En Pacto, una de las seis parroquias que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino, hay tres ‘puntos de resistencia’. Los Moradores de Ingapi, La Victoria y San Francisco llaman así a los puestos en la salida de las áreas donde se mueven minerales desde las minas.
Los habitantes de estos sectores claman por la protección de su medio ambiente. Alcira Vaca es una de las voluntarias que hace las veces de centinela. Tiene 28 años y cada 15 días hace un turno de 24 horas junto a otros habitantes, para evitar que las volquetas saquen material o ingrese maquinaria pesada.
“Vivimos de la panela, que es un producto 100% orgánico. La más mínima contaminación del agua pone en peligro nuestra certificación para la exportación”, dice. Cada 15 días, un container llega a Pacto por la panela para llevarla a Francia e Italia.
La Mancomunidad está integrada por Calacalí, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto. Esta última es el epicentro de la oposición a la minería metálica. Las seis parroquias son del Distrito Metropolitano de Quito.
Tienen un elemento en común: están en el área de influencia del Chocó Andino. A dos horas de la capital está esa área natural, catalogada por la Unesco desde el 2018 como la Séptima Reserva de la Biósfera.
En Pichincha, el Chocó Andino mide 286 805 hectáreas e incluye tres cantones: Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos.
La minería ahí es una realidad. Según el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, la Mancomunidad se asienta en una superficie de 124 109,50 hectáreas.
La Cartera de Estado detalló a este Diario que la ocupación en superficie de los derechos mineros que se encuentran dentro del Chocó Andino, es de 26 394,55 hectáreas. Eso equivale al 21,3% del territorio. Hay dos concesiones en trámite para gran minería. Para la pequeña minería hay 12 (seis inscritas y seis en trámite) y otras 10 (ocho inscritas y dos en trámite) bajo régimen general.
Las seis parroquias tuvieron en la consulta popular una opción para frenar el avance de las concesiones. Desde hace dos años trabajaron la propuesta y el 28 de enero pasado se conoció que la Corte Constitucional (CC) dijo que sí.
Ynty Arcos tiene 45 años. Es biólogo y coordinador técnico de la Mancomunidad. Desde los cinco años se crió en la Reserva Intillacta, a 20 minutos de Nanegalito, y es uno de los impulsores de la consulta popular.
Su familia vive del turismo y la agricultura. También hay investigación y el desarrollo de propuestas ambientales. Recuerda que los conflictos con la minería empezaron en 2015.
Ese año, el Municipio de Quito declaró a la zona del Pachijal como área de protección. Arcos dice que desde entonces empezó la pugna legal por limitar el extractivismo. Lo primero en conformarse fue la Coordinadora de Defensa del Noroccidente.
En esa época, el grupo lo integraban varias organizaciones sociales. Eso mutó hasta terminar en la Mancomunidad y otras agrupaciones como el Frente de Defensa del Chocó Andino.
¿Por qué oponerse a la minería? Arcos dice que la Mancomunidad es un área sensible en donde se vive de la ganadería, agricultura y turismo. “Quién va a hacer turismo si aquí se desarrolla la minería”, se pregunta.
Milton Arsimiegas, oriundo de Carchi y habitante de Pacto desde hace 10 años, también fue parte del pedido de consulta. Cree que ese proceso electoral puede traer justicia al sector.
“Quito no llega solo hasta la Mitad del Mundo. También son parte sus comunidades y su remanente de bosque”, dice al referirse al proceso de recolección de firmas que se avecina.
Los impulsores de la consulta creen que no es compatible la minería con la zona sensible del Chocó Andino. Para la Cámara de la Minería del Ecuador, con prácticas responsables, controles, normas y altos estándares, se puede preservar el patrimonio natural.
Arcos comenta que llegar a la consulta es una ganancia para la Mancomunidad. Parte del proceso, dice, es poner sobre la mesa la discusión de empezar a salir del extractivismo.
Consulta popular blindaría al Chocó Andino frente a nuevos proyectos mineros
El dictamen favorable de la Corte Constitucional (CC) fue el primer paso. El siguiente reto es recolectar 199 064 firmas y presentarlas al Consejo Nacional Electoral (CNE), para viabilizar la consulta popular antiminera en el Chocó Andino. El plazo para hacerlo es de seis meses.
El objetivo del Colectivo Quito Sin Minería es lograr que este proceso coincida con las elecciones del 5 de febrero de 2023. Si se validan las firmas, esta sería la tercera consulta popular antiminera en los últimos cuatro años. En 2019 hubo un primer proceso de este tipo en Quimsacocha (Girón) y en el 2021, en Cuenca.
En ambos casos, sectores mineros acusaron a la CC de supuestamente ahuyentar inversiones. Los jueces, en su dictamen, aclaran que no existe una prohibición para la realización de consultas populares sobre temas mineros.
¿Cuál sería el alcance del plebiscito de Quito? En el dictamen se indica que las medidas a adoptar, en caso de ser aprobadas, operarían a futuro.
La Empresa Nacional Minera (Enami EP) respondió que la consulta no deberá afectar a las concesiones mineras otorgadas previamente “por principio y garantía constitucional de seguridad jurídica”.
La entidad apunta que el plebiscito no tendría efecto en las concesiones Ingapi y Urcutambo, otorgadas en 2012 y que son de su titularidad. Ambas están en fase de exploración inicial o investigación. “Enami EP ha cumplido sus actividades con base en la normativa de las autoridades minera y ambiental”, indicó la empresa. Pero la Mancomunidad discrepa.
Si bien Sylvia Bonilla, abogada de Quito sin Minería, reconoce que los efectos serían a futuro, también cree que podría incidir en las concesiones inscritas actualmente, con el argumento que supuestamente no hubo una consulta ambiental en esos procesos. “Esa seguridad jurídica que dice proteger el Estado no se la garantiza a los ciudadanos”.
Andrés Ycaza, síndico de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), asegura que no se oponen a los procesos de participación ciudadana. Pero cree que la Corte Constitucional ha provocado un desorden jurídico. Insiste en que las concesiones actuales deben ser respetadas.
Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay (FOA), recordó que en 2019, en el cantón Girón, prevaleció el No con un 86% de votos para prohibir la minería en el sistema hidrológico de Quimsacocha.
En ese entonces, la empresa INV Metals anunció que, de ser necesario, reubicarían instalaciones previstas para el cantón. Pero a inicios de 2021, se dijo que la concesión no está en el área hidrológica objeto de consulta.
El dirigente dice que hay un proceso organizativo en firme para pedir que se respete la voluntad popular.
David Fajardo es coordinador del Cabildo por el Agua de Cuenca. Hace un año, con el 80,9% de los votos, los cuencanos decidieron el cese de actividades mineras en cinco zonas de recarga hídrica.
Tras los resultados, se debe incorporar esta prohibición en la planificación de la ciudad. El 28 de diciembre de 2021, el Ministerio del Ambiente presentó los resultados de la delimitación de la zona de recarga de los ríos Norcay, Tarqui, Machángara, Yanuncay y Tomebamba.
En enero de este año, ya con ese instrumento, se empezó a discutir la ordenanza dentro del plan de ordenamiento territorial y de uso de suelo de Cuenca, para oficializar la prohibición de nuevos proyectos a futuro, de acuerdo con sus competencias.
El activista menciona que, pese a la consulta, hay presiones para que las concesiones previas avancen con su planificación. “No estamos de acuerdo con eso, pero el sector minero dice que los proyectos pueden continuar”.
Fajardo resalta la importancia de estas consultas populares para “detener el avance de la minería metálica”. El Gobierno, en cambio, anticipa que continuará impulsando “una minería legal, social y ambientalmente responsable, que genere empleo y mejores oportunidades”.