Una operadora privada provee de agua al Puerto

En el sector de El Fortín (Guayaquil). Los tanqueros recargan el agua para luego llevarla a los sectores donde el suministro escasea.

En el sector de El Fortín (Guayaquil). Los tanqueros recargan el agua para luego llevarla a los sectores donde el suministro escasea.

En el barrio San Eduardo, contiguo al estadio de Barcelona, desde hace dos meses sus habitantes ya no pasan apuros por el agua potable. Ahí, a mediados de abril, se inauguró una estación de bombeo y dos tanques reservorios.

Es la última obra de esa magnitud que pusieron en funcionamiento el Municipio de Guayaquil, la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado (Ecapag) y la concesionaria Interagua. En esos trabajos, en el oeste, se invirtió USD 1 millón.

Araceli Solís es una de los 4 810 habitantes de las zonas de San Eduardo y la cooperativa Mirador de Tarqui, que se benefician con esta obra esperada hace más de dos décadas. “Se acabó el antiguo sistema informal de abastecimiento a través de mangueras y pequeñas bombas hacia las casas, así como con los tanqueros. Ya no tenemos que esperar por agua”.

Un poco más en el noroeste, en El Fortín, el agua en tanqueros forma parte del día a día de sus habitantes. A fines del 2009, entraron a funcionar las nuevas bocatomas. Se alegraron con la rebaja a 60 centavos en el costo del tanque de agua (costaba 80 centavos), pero los moradores se quejan por el deterioro de las vías por causa de los tanqueros.

Hortensia Rodríguez, habitante de esa barriada, forma parte del 7% de la ciudad que, según Interagua, aún se abastece por carros tanque. De acuerdo a lo planificado, a finales del 2011 -cuando acabe el segundo quinquenio de operaciones- todo Guayaquil tendrá agua por tubería. Hace nueve años funciona la figura de la concesión a través de una empresa privada que se encarga del servicio de agua potable y alcantarillado.

Ecapag había sido creada mediante Ley por el Congreso el 8 de agosto de 1994. Siete meses después, su Directorio resolvió delegar al sector privado el servicio. Luego de un largo proceso, el 11 de abril del 2001, en Washington, se firmó el contrato por 30 años con la International Water Services. Interagua pasó a ser la operadora.

Según Ecapag, los habitantes de la Isla Trinitaria fueron los primeros beneficiados. Con una inversión de USD 20 millones se favorecieron 100 000 personas con la instalación de 146 541 metros de tubería y 18 739 conexiones domiciliarias. Además, se instaló un tanque elevado, una cisterna y una estación de bombeo.

Ilfn Florsheim, vocera de Interagua, explica que cuando se inició la concesión, solo el 30% de la población (569 000 habitantes) gozaba de un servicio continuo las 24 horas. Actualmente esa cifra alcanza las 2,3 millones personas. “Un 93% de Guayaquil cuenta con redes domiciliarias”.

La urbe se abastece con los 970 000 m³ de agua que produce a diario la planta de La Toma, en el km 26 de la vía a Daule. El Plan Cóndor, parte de la concesión, mejoró la distribución a través de la renovación de las redes.

Al inicio de la operación de Interagua la pérdida de producción por tuberías en mal estado era 82%. Nueve años después bajó a 56%. La proyección al término del tercer quinquenio es 35%.

Pero el servicio de la empresa es blanco de constantes cuestionamientos. Uno de los más críticos es el Observatorio de Servicios Públicos. Su coordinador, César Cárdenas, cuestiona la calidad. “Nadie bebe el agua directamente de la llave. Hay que comprarla envasada, hervirla o clorarla. Las tarifas en sectores populares crecieron de 0,09 centavos en 2001, antes de la privatización, a 0,67”.

El alcalde Jaime Nebot anunció a fines de abril una tarifa social de 10 centavos el m³. Beneficia a unas 25 000 familias que viven en extrema pobreza.

La concesión por 21 años más

La Constitución que se elaboró en Montecristi estableció, mediante la transitoria 26, que se revisen las concesiones del servicio de agua potable en el país.

Una auditoría de la Contraloría del Estado recomendó, a fines del 2009, renegociar los términos del contrato con Interagua.

Una de las 17 recomendaciones hechas en un documento supervisado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por encargo de un Decreto Presidencial, fue la de establecer una tarifa social para los más pobres.

La renegociación entre la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado y Guayaquil (Ecapag) e Interagua se firmó la última semana de abril pasado.

Existe el plazo de un año para que se cumplan todas las recomendaciones. Así la concesión quedó revalidada por los 21 años que señala el contrato inicial.

Andrés Mendoza, presidente de Ecapag, explicó que en la renegociación se modificó el sistema de sanciones. Las multas ya no serán por conexiones no cumplidas.

Las sanciones anteriores fueron por USD 5 millones.

Si Interagua no cumple en el tercer quinquenio con inversiones por USD 90 millones, en abastecimiento de los servicios de agua potable, será multada con el 10% de ese valor.

Pese a que se aprobó un alza de la tarifa referencial promedio en base a un recálculo (de 53 a ,59 centavos), el Directorio de Ecapag resolvió mantenerla congelada hasta agosto del 2011, al término del segundo quinquenio.

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