. Se implementó un plan de estabilización de taludes con caña guadua, zanjas de coronación, drenajes profundos y trinchos vivos escalonados.
Además, la Prefectura ejecuta un programa de restauración forestal y obras biomecánicas en taludes de las zonas más vulnerables, priorizadas con criterios técnicos.
Pero los desafíos siguen. Las microcuencas de los ríos Toachi, Chiguilpe, Lelia, Damas, Peripa, Mapalí, Aquepí y Mache ya no tienen cobertura vegetal en sus márgenes. La ganadería avanza, la ocupación irregular continúa. El cambio climático intensifica los eventos.
Aun así, en las áreas donde se han completado intervenciones, la incidencia de deslizamientos bajó. El objetivo es restaurar 600 hectáreas más hasta 2027.
La Prefectura coordina acciones con municipios a través del COE provincial, asambleas territoriales y mesas de concertación, aunque admite que persisten dificultades para pasar del enfoque reactivo al preventivo.
Cotopaxi: En Salcedo, el aluvión llegó antes de identificar riesgos
En esta provincia se reportan 76 eventos. Un aluvión, en Salcedo, dejó dos fallecidos, el 10 de abril. En este cantón se lleva adelante, según Gestión de Riesgos, una consultoría para identificar riesgos y sus niveles en zonas urbanas y de expansión urbana. Mientras que en Sigchos se planifican mejoras viales. Pero, la SNGR no identifica intervenciones estructurales para prevenir nuevas tragedias.
Un patrón que se repite en invierno
La Ley de Gestión de Riesgos obliga a los GAD a ejecutar obras de prevención con base en estudios técnicos y criterios financieros. Pero, como lo prueban estas seis provincias, las consultorías llegan tarde. Las obras se ejecutan en plena emergencia. O aún no comienzan. El invierno no sorprende. Solo confirma que no se hizo lo suficiente en prevención.
Entre sus principales responsabilidades, los GAD deben desarrollar medidas estructurales que contribuyan a reducir los daños potenciales en infraestructura pública y privada. Esto implica la construcción de obras sanitarias y pluviales, así como el mantenimiento y mejoramiento de vías y otras infraestructuras clave, entre otras estrategias preventivas.
¿Y qué se puede hacer para prevenir, según la SNGR?
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos asegura que es posible romper el ciclo de tragedias si los gobiernos locales adoptan medidas integrales y sostenidas. Estas son las principales acciones:
Generar conocimiento y monitorear riesgos
- Sistemas de monitoreo en cuerpos de agua y zonas inestables.
- Recopilar información sobre ocupación del suelo y vulnerabilidad.
Controlar el uso del suelo antes del invierno
- Evitar construcciones en riberas, laderas y zonas inundables.
- Regular la ocupación en áreas de riesgo mediante ordenanzas.
- Invertir en vialidad resiliente
- Planificar, construir y mantener infraestructura vial segura.
Prevenir desde los servicios públicos
- Mejorar el manejo de basura y aguas residuales.
- Asegurar agua potable durante emergencias.
Crear normas y financiamiento local
- Establecer ordenanzas y contribuciones especiales para obras de prevención.
- Regular el uso de playas, riberas y extracción de áridos
Proteger los márgenes de ríos y medidas de mitigación
- Evitar la explotación descontrolada de materiales que debilitan el entorno natural.
- Limpiar y mantener drenajes, cunetas, canales, pozos.
- Realizar desazolve y encauzamiento de ríos.
- Estabilizar taludes con muros, gaviones, revegetación y enrocado.
Preparar a la población e implementar sistemas de alerta temprana
- Capacitar a la ciudadanía en gestión de riesgos.
- Diseñar planes de contingencia específicos por cantón.
- Establecer centros de acopio y alojamientos temporales equipados.
- Conformar equipos técnicos locales para evaluación y respuesta inmediata.
