Los patronatos subsisten con otra identidad

En el centro de cómputo del Patronato Municipal de Santo Domingo enseñan informática a las personas con discapacidades diferentes. Foto: EL COMERCIO

Los patronatos de algunas provincias del país no desaparecerán. Mantendrán los mismos servicios, ampliarán su cobertura con nuevas figuras y otros se convertirán en inquilinos de departamentos municipales. Pero no se descarta que en los 221 municipios y 23 prefecturas existan entidades de este tipo con los días contados.
Una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) estableció plazo hasta este fin de mes para que fueran disueltas.
Pero las prefecturas y los municipios trabajaron en un plan para que estas dependencias continúen con la atención en salud, recreación y ayudas para personas de escasos recursos.
Por ejemplo, los gobiernos provinciales de Loja, Tungurahua, Santo Domingo, Imbabura y Esmeraldas cambiarán el nombre de sus patronatos por el de empresas públicas o unidades de acción social.
Se basaron en la disposición general octava del Cootad, que señala que los gobiernos provinciales, metropolitanos y municipales los conservarán, pero como instituciones de derecho público.
Eso no significa que su cobertura y beneficios se modifiquen, porque financieramente seguirán dependiendo de las prefecturas, señala el presidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales y prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja.
Anualmente, los patronatos reciben el 10% de los ingresos no tributarios que por ley corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados.
Baroja asegura que eso permitirá mantener en USD 1 y 3 el costo de las consultas con médicos especialistas y generales.
Con la transición a las nuevas identidades, los patronatos ampliarán sus servicios y no necesariamente se limitarán al asistencialismo. Asumirán la cultura, el deporte, el arte y las actividades recreativas.
Para el presidente de la Asociación de Municipalidades (AME), Daniel Avecilla, esas son la razones fundamentales por la que los patronatos no se pueden extinguir. Se crearon en la década de 1970 y 1990 como un apoyo para las personas que no tienen suficiente dinero para recibir atención médica, odontológica y de fármacos.
Los rostros más visibles detrás de estas instituciones son las esposas de los alcaldes. En las prefecturas hay ciertas excepciones, como en Esmeraldas donde el presidente del Patronato es Dickson Sosa, hermano de la prefecta Lucía Sosa.
En el de Loja se encuentra la viceprefecta Nívea Vélez.
Para los cabildos, este proceso ha sido más complejo.
Avecilla asegura que se deben crear ordenanzas para incorporar los servicios de los patronatos a los departamentos de desarrollo comunitario.
Eso implica que se deben inyectar más recursos a esas dependencias, para que asuman la nueva competencia sin contratiempos.
La AME difundió un borrador de ordenanza para que cada Municipio lo adapte a su realidad. En base a esa normativa, en municipios como el de Yaguachi, en Guayas, la figura del patronato no desaparecerá. Ahora funcionará con presupuesto y activos que antes no los tenía, según Avecilla.
Pero eso no ocurrirá en el de Ibarra, donde sus autoridades iniciaron un proceso de liquidación de esta entidad.
El alcalde, Álvaro Castillo, informó que hasta fin de año funcionaría el comisariato, la farmacia y la unidad médica, que operó desde 1970.
Asimismo, en los seis municipios y el Gobierno Provincial del Carchi no hay patronatos desde diciembre del 2013.
El caso es similar al del Gobierno Provincial de Azuay y el Municipio de Cuenca, en donde desaparecieron estos organismos, entre el 2009 y 2010.
Solo en Cuenca fue reemplazado por una dependencia llamada de Acción Social Municipal con una cobertura de trabajo más amplia que la del asistencialismo.
Desarrollan proyectos -con recursos del Municipio y de empresas privadas- para beneficio de niños, jóvenes, de la tercera edad y personas con capacidades especiales.
El Municipio de Loja trabaja en algo similar a través de un Centro de Apoyo Social, que se creó a raíz de la nueva norma del Cootad.
En el momento, las empresas públicas y unidades de acción social de las prefecturas están en espera para reanudar sus atenciones. Las entidades deben aguardar la publicación en el Registro Oficial sobre el cambio de su razón social.
Esto se espera concretar el próximo año, por lo que los pacientes que acudían a esos lugares lo están haciendo a los patronatos de los municipios.
Mientras tanto, los anteriores administradores realizaron una rendición de cuentas sobre sus gestiones en todos estos años de operación.
En Santo Domingo, el Patronato de la Prefectura presentó un balance del 2011 al 2014. Así, informó el egreso de USD
7 611 000, entre gasto corriente e inversión, para la atención de
5 000 personas.
El de Esmeraldas invirtió casi el 80% del presupuesto de USD 1 200 000 para las brigadas médicas, atención odontológica y medicina preventiva.