Jorge Camacho, un comunicador social de 36 años, es uno de 72 840 personas con discapacidad que están afiliadas a la Seguridad Social este 2018. Se capacitó y alcanzó una maestría, que le permitió vincularse laboralmente al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
Cuando Jorge tenía 18 años sufrió un accidente de tránsito, que le ocasionó una fractura a nivel de la tercera vértebra cervical. Quedó cuadrapléjico, hizo terapias y logró la movilidad de sus brazos y manos. Usa una silla de ruedas.
Pese a la tragedia que enfrentó, el hombre no perdió su deseo de formarse académicamente. Estudió a distancia una Licenciatura en Comunicación Social y, luego, una maestría presencial en Seguridad y Defensa. Desde el lunes sigue su segunda maestría en Comunicación y Opinión Pública.
En Ecuador hay 292 040 personas con discapacidad en edad de trabajar, de 15 a 65 años, precisa el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis).
Según el Ministerio de Trabajo, 72 840 están afiliadas este año al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Pero si se comparan el 2016 y el 2017 se observa una disminución del 5% de personas con discapacidad afiliadas. Es decir, en el país se pasó de 87 030 a 82 880 (ver gráfico).
La tenacidad de Jorge ha sido uno de los factores que le ha permitido ganar espacios. Actualmente es analista de discapacidades en la Subsecretaría que maneja el tema en el MIES.
En su cargo se siente motivado porque puede vincularse con otras personas que tienen su misma condición, capacitar a más analistas y compartir sus experiencias para mejorar normativas y servicios relacionados a la garantía de derechos de quienes tienen movilidad reducida, no ven, no oyen, etc.
Uno de esos derechos está contemplado en la Ley Orgánica de Discapacidades y tiene relación con la afiliación a la Seguridad Social. En el articulado se establece que el Estado debe garantizar y hacer efectiva la inclusión laboral y, por ende, la afiliación.
En la Ley se incluyó la afiliación voluntaria al IESS de personas con discapacidad, quienes contarán con los “mismos servicios y beneficios”.
Jorge es uno de los afiliados del Seguro Social. “Tenemos todos los beneficios y prestaciones que se ofrece a los demás, derecho a servicios médicos, a fondos de reserva y a préstamos de todo tipo”.
Él acude a chequeos en las unidades médicas del IESS, aunque se queja porque ha tenido que insistir para una cita con los especialistas.
Andrea, cuya familia pidió mantener en reserva su apellido, es afiliada voluntaria desde hace dos años. Tiene 26 años y discapacidad intelectual. Cada mes su mamá cancela USD 79,52 y así ha podido acceder a los tratamientos por dolores de estómago o gripe.
Sus padres consideran que pagar la mensualidad voluntaria al IESS le garantiza a su hija una pensión por jubilación en el futuro. Así podrá mantenerse cuando ellos no estén.
Las personas con discapacidad afiliadas que acrediten 300 aportaciones o 25 años de servicio, sin límite de edad, tendrán derecho a una pensión. Será igual al 68,75% del promedio de los cinco años de mejor remuneración básica unificada, según el artículo 85 de la Ley de Discapacidad, que se refiere a la jubilación especial.
En los casos de personas con discapacidad intelectual, el derecho a la pensión jubilar se aplica cuando acrediten 240 aportaciones o 20 años de servicio, explicó Xavier Torres, presidente del Conadis y ministro de Vivienda.
Torres precisó que si bien hay 72 840 personas con discapacidad y afiliadas al IESS, no se puede decir que están trabajando, ya que existen afiliados voluntarios y jubilados.
En Ecuador hay 65 804 personas con discapacidad, en varios sectores productivos, según información ofrecida ayer, en Carondelet, por Torres. Allí tuvo lugar un encuentro para fomentar la inclusión laboral, entre empresarios, la presidenta del Plan Toda Una Vida, Rocío de Moreno y la Fundación ONCE, de España.
De las 65 804 personas que laboran, 47 398 lo hacen en empresas privadas.
Las entidades públicas y privadas deben incorporar en sus nóminas a personas con discapacidad, por un equivalente al 4% del total de trabajadores. El 2% puede ser sustituto de quienes no pueden trabajar, familia o representantes.
Para que la Ley se cumpla, el Ministerio de Trabajo realiza inspecciones. Lo hace con un grupo de sus técnicos, la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (Fenedif) y el Conadis.
A inicios de octubre, por ejemplo, estos técnicos recorrieron las empresas de
Si una firma no cumple se establecen multas mensuales equivalentes a 10 remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador.
