El objetivo es que la normativa incluya como obligación para los Gobiernos Autónomos Descentralizados que realicen dos revisiones técnicas vehiculares a las unidades que prestan servicio de transporte público en el país. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, acudió el miércoles 8 de noviembre del 2017 a la Comisión Especial de Tránsito de la Asamblea Nacional para solicitar que se haga una reforma a la Ley de Tránsito. El objetivo es que la normativa incluya como obligación para los Gobiernos Autónomos Descentralizados que realicen dos revisiones técnicas vehiculares a las unidades que prestan servicio de transporte público en el país.
La idea es aumentar la seguridad para los pasajeros a través de garantías de viajar en unidades en buen estado mecánico y a la vez evitar que las emisiones contaminantes continúen afectando la calidad del aire que respira la ciudadanía.
Del Pozo afirma que desde que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) dispuso que se realizara únicamente una revisión vehicular al año a este tipo de unidades se disminuyó el control del estado de buses, busetas y taxis, porque menos revisiones implica “aumento de los incumplimientos”.
Además, Del Pozo planteó a la Comisión del Legislativo que se analice la calidad del combustible que se vende en el país. Según el concejal de Creo, en Quito únicamente se puede operar con buses de tecnología Euro 3, debido al tipo de combustible disponible, en contraste con otras ciudades del mundo en donde ya se trabaja con modelos más avanzados que llegan hasta Euro 7. Este tipo de buses permiten reducir las emisiones contaminantes.
El pedido de reforma se junta a otro proyecto normativo que planteó Del Pozo. Se trata de un plan para que se pueda volver más rigurosos los controles de opacidad en la ciudad y sancionar a los transportistas cuando en operativos aleatorios en las calles de Quito se detecte que los buses están rebasando los límites tolerables de emisiones contaminantes.
En la actualidad, dice Del Pozo, solamente se puede extender una citación a los conductores que los obliga a pasar por una nueva revisión vehicular tras someter la unidad a un chequeo y ajuste mecánico. Su propuesta, que superó el primer debate en el Concejo Metropolitano de Quito, busca que se pueda extender una multa del 20% de la remuneración básica unificada.
Además, su propuesta busca que se verifique cuándo la unidad sancionada pasó la revisión técnica vehicular. Este paso se realizaría para combatir un problema usual en estos procedimientos. Según Del Pozo, algunos transportistas tendrían la costumbre de llevar a sus vehículos a una mecánica para hacer un ajuste temporal, únicamente hasta cumplir con el trámite de la revisión, y luego revertirlo. Su idea es sancionar también esos casos cuando sean detectados en controles aleatorios en las vías.