Empleados del Municipio de Mira protestaron para presionar que les paguen los sueldos del año pasado. Foto: Cortesía del Municipio de Mira
La reducción de personal, proyectos sociales cancelados y obras paralizadas son algunas medidas adoptadas por los alcaldes y prefectos, los cuales no han recibido del Gobierno los recursos que les llegaba de manera mensual.
Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha y presidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope), cuenta que hasta la semana pasada la deuda a las provincias bordeaba los USD 180 millones. Y agrega que no les queda más que exigir. “No solo afecta a los gobiernos provinciales, este es un tema de carácter nacional”.
El pasado 17 de febrero, el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot dijo que las deudas a los gobiernos seccionales de los tres últimos meses suman USD 813 millones. A su ciudad le deben USD 71 millones.
Cerca de un 38% de las rentas de Guayaquil es recaudado a través del Gobierno. El resto es generación propia. “Nos permite, pese a lo que ocurre, seguir pagando sueldos, contratistas y mantener nuestros programas”, dijo Nebot. Pero no descartó ciertas medidas en el Municipio. “Se ha hecho un ajuste al sueldo del personal municipal de 3,80%”.
En la Prefectura del Guayas, la contratación de obras sin el pago de anticipos y la priorización del uso de maquinaria propia son las acciones asumidas para enfrentar el atraso. “Tenemos USD 33 millones por cobrar, pero ya está por vencerse febrero, a lo que habría que agregar USD 14 millones más”, señaló el prefecto Jimmy Jairala.
Por su parte, la Prefectura de Zamora Chinchipe no renovó los contratos de 30 empleados. A esta entidad le adeudan USD 4,2 millones por diciembre y enero. Si se agrega la devolución del IVA, la Ley 010 y recursos por la transferencia para el riego y drenaje el monto asciende a USD 9,3 millones.
En esta localidad también se cerraron 10 guarderías infantiles. Y pese a que hay convenios firmados, tampoco funcionan los centros de atención para las personas de la tercera edad.
Para el prefecto Salvador Quishpe, la situación es crítica porque el Gobierno redujo el presupuesto, hay deuda. “Pero también nos han incrementado en más del doble los costos del galón diésel y del asfalto, básicos para obras viales”.
El cantón lojano de Saraguro también eliminó de su nómina a 25 empleados. Según su alcalde Abel Sarango, no se contrataron varias obras para tener liquidez y garantizar el pago de sueldos al personal. También suspendieron ocho proyectos de riego y la ampliación del sistema de agua potable.
El Municipio de Cuenca y la Prefectura de Azuay también redujeron personal y gastos administrativos. La deuda al Cabildo es de USD 14 millones y al Gobierno Provincial suma USD 9,4 millones.
El recorte presupuestario también afectó a los municipios de Ambato, Latacunga y a la Prefectura de Tungurahua. Al menos USD 31 millones (en total) dejarán de percibir las tres entidades en este año. El Gobierno les debe las transferencias de diciembre del 2015 y de enero del presente año.
En la Sierra centro también se reducen gastos, como un 80% menos en la promoción de las ferias de turismo.
Los municipios grandes y medianos han enfrentado los retrasos, no así los pequeños, según Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra y presidente de la AME Imbabura. Su administración prestó hace dos meses un recolector de basura al Municipio de Mira (Carchi).
En ese cantón las asignaciones del Gobierno representan casi el 90% de los USD 3 millones del presupuesto anual, por lo que aún no se paga el salario de enero a los cerca de 120 funcionarios del Cabildo.
Este problema se arrastra desde el año anterior. Walter Villegas, alcalde de Mira, explica que desde marzo del 2015 se sintió el problema, pero se agudizó desde octubre. Incluso, a finales del año pasado los empleados protagonizaron marchas exigiendo el pago de sueldos atrasados.
Mira arrastra una cartera vencida de 12 años, lo que significa unos USD 500 000.
En Ibarra también se siente la falta de USD 3 millones de las asignaciones del Gobierno. En Otavalo hay proyectos aplazados como el Plan de alcantarillado, según César Pinto, director financiero.
Los siete municipios y la Prefectura de Esmeraldas también están tomando medidas, como limitar la contratación de obras y no renovar los contratos de personal.
La Prefectura de Esmeraldas puso en marcha un plan que implica priorizar el pago de sueldos a cerca de 500 trabajadores y personal administrativo, con recursos del año pasado.
Mientas que según la Dirección Financiera del Municipio de Santo Domingo, los haberes de una parte de diciembre del 2015 y todo enero están pendientes. De los USD 4,16 millones que debían llegar en diciembre apenas se depositó el 20% (USD 830 000).
El director de ese departamento, Juan Carlos Valencia, señala que los retrasos vienen desde agosto del 2015 cuando las asignaciones se consignaban en tres y cuatro partes.
En contexto
El Gobierno central no ha podido cumplir con las asignaciones presupuestarias, debido a que no tiene dinero, por la caída del precio del barril de petróleo. El Estado no solo debe a los municipios y las prefecturas, si no también otros acreedores.
