El Comité de Operaciones Emergentes de Azuay (COE) declaró desde ayer la emergencia para la zona 1 de La Josefina. La causa fue el riesgo que representa la extracción minera en este sector.
Los cerros Tamuga, Misquillacu y Shishio conforman esa zona. Los informes del Consejo de Gestión de Aguas de la cuenca del río Paute (CG Paute) y de la Dirección Regional del Ministerio de Recursos no Renovables pesaron en esta determinación.En los documentos se recomienda la suspensión inmediata de la extracción y el monitoreo de los tres cerros. Según el gobernador del Azuay y presidente del COE, Leonardo Berrezueta, acudirán a la Fuerza Pública para respaldar estos pedidos.
Ayer, pese a que en la Gobernación del Azuay se declaró la emergencia, las actividades mineras seguían en la zona 1 de La Josefina. En este sector, 20 millones de metros cúbicos de tierra del cerro Tamuga se cayeron y represaron los ríos Paute y Jadán. Eso ocurrió el 29 de marzo de 1993.
35 personas fallecieron y 6 420 fueron afectadas de forma directa. 716 viviendas, dos canales de riego, ocho puentes, 40 kilómetros de vías y 1 800 hectáreas agrícolas fueron destruidas.
Pese a las posteriores intervenciones controladas del Tamuga, por parte de entidades públicas, no hay una estabilización total del cerro ni de las áreas aledañas como Misquillacu y Shishio. La hipótesis es que la falla geológica mantiene en riesgo patente a la zona.
La intención del COE es lograr que el presidente, Rafael Correa, declare el estado de excepción en el lugar para que las actividades mineras se suspendan.
Según el director del CG Paute, Carlos Fernández, la zona es de alta vulnerabilidad, porque está sobre una falla geológica. Por eso, “está expresamente prohibido desarrollar la minería”. Pese a ello, la actividad no se detiene.
Fernández asegura que la extracción se realiza los fines de semana, feriados o en las noches. Ahora solicita el apoyo de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
El CG Paute también recomienda que se establezcan las sanciones a los infractores para parar la actividad, así como la remediación ambiental de la zona.
El prefecto (e) del Azuay, David Acurio, cree que esta declaratoria debe acelerar la aprobación de un reglamento especial para el manejo de La Josefina. Ese documento está previsto en la transitoria 8 de la Ley de Minería.
Para el presidente de la Cámara de la Minería del Azuay, Patricio Vargas, no es necesario que se retire por completo la actividad de la zona. Lo que se debe hacer, dice, es aprobar el reglamento.
También pide la estabilización del cerro Tamuga, con un plan que permita aprovechar los 400 000 metros cúbicos de material que están en riesgo de caerse y que podrían servir para la construcción.