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Prefecta califica de ‘persecución’ al allanamiento por posible peculado

Una de las intervenciones se realizó en el domicilio de la titular de la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas. Foto: cortesía Prefectura de Santo Domingo

La prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez, reaccionó ante el inicio de una investigación por el presunto delito de peculado que lleva adelante la Fiscalía y que incluyó allanamientos.

La mañana de este martes 23 de noviembre de 2021 fiscales allanaron cuatro inmuebles en esta provincia, entre esos, el edificio de la Prefectura y la vivienda de la titular del Gobierno Provincial.

Núñez, en rueda de prensa dada en horas de la tarde, calificó a las acciones de la Fiscalía como una persecución política.

Aseguró que esa persecución se inició hace seis meses por parte de políticos que, dijo, “están desesperados por señalar a funcionarios públicos que hacen bien las cosas”.

Ella rechazó lo que también llamó violencia política contra la mujer y recordó que su caso lo dio a conocer ante autoridades nacionales.

“Nosotros estamos demostrando una gestión con trabajos, con obras y compra de maquinaria, eso les duele”, comentó Núñez.

La Prefecta confirmó que la investigación se centra en el proceso de construcción de un tramo de carretera, de 7 kilómetros, entre el sector KFC y Sueño de Bolívar, en la vía Alóag-Santo Domingo.

Esta obra comenzó en diciembre de 2020 con un presupuesto de USD 9 173 128, con un plazo de un año, que se cumple en diciembre próximo.

La autoridad provincial indicó que la construcción del tramo atraviesa problemas de orden jurídico. Se refiere a las acciones legales, por acciones de protección, que presentaron dos compañías constructoras ante la justicia luego de que fueran descartadas para la ampliación total de la carretera de 17 kilómetros.

Este enredo judicial viene desde el 23 abril de 2019, cuando la anterior administración de la Prefectura anunció el inicio de los trabajos de la fase 1 una vez que se suscribió el contrato para la ejecución de las labores con la empresa Hidalgo & Hidalgo.

Un mes después, el proyecto se quedó sin financiamiento luego de que el Banco de Desarrollo señalara el incumplimiento de una cláusula del contrato. Eso impidió que se otorgaran los USD 30 490 244,81 para el ensanchamiento vial.

La prefecta Núñez señaló al respecto que ni ella ni los consejeros provinciales decidieron entregar a dedo el contrato de la vía (de los 17 km) a ninguna empresa.

Dijo que se empezaron estudios que permitieron la actual ejecución de una parte de la carretera que está por fuera del lío legal, agregó. Esta obra la ejecuta la Empresa Pública Santo Domingo Construye.

Durante la intervención de la Fiscalía, se recopilaron documentos administrativos y financieros, celulares y computadoras.

Núñez al ser consultada sobre si se decomisó dinero en su vivienda aclaró que su esposo y ella tienen dos compañías que generan recursos. “Los rubros son parte de nuestros ingresos”, dijo.

Descartó que se hayan recopilado unos fajos de dólares que aparecieron en cuentas de Twitter, señalados como posibles evidencias. “Mis hijos y mi esposo somos una familia honesta y trabajadora”, aseguró.

El portal informativo La voz Ecuador hizo pública una denuncia en septiembre de 2021 con respecto a un presunto caso de peculado en la construcción del tramo KFC-Sueño de Bolívar, que ahora es observado por la justicia.

La tierra que fue removida dentro de ese eje vial habría sido destinada para una obra particular de un predio que sería de propiedad de la familia de la titular de la Prefectura, según esa publicación.

Ahí se señala que las pendientes del otrora terreno irregular fueron mejoradas con el material retirado del tramo vial y se pide que se investigue si se utilizó maquinaria de la Prefectura para hacer esos traslados o adecentamientos.

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