Proyecto Río Blanco divide a la comunidad
En Molleturo hay división por la actividad minera. El 2019, la Junta Parroquial recibirá las primeras regalías. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO
Ningún vehículo accede al campamento minero de Río Blanco por la vía San Pedro de Yumate, en la zona occidental de Azuay. Desde hace 22 días, los opositores abrieron una zanja para impedir el paso de las volquetas que trasladaban el material mineralizado.
Allí, colocaron letreros en contra de la minera china y exigen cuidado ambiental. Junto a la vivienda de Digna Chirpi improvisaron un campamento desde donde se turnan para vigilar todo el día.
También se reúnen para planificar los controles y las protestas. Allí cocinan los alimentos donados por la comunidad, dice Kléver Galarza, de 38 años. En varias ocasiones pidió un trabajo en la minera, “pero nunca me dieron”, afirma.
Desde el 8 de este mes, él participa en el bloqueo de la carretera Yumate-Río Blanco. Hay 15 personas por cada turno y el resto permanece alerta por si hubiese un desalojo o enfrentamiento. Con el bloqueo han impedido que el concesionario Ecuagoldmining reanude sus actividades en la mina, paralizadas desde hace 24 días.
Por esa vía ni siquiera pueden pasar las camionetas que transportan a los habitantes de Río Blanco, Cochapamba y otros poblados más cercanos al campamento minero y que están a favor de la actividad.
El enfrentamiento del pasado 8 de este mes generó tensión en las parroquias cuencanas de Molleturo y Chaucha, donde está el proyecto. En ambas viven 8 463 personas.
Incluso, el presidente de la Junta Parroquial de Molleturo, Solustino Gutama, denunció ante la ministra de Minería, Rebeca Illescas; y el gobernador de Azuay, Xavier Enderica, que algunas familias y autoridades están amenazadas de muerte por estar a favor de este proyecto. Por eso, solicitó que esta zona fuera declarada en emergencia.
Según él, a más de los opositores del sector hay grupos sociales y ambientales, que llegan de otras regiones del país.
Estos últimos centran sus reclamos en una supuesta contaminación ambiental. Ese argumento no convence a Geovanny Peñalosa, Nilo Criollo y Manuel Muevecela, quienes prefieren que Ecuagoldmining siga laborando porque generan fuentes de trabajo, obras y proyectos productivos.
“El Gobierno controlará que se opere con responsabilidad”, señala Peñalosa. Él, Criollo y Muevecela ya han tenido altercados con los opositores de sus familias y comunidades.
Con la protesta, los grupos sociales y ambientalistas buscan sentar un precedente y frenar el proyecto por ser el más avanzado de los cinco considerados como estratégicos por el Gobierno Nacional.
Luego se seguirá con la resistencia en los proyectos Loma Larga (Azuay), San Carlos de Panantza (Morona Santiago), Fruta del Norte y Mirador (Zamora Chinchipe), dice el presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez. Según él, en la última consulta popular, el pueblo aprobó la prohibición -sin excepción- de la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas y zonas intangibles.
Kléver Galarza, Lauro Chunir y Digna Chirpi rechazan la minería porque aseguran que en los últimos dos años se han secado lagunas y quebradas.
Pero no hay estudios de los supuestos daños, dice Xavier Sánchez, subdirector del proyecto Río Blanco. “Hemos cumplido las normas, planes de manejo, permisos, auditorías y colaboramos para que las universidades (Cuenca y del Azuay) investiguen”.