En Ecuador, una glosa es una determinación de responsabilidad civil emitida por la Contraloría General del Estado (CGE), cuando se identifica que un funcionario público o un tercero causó un perjuicio económico al Estado. Esta figura forma parte del sistema de control y fiscalización del uso de los recursos públicos.
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La CGE, como órgano técnico encargado de ejercer este control, realiza auditorías y, si detecta irregularidades, emite informes que pueden derivar en glosas.
El propósito de una glosa es recuperar los fondos públicos mal utilizados. No se trata de una sanción penal, pero puede tener consecuencias administrativas y patrimoniales para los responsables. Por ello, se convierte en una herramienta clave dentro de la lucha contra la corrupción y la mala gestión pública.
Diferencias entre glosa y orden de reintegro
Es importante no confundir una glosa con una orden de reintegro. Aunque ambas buscan reparar un perjuicio económico al Estado, se aplican en contextos distintos. Una glosa se genera, por ejemplo, cuando hay pérdida de bienes institucionales, lucro cesante o una mala decisión administrativa que genera un daño económico.
En cambio, una orden de reintegro se emite cuando se han realizado pagos indebidos, sin sustento legal o sin que se haya recibido el bien o servicio correspondiente.
Ambas figuras se derivan de los informes de auditoría de la CGE, pero mientras la glosa implica una presunción de responsabilidad civil, la orden de reintegro es más directa y no requiere necesariamente un proceso de descargo tan complejo. En los dos casos, el objetivo es asegurar que el Estado recupere los fondos mal administrados o ilegalmente pagados.
El proceso para impugnar una glosa
Cuando se emite una glosa, la persona notificada tiene derecho a ejercer su defensa. Inicialmente, dispone de 60 días para presentar pruebas de descargo ante la propia Contraloría. Si no logra revertir la glosa, puede presentar un recurso de revisión dentro del mismo organismo.
En última instancia, también tiene la opción de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa en un plazo de 90 días para intentar dejar sin efecto la resolución.
Este proceso garantiza el derecho al debido proceso y a la defensa de los involucrados. Sin embargo, una vez que la glosa queda en firme, puede generar restricciones importantes para el sancionado, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos o participar en procesos de contratación con el Estado. Por eso, su emisión y confirmación tienen un peso considerable en la carrera profesional de los funcionarios públicos.
