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Alcaldes y Prefecto de El Oro marcharon por deudas y recorte de asignaciones del Gobierno Nacional

El prefecto de El Oro, Clemente Bravo, encabezó una marcha y plantón en Machala por la falta de pago del Gobierno Nacional. Foto: Cortesía Prefectura

El prefecto de El Oro, Clemente Bravo, encabezó una marcha y plantón en Machala por la falta de pago del Gobierno Nacional. Foto: Cortesía Prefectura

El prefecto de El Oro, Clemente Bravo, encabezó una marcha y plantón en Machala por la falta de pago del Gobierno Nacional. Foto: Cortesía Prefectura

A la voz de “la plata es del pueblo, no más recortes”, presidentes de juntas parroquiales, alcaldes y el prefecto de la provincia de El Oro marcharon este miércoles 16 de diciembre de 2020 hasta los bajos de la Gobernación, en Machala, para expresar su rechazo ante recortes de asignaciones e incumplimientos en los pagos adeudados por el Ministerio de Finanzas.

“A la Prefectura de El Oro le adeudan treinta millones. Nos recortan un millón mensual y encima nos deben recursos desde agosto”, detalló el prefecto Clemente Bravo, quien explicó que los gobiernos seccionales no han podido cancelar sueldos y pagos a proveedores. La situación además entorpece la ejecución de obras.

El Prefecto calificó a los recortes presupuestarios como ilegítimos, ya que explicó que la Ley de Finanzas solo contempla reducir el 5 % de presupuesto, luego de haberse aprobado una reforma que haya sido conocida y aprobada por la Asamblea Nacional.

En la manifestación participaron entre otras autoridades como Pedro Aragundi, presidente de los gobiernos parroquiales de El Oro; Edwin Rengel, alcalde de Arenillas, y Bismark Ruilova, alcalde de Atahualpa y presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), núcleo de El Oro.

Los representantes de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) se reunieron luego de un plantón con el Gobernador de El Oro, a quien le expusieron sus necesidades y pedidos.

“Debemos salarios y no podemos cumplir con la gente. Estamos atados de manos y tenemos obras retrasadas. Si el gobierno no cumple con las asignaciones, nosotros tampoco vamos a poder cumplir”, dijo Ruilova.

Las medidas de hecho se replicaron en diferentes provincias del país como una acción de presión de carácter progresivo, “hasta que el gobierno central cumpla con el desembolso de las asignaciones atrasadas”.

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