Los habitantes de los sectores más populares de Guayaquil se beneficiarán de la nueva tarifa social de USD 0,10 por cada metro cúbico (m³) de consumo de agua potable.
La tarifa es parte de las 17 recomendaciones que hizo la Contraloría General del Estado a las empresas que tienen la concesión del servicio. Esto se hace en cumplimiento a la transitoria vigésimo sexta de la Constitución.Andrés Mendoza, presidente de Ecapag, dijo que la tarifa fue sugerida por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), luego de un estudio solicitado mediante Decreto Ejecutivo.
La tarifa popular que tenía Ecapag era de USD 0,27 para quienes consumían de 0 a 15 m³ y de USD 0,37, para los de 16 a 30 m³. La nueva tarifa es para quienes consuman de 0 a 30 m³.
Pero ahora existen condiciones: que las viviendas tengan 36 m² de construcción y que el sector no cuente con alcantarillado ni vías pavimentadas.
Los barrios en donde se aplicará esta tarifa, que beneficiará a unos 25 000 domicilios, son el Guasmo, Suburbio, Isla Trinitaria, Bastión Popular, las cooperativas del norte, entre otros.
La renegociación entre Ecapag e Interagua se firmó la semana anterior. El pasado lunes, el ministro de Vivienda, Walter Solís, junto a directivos de ambas empresas, suscribió la modificación del contrato de concesión. Hay un plazo de un año para que se cumplan las recomendaciones.
Además, se bajó de USD 1,20 a 0,60 el cargo fijo de mantenimiento. Se varió el régimen de sanciones. Si Interagua no cumple en el quinquenio con inversiones por USD 90 millones, será multada con el 10% de ese valor.
Mendoza explicó que pese a que se aprobó un alza de la tarifa, con base en un recálculo (de USD 0,53 a 0,59), el Directorio de Ecapag resolvió mantenerla congelada hasta agosto del 2011, al término del segundo quinquenio.
También se aprobó el incremento en las inversiones en el tratamiento de aguas servidas. En el próximo quinquenio se destinarán USD 122 millones.
Con base en dichas recomendaciones, se retiraron del proyecto de la Ley de Aguas los artículos que se contraponían con la transitoria 26ª. La renegociación se dio en medio de protestas, en varias partes del país, en contra de ‘la privatización del agua’.
En declaraciones a radio CRE, el alcalde Jaime Nebot dijo que la concesión del servicio no es una privatización. “Las concesiones son muy convenientes y absolutamente constitucionales. El recurso sigue en manos del Estado. El concesionario cumple con deberes de servicio e inversión”.