Construcción formal de casas, pendiente
En la calle 110 de la ciudadela Tarqui, en Manta, continúan las demoliciones de casas. Foto:Galo Paguay / EL COMERCIO
La rehabilitación de servicios como agua, alcantarillado, energía y vialidad fueron las principales necesidades que se intentaron cubrir tras el terremoto, después de la atención a las personas afectadas.
Mariano Zambrano, prefecto de Manabí, asegura que en la provincia ya hay un 92% de cobertura en agua potable y alcantarillado. En energía eléctrica es casi un 95%. La rehabilitación vial también continúa. Hasta el momento, se ha trabajado en más de 900 km afectados. La única vía inhabilitada es la Flavio Alfaro - Facundo.
En cuanto a las edificaciones, continúa el levantamiento de datos de estructuras con daños. En ello trabajan 150 técnicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y especialistas de CEPAL, según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). Esta entidad coordina el Plan para Reconstruir zonas afectadas.
Mientras tanto, ya se han destinado fondos para reparación y construcción de viviendas. Según información oficial, para el Plan de Recuperación Habitacional, se requieren USD 215 millones para 7 000 familias.
Jorge Glas, quien está al frente del Comité de Reconstrucción de zonas afectadas, ya mencionó posibles terrenos para estas soluciones. Uno de ellos es El Guabito, de más de cuatro hectáreas y que podría servir para 250 casas.
Para Handel Guayasamín, presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, la reconstrucción se debe iniciar cuando exista la garantía de suelos y edificaciones resistentes. “Estos procesos van a tardar un poco más porque se supone que tiene que haber proyectos para intervenir”. Por ejemplo, agrega que para levantar nuevos planes habitacionales se debería esperar un mínimo de seis meses.
En esta fase, las iniciativas ciudadanas también se han involucrado. Un ejemplo es el proyecto que impulsa Grupo Faro y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil (Ceosc). Ellos incentivan a los mismos líderes de las comunidades afectadas a que participen en la reconstrucción integral de sus zonas. Así lo explicó Orazio Belletini, director de Faro. “Hay todo un tejido social que reconstruir y la comunidad sabe lo que quiere”.
Hasta el lunes pasado, la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg) reportó un total de 7 000 reclamos en las zonas del sur de Esmeraldas y Manabí.
El sector asegurador proyecta hasta ahora que deberá desembolsar unos USD 200 millones, entre indemnizaciones, valores de reserva -que se refiere a las cotizaciones o pro formas que realizan las aseguradoras sobre el bien a proteger- y anticipos que ejecutaron las compañías a algunos de sus clientes.
En cuanto a las aseguradoras públicas, Seguros Sucre entregó hasta el pasado viernes un total de USD 22 millones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
De esos, USD 10 millones fueron para atender reclamos de beneficiarios que financiaron sus viviendas con el Biess y los USD 12 millones restantes serán para reconstruir las oficinas públicas del IESS afectadas por el terremoto.
Este momento, unos 120 peritos recorren los poblados afectados por el terremoto, con la finalidad de cuantificar los daños reales.
Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo de la entidad, señaló que entre los bienes públicos a demoler está el hospital de Manta.
En esta semana se tendrá una cifra real del monto por pérdidas ocasionadas por el desastre del mes pasado.
Hasta la semana pasada, el Biess recibió 3 000 reclamos en las zonas afectadas por el sismo. De este monto, 200 corresponden a solicitudes por daños totales en viviendas.
Este Diario solicitó a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el reporte de cómo están respondiendo las 36 aseguradoras del país frente al terremoto en el sur de Esmeraldas y Manabí, sin embargo el organismo indicó que aún está consolidado la información.
Hay un Plan de Reconstrucción para 7 000 familias. Aseguradoras tramitan casos.
